El PP se suma a los comunes y pide la comparecencia de Vergés por el contrato con Ferrovial

El Partido Popular se ha sumado a los comunes y ha registrado en el Parlament la solicitud de comparecencia de Alba Vergés, consejera de Sanidad, tras la concesión a dedo a la empresa Ferrosal, filial de Ferrovial, un contrato de 17,6 millones de euros para realizar un mapeo sobre los casos de coronavirus. El contrato ha abierto otro episodio de tensión entre los socios del Govern y ERC quiere revertirlo. La consejera ha reconoció este martes que la rescisión puede comportar una penalización. El vicepresidente Pere Aragonès no lo ha aclarado y se ha limitado a decir que dependerá de “las figuras jurídicas” que se utilicen.

Santi Rodríguez, el portavoz popular, solicita de comparecencia de Vergés en la comisión de Salud del Parlament para que dé explicaciones y ha reclamado al presidente del Parlament, Roger Torrent, una copia del expediente de contrato. En un apunte en la red, el popular agrega que quiere saber si la concesión tiene relación con la dimisión de Joan Guix como secretario de Salud Pública, y la que existe entre la dirección de Esquerra y el gerente de la empresa. Guix dejó su cargo a final de mayo y alegó razones de salud, aunque sigue presidiendo la Corporación Sanitaria del Maresme y la Selva.

Vergés ha justificado esta mañana la adjudicación del servicio sin concurso, legal durante el Estado de Alarma, para no comprometer las prestaciones sanitarias si se producía un nuevo pico de la pandemia. El plan perseguía reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica y para ello ya se había empezado a contratar a un centenar de profesionales sanitarios a los que debían sumarse 200 empleados en una central de llamadas telefónicas.

Durante una entrevista en TV3, Vergés ha reconocido que el contrato se podía replantear al constatar la “inquietud y malestar” entre los profesionales. Pero tras el Consell Executiu, Aragonès ha sido más contundente y ha aclarado que ERC ya ha decidido dar marcha atrás tras escuchar al sector evitando así polemizar con el president Quim Torra cuyo entorno deslizó el lunes que fue él quien pidió revertir la concesión.

La consejera ha admitido la “inquietud” y “malestar” que ha causado en algunos sectores la concesión

Carlos Carrizosa, líder de la oposición, ha calificado el contrato de “opaco” y tildado de “chapuza” que se tenga ahora que indemnizar a la empresa. Jessica Albiach, líder de los comunes, anunció este lunes que pedirían la comparecencia de la consejera y alegó que no alcanzaban a comprender esa externalización como tampoco que se hayan pagado 43.000 euros por cada paciente derivado a las UCIs de clínicas privadas. “No lo entendemos pero tampoco en el Colegio de Médicos, la Asociación Catalana de medicina de familia o desde el sindicato de enfermería”, dijo señalando que ese contrato rompía los consensos y solo debilitan la sanidad pública. El PSC reclama por su parte la comparecencia de Antoni Encinas, gerente del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).