Comienza la exhumación de 1.250 víctimas del franquismo enterrados en las fosas 548, 438 y 702 de Jaén

Cristóbal Valenzuela, secretario provincial del Partido Comunista en Jaén, fue ejecutado el 12 de julio de 1939 junto a su compañero de partido José Aroca Núñez; el 23 de agosto de ese mismo año, el socialista Alejandro Peris Caruana, secretario provincial del PSOE, corrió la misma suerte; y días más tarde le tocó el siniestro turno a José López Quero, un destacado sindicalista de UGT. Todos ellos tienen en común que sus restos están en la fosa común 548 del viejo cementerio de San Eufrasio de Jaén, donde esta semana, después de mucho tiempo de espera, se ha iniciado la exhumación de las 173 víctimas de la represión franquista que están documentadas en este lugar. Si no hay más contratiempos, después deberían proseguir los trabajos en las otras dos fosas, la 438 y la 702. En total, 1.250 víctimas cuyos familiares aguardan desde hace décadas una reparación, al menos parcial, de justicia y dignidad.

La fosa 548 acoge a los representantes sindicales, políticos e incluso periodísticos más destacados de la época que, según el historiador de la Universidad de Jaén, Salvador Cruz Artacho, “fueron ajusticiados y represaliados de manera sistemática en los primeros momentos de la instalación de la dictadura”.

El estado de terror franquista condujo a la desaparición de todo tipo de documentos que pudieran comprometer políticamente a personas y familias de izquierdas en los años posteriores a la Guerra Civil. “Se produjo un miedo vicario entre la población, registrándose un caudal de delaciones que a diario se registraban ante la autoridad contra personas que habían ostentado cargos políticos o cualquier clase de responsabilidad en la administración republicana, o simplemente por enemistad, para acceder a bienes propiedad de un encausado o para evitar hacer frente a préstamos pendientes con ellos”, explica el profesor José Montané, autor del audiovisual Las zanjas olvidadas.

Sirva como ejemplo la familia del diputado a Cortes y líder provincial socialista Alejandro Peris Caruana, fusilado en la madrugada del 23 de agosto de 1939. Su esposa Carmen, embarazada de su segundo hijo, Alejandro, que nacería dos meses después, no encontró modo alguno de ganarse la vida honradamente y sacar adelante a sus dos hijos, ni siquiera fregando escaleras, y acabaron exiliándose en Venezuela, donde pudieron rehacer sus vidas. “Nos quisieron matar de hambre”, comentó uno de los hijos de Peris en el documental.

No fueron los únicos políticos y socialistas que sufrieron el escarnio y el terror del régimen franquista. Dolores García-Negrete Ruiz, uno de los símbolos de la lucha republicana al frente de la Asociación de Mujeres Antifranquistas de Jaén, fue fusilada el 1 de marzo de 1940 en las tapias del cementerio de San Eufrasio, el mismo destino que tuvo el que fuera último alcalde republicano de Espejo (Córdoba), el socialista Florentino Santos.

El criminólogo y escritor jiennense Luis Miguel Sánchez Tostado, autor del libro La Guerra no acabó en el 39, sostiene que los reos de muerte aguardaban su final –lo que se llama “estar en capilla”– en la correspondiente prisión, un simple trámite de duración indeterminada donde esperaban el turno de la ejecución. A su juicio, antes del amanecer, el grupo era conducido al lugar de los fusilamientos en el cementerio donde parece darse por hecho, basándose en el testimonio de algunos testigos, que se les colocaba delante del muro de espaldas al pelotón de ejecución, aunque hubo quienes encararon puño en alto a los ejecutores, que habitualmente disparaban a la espalda y a la cabeza.

Por otro lado, en el trabajo documental de José Montané se indica que las autoridades franquistas llegaban a permitir en ocasiones la presencia e incluso la participación de familiares de víctimas derechistas en la ejecución de algún “rojo” al que consideraban responsable de alguna muerte. Uno de estos casos se dio el día 11 de julio de 1939, durante la ejecución del concejal comunista José Aroca Núñez, cuando se permitió que el hermano de un fusilado en las tapias del cementerio de Mancha Real el 3 de abril de 1937, tomara un fusil para “hacer justicia por su mano”. Aroca, que intentó sin éxito justificar su inocencia, estaba acusado de personarse armado en la prisión provincial para sacar a presos y ejecutarlos en represalia por las víctimas del bombardeo que Queipo de Llano ordenó el 1 de abril de 1937 sobre la ciudad de Jaén, uno de los pasajes más sangrientos de la Guerra Civil, con 156 muertos y centenares de heridos.

Una espera demasiado larga

“Se comenta que Franco llegó a decir que Jaén le quitaba el sueño, pero tal vez se lo quitaba el temor a un atentado cada vez que venía a cazar a Arroyovil con su consuegro, el conde de Argillo. Luis Marzal Albarrán, responsable de la 205 Comandancia rural de la Guardia Civil, que fue la mano dura que infligió considerables bajas a los grupos guerrilleros”, expone José Montané.

“Las familias han esperado demasiado tiempo a que se repare la dignidad de sus seres queridos”, apunta el presidente de la Asociación de Memoria Democrática de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, que lleva años luchando para hacer realidad la exhumación de las fosas comunes. Por su parte, el antropólogo Erik Borja Miranda, que coordina los trabajos en la fosa 548, ha explicado que primero se aborda la exhumación de los restos y después los estudios antropológicos y muestras genéticas, para lo que ya han sido avisados familiares de las víctimas para que se hagan las pruebas de ADN.

La actuación en el viejo cementerio de Jaén (que fue clausurado en el año 2003) cuenta con dos subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por importe de 357.273 euros. “Hay cientos de familiares esperando desde hace décadas poder enterrar a los suyos, que se les trate con el respeto debido y que se honre la memoria de quienes fueron ocultos en fosas comunes”, ha afirmado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha cifrado en 7,1 millones de euros las subvenciones del Ministerio concedidas en los últimos cinco años a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la Junta de Andalucía y a ayuntamientos. Estas cantidades han permitido desarrollar 276 actuaciones y la exhumación de 3.200 restos.

El delegado del Gobierno considera “deseable” que “todos aquellos que se autodenominan demócratas y sensibles al sufrimiento de los familiares destinen más recursos al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática”. A su juicio, la Junta de Andalucía (gobernada por el PP) ha dejado de ejecutar unos 5 millones de euros de primer plan de memoria, el segundo acumula un retraso de tres años, no se ha elaborado el censo de víctimas ni el banco de ADN y no se han inscrito los Lugares de Memoria Democrática decretados en 2012 dentro del inventario que establece la ley, entre otros incumplimientos.