Moreno da vía libre a la ley de vivienda andaluza como contrapunto al “intervencionismo” de la norma estatal

A menos de un año para que termine su mandato, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, apura los plazos para poder presentar en la campaña electoral una de las leyes con las que pretende definir su legislatura, la de vivienda, una norma que define como un contrapunto al “intervencionismo” de la ley estatal y como la solución para resolver un problema que, en la comunidad con menor renta per cápita por habitante, se ha agravado en los últimos meses hasta convertir a esta comunidad en el territorio en el que más han crecido el precio de los pisos de todo el país. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que pretende resolver esta situación, que será tramitado de urgencia en el Parlamento, reduciendo así los tiempos para su aprobación definitiva, y que fía en el incremento de la oferta la respuesta a la crisis de vivienda.

Frente a la estrategia del Ministerio de Vivienda de establecer zonas tensionadas y e imponer límites en los precios del alquiler, el modelo que propone el presidente de la Junta, en la línea con el ideario del PP, establece como prioridad la generación de oferta de vivienda. “El intervencionismo no ha funcionado”, afirmó este martes Moreno en una presentación anticipada de la nueva norma en la que estuvo acompañado de la patronal del sector de la construcción, Fadeco, promotores, colegios profesionales, la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), representantes de UGT y CC OO y de la asociación juvenil, Lideremos.

El proyecto de ley apuesta por la creación de más vivienda, reduciendo los trámites burocráticos para su construcción, ampliando la disponibilidad de suelo público, permitiendo el aprovechamiento de superficies destinadas a oficinas o usos turísticos para la construcción de viviendas protegidas, e impulsando la colaboración público-privada. “La ley parte de un análisis equivocado del problema de la vivienda porque parte de la premisa de que si se construye más, van a bajar los precios, pero eso no ha pasado en los últimos 50 años”, cuestiona Ibán Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla, especializado en vivienda.

Los sindicatos, presentes en el acto en el que Moreno oficializó su receta para atajar la crisis de la vivienda, también cuestionan la premisa fundamental sobre la que pivota esta norma, que el incremento de la oferta garantizará el acceso a la vivienda. “Eso no significa que vayan a bajar los precios”, advierte Maribel Román, desde UGT, que llama la atención sobre el bajo poder adquisitivo de las familias andaluzas, lo que agrava su capacidad de acceder a un piso. La propia Consejería de Fomento es renuente a cuantificar cuánto podría bajar el precio de los pisos en el mercado una vez que se aplique la ley. “No se ha querido hablar de la limitación de los precios al alquiler en zonas tensionada. Lo que realmente viene a facilitar esta norma es la entrada de promotores de construcciones privadas, pero no está pensada para las personas, no hay un compromiso para ayudarlas a la compra o al alquiler”, abunda Elisabeth García, de CC OO.

“Todas las comunidades están caminando por la senda de sacar el máximo de viviendas posibles”, apunta José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la US y miembro del Consejo de la Competencia de Andalucía que remitió alegaciones al anteproyecto de ley, En sus recomendaciones saludaban la rebaja de las restricciones burocráticas y administrativas para fomentar la construcción de vivienda. El proyecto de ley plantea sustituir las autorizaciones previas por una declaración responsable y que sean las entidades certificadoras -colegios profesionales y empresas privadas- las que garanticen la viabilidad de esa declaración responsable.

1,3 millones de metros cuadrados de suelo liberados

El proyecto de ley aprobado este miércoles es, sin embargo, una continuación del decreto ley que el Gobierno de Moreno aprobó el pasado mes de marzo para acelerar la puesta en marcha de alguna de las medidas de la norma en materia de construcción de vivienda protegida. Ese decreto, que se presentó como una suerte de plan de choque, facilitaba los cambios de suelo -todos salvo los destinados a zonas verdes o equipación escolar- para hacer hasta 20.000 VPO en los próximos cinco años y revisaba al alza los módulos que establecen los precios de vivienda protegida recogidos en el Plan de Vivienda de Andalucía.

En los meses en los que estas medidas han estado vigentes se han adherido al cambio de suelo 49 ayuntamientos, todos los de las capitales de provincia y la mayoría de los municipios de más de 100.000 habitantes -un global de cuatro millones de personas-, liberando un total de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo. “Para hacer 40.000 viviendas”, ha informado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Esta iniciativa ha sido criticada por los expertos porque, con la actualización de los precios de los módulos, ha permitido sacar al mercado vivienda de protección oficial por 300.000 euros. “Con esta iniciativa lo que se favorece es a los promotores y a la especulación que no va a modificar la dinámica actual de los mercados”, sostiene Ibán Díaz.

En este sentido se cuestiona también que no se blinde a las VPO en la ley. “Es una oportunidad perdida”, se lamenta Román. El proyecto de ley sí garantiza la protección indefinida de la vivienda pública, pero, tal y como ha afirmado la consejera de Fomento, en el caso de la protegida, tanto en lo que se refiere a los plazos para su desregulación, como en el tope máximo de su precio, se remite al Plan Andaluz de Vivienda, que establece plazos y precios distintos en función del modelo de protección, especial, general y limitada, que oscilan entre los 15 años, 10 años y siete años. “Si después se pueden sacar al mercado, no se está garantizando que se vaya a dar una solución a las personas que realmente necesitan acceder a una vivienda. Hay una falta de oferta de viviendas de precios bajos”, subraya García.

La Junta de Andalucía mostró desde su aprobación su oposición frontal a la ley de vivienda estatal, que recurrió al Tribunal Constitucional. En este tiempo Andalucía se ha convertido en la comunidad donde más ha crecido el precio de la vivienda, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. En el primer trimestre de 2025 los pisos fueron un 14% más caros que un año antes, dos puntos por encima de la media anual, 12,2%. En cuanto a los pisos de alquiler, Andalucía alcanzó su máximo autonómico, con 11,63 euros el metro cuadrado, el pasado mes de mayo, según un estudio de Fotocasa. “No se sabe qué hubiera pasado si se hubieran aplicado las medidas de tope del alquiler o de zonas tensionadas que establece la ley nacional”, apunta Román que recuerda que en esta comunidad la crisis de la vivienda se agrava con la proliferación de pisos turísticos y viviendas de temporada.

Aunque Moreno destacó este martes que en la redacción de la ley se habían tenido en cuenta los intereses de todos los sectores, la mayoría de los representantes de los distintos sectores que acudieron a la puesta de largo de la norma critican su alcance. La patronal reclamó que la liberación del suelo urbanizable para hacer VPO, se ampliara a los no calificados como no urbanizables, ampliar la simplificación administrativa y eliminar los registros de vivienda protegida. Los sindicatos reclamaron “seguir ampliando, rehabilitando y fortaleciendo el parque público de vivienda” y “blindar todas las construcciones en las que se invierta dinero público”, algo que no se ha tenido en cuenta, recuerda Román.

Tampoco parece que vaya a encontrar mucho más consenso en la tramitación parlamentaria, donde todos los partidos de izquierdas han mostrado su rechazo frontal a la ley, y solo parece que pueda haber un margen de negociación con Vox. Para evitar dilatar el debate y poder presentarse en la campaña con una norma que se pueda presentar como contrapunto a la ley de vivienda del Gobierno central y como solución a un problema, que se ha convertido en el tercero de los andaluces, según la encuesta del Centra, Moreno ha decidido que la aprobación de la ley se realice por la vía de urgencia. “Llagamos un año tarde”, reconoció el martes. Esto permitirá que esté aprobada para comienzos de 2026, cuando está previsto que se celebren las elecciones autonómicas.