Intocables que no lo son tanto

Al final, parece que pueden más los intereses económicos que los principios. Habían dicho y repetido que la separación de los alumnos por sexo no obedecía a ningún dogma ideológico ni misógino, sino al deseo de favorecer a los alumnos convencidos, decían, de que la educación diferenciada permite a niños y niñas obtener los mejores rendimientos porque son diferentes, crecen de forma diferente y separándolos se atiende mejor a la especificidad de cada género. Pero una vez tomada la decisión política de retirarles el concierto por esa segregación, la discusión pedagógica ha durado poco. Parece que la bondad del método decae cuando se queda sin subvención. Pero más allá de la contingencia de ciertos argumentos oportunistas, la renuncia de 11 colegios agrupados en la Institución Familiar de Educación, próxima al Opus Dei, a seguir segregando por sexos para poder seguir recibiendo subvenciones públicas demuestra hasta qué punto el inmovilismo de determinadas posiciones se nutre del miedo de los políticos al conflicto. Del tabú de que si se tocan determinados intereses se armará la de Dios.

La Iglesia católica es seguramente la institución más beneficiada por ese miedo inducido que su jerarquía cultiva con maestría porque avivándolo tiene ya media batalla ganada. Pasó con la eutanasia. Hacía décadas que las encuestas mostraban que la opinión pública era mayoritariamente favorable a su regulación. Pero sucesivos gobiernos progresistas renunciaron a hacerlo por miedo a la reacción que pudiera suscitar. Y mientras tanto, muchas personas tuvieron que prolongar una vida de sufrimiento que no deseaban. Ocurrió lo mismo con la modificación de la ley del aborto para implantar el sistema de plazos y acabar con el de supuestos, que tutelaba la vida de las mujeres y sometía a las que abortaban y a los médicos a la espada de Damocles de la inseguridad jurídica.

El primer intento se remonta a 2004, con el gobierno de Pasqual Maragall, cuando el consejero Josep Bargallò (ERC) anunció su intención de retirar el concierto a los colegios que segregaban, que entonces eran 25 y tenían 18.000 alumnos. No prosperó, ni entonces ni después, a pesar de que la Ley de Educación de Catalunya disponía que los centros que prestan servicios de educación deben hacerlo “cumpliendo el principio de coeducación por medio de escolarización mixta, que ha de ser objeto de atención preferente”. En febrero de 2014 la consejera Irene Rigau renovó el concierto que tenían 15 centros que practicaban la separación y que recibían 30 millones cada año del erario público. De vuelta al gobierno, el consejero Josep Bargalló anunció de nuevo en mayo de 2020 que retiraría la subvención a los colegios que separaran por sexo.

La medida cuenta ahora con el paraguas jurídico de la nueva ley de Educación, la Lomloe. Y 11 colegios que aún segregan por sexo a sus más de 9.000 alumnos de primaria y secundaria, han comunicado que prefieren mantener la subvención y renunciar a la segregación. Lo que demuestra que algunas cosas que parecen intocables no lo son tanto. Solo es cuestión de valentía política. Ahora, habrá que vigilar que lo hagan.