Uno de cada cuatro andaluces se encuentra en exclusión social, según el último informe de Cáritas

Pese a los datos favorables de empleo y a la disminución en tres puntos en las tasas de pobreza, Andalucía sigue situándose entre las comunidades con mayor número de personas en riesgo de exclusión, según el último informe Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía que Cáritas presentó este martes en Sevilla. Dos millones de andaluces, uno de cada cuatro, viven en exclusión social y 400.000 hogares, tras pagar vivienda y suministros, quedan por debajo del umbral de pobreza severa. “Estamos construyendo una sociedad desigual, vamos a encontrar hoy un informe en el que la exclusión social desgraciadamente se va consolidando como elemento de esta grave estructura”, describe la situación Daniel Rodríguez de Blas, miembro del Comité técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del estudio.

El informe muestra las necesidades sociales y de integración que afectan esos casi dos millones de personas en España y destaca dos elementos como los principales causantes de esta brecha social: vivienda y empleo.

La dificultad para adquirir una vivienda o incluso alquilar una de forma individual es un problema generalizado y muy presente sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero que afecta directamente a la vida digna y a la estabilidad cotidiana de las personas. Para Rodríguez de Blas esta carencia constituye el “epicentro de la desigualdad en Andalucía”. El autor de estudio recalcó además cómo esta comunidad es una gran afectada por el aumento de los precios tanto de compra como de alquiler con una evolución “completamente desconectada de la condición de los salarios”.

El informe de Cáritas desmitifica el perfil de las personas en situación de pobreza extrema como aisladas y desconectadas del ámbito laboral. “Frente a los discursos que explican la pobreza y la exclusión desde la pasividad individual, los datos muestran una realidad muy distinta. Las personas y los hogares en situación de exclusión no permanecen al margen. La mayoría trabaja o busca empleo, se forma, activa redes familiares y comunitarias y participa en itinerarios de inclusión”, explicó Rodríguez de Blas.

El coordinador del estudio señaló que, aunque se ha experimentado una mejora en el empleo entre 2018 y 2024, con una reducción del paro en Andalucía de siete puntos, la tasa de desempleo en esta comunidad es la mayor de todo el país. También llamó la atención sobre que “una parte muy relevante del crecimiento del empleo en Andalucía se apoya en la población de origen migrante”, con un crecimiento en España del 40% de personas nacidas en el extranjero, frente a un 10% de las personas nacidas en el país. “Por tanto, la población migrante es un pilar clave del funcionamiento del mercado de trabajo en Andalucía y de su crecimiento económico”, concluyó Rodríguez de Blas.

Los ponentes declararon que la raíz del problema del empleo que impide el mantenimiento de una vivienda es que, pese al aumento de los salarios, su impacto real ha sido limitado. “El crecimiento salarial apenas ha compensado la inflación y el salario medio en Andalucía sigue siendo claramente inferior a la del Estado”. El informe muestra que una parte relevante de las personas ocupadas trabaja a tiempo parcial de manera involuntaria o encadena contratos, empresas o periodos de desempleo a lo largo del año, por lo que tener un trabajo deja de ser un seguro ante la exclusión social. Una espiral que provoca que, en Andalucía, más de uno de cada 10 hogares tengan como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave. Y esta brecha se agudiza aún más en los hogares encabezados por mujeres.

Sumado a la inestabilidad laboral y los gastos de vivienda, el informe concluye que más de 1,3 millones de andaluces tienen dificultades económicas para acceder a tratamientos médicos y comprar medicamentos. Rodríguez de Blas señaló al problema estructural de la sanidad andaluza que se vio afectada por la pandemia y que agravó la exclusión en el plano de la salud. Un deterioro que “lejos de revertirse, se ha cronificado” y al que se suma “un elemento especialmente preocupante, la erosión de la equidad en el acceso a la sanidad” en tratamientos no cubiertos por la Seguridad Social como la “atención odontológica, prótesis dentales o terapias psicológicas”.