El Gobierno subvencionará finalmente la gratuidad del transporte público para los andaluces menores de 14 años

El Gobierno central subvencionará finalmente la gratuidad del transporte público metropolitano para los andaluces menores de 14 años, después de que el pasado mes de abril, el titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, anunciara a través de un tuit que su departamento podría cancelar esa ayuda porque la consejera de Fomento omitió en el anuncio de esa iniciativa citar que esa bonificación la asumía el Estado central, un aviso que se confirmó un día después. Sin embargo, el Ejecutivo sí garantizará ese descuento, tal y como consta en la resolución provisional que este lunes ha hecho pública el ministerio y que, además de a la comunidad, incluye como beneficiarios a 21 municipios andaluces, entre ellos las ocho capitales de provincia.

La decisión adelantada por Puente de suspender esa bonificación a la Junta fue interpretada por el Gobierno del popular Juan Manuel Moreno como “una chulería” del ministro, que sirvió para incrementar la lista de debes de los agravios que el Ejecutivo autónomo lanza habitualmente contra el Gobierno central. Desde Transportes se explicó a la consejera de Fomento, Rocío Ruiz, que “la imposibilidad de conceder las ayudas” se debía al incumplimiento del real decreto que las regulaba, que exige la obligación de dar a conocer a los usuarios del servicio de transportes que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio. Un punto que entendían que había incumplido la propia consejera cuando, unos días antes, había anunciado la entrada en vigor de la gratuidad del transporte metropolitano para los menores de 14 años sin hacer ninguna mención al Gobierno central ni en sus declaraciones ni en la nota de prensa posterior.

Más allá del intercambio de declaraciones entre los distintos dirigentes de ambas administraciones -a las palabras de Moreno, Puente volvió a responder vía X con un “lejos de rectificar, amenaza”-, en juego estaba una medida de la que podrían beneficiarse 1,2 millones de andaluces -los potenciales beneficiarios, de acuerdo con los cálculos de la Junta- con un coste de 150.000 euros -también según sus estimaciones-. Finalmente, estos jóvenes sí podrán contar con esa bonificación, que forma parte de un paquete de 355 millones de euros habilitados por el Gobierno central para financiar la gratuidad del transporte público para los menores de 15 años, las rebajas de los abonos y de los títulos multiviaje para viajeros habituales.

“Aunque estamos a la espera de una resolución oficial, el ministro Óscar Puente parece que ha hecho caso a las reclamaciones de Andalucía. El tiempo finalmente nos ha dado la razón. Lo único que lamentamos es que el Gobierno de España haya tardado tanto en pronunciarse después de pretender retirar las ayudas que correspondían a los andaluces”, han indicado desde la Consejería de Fomento.

“De documentación que ha llegado, la Dirección General de Movilidad Sostenible habrá entendido que la Junta va a cumplir”, indican fuentes del ministerio, que evitan hablar de una marcha atrás. “Lo importante es que la ayuda va a llegar”, insisten. Ese va a cumplir pasa, precisamente, por el compromiso de que las comunidades autónomas y entidades locales beneficiarias hagan “llegar al usuario de los servicios de transporte información de que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes” y de que “todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa y fácilmente visible que reciben financiación” de ese mismo Departamento, justamente lo que, desde el Gobierno se insistió en que había incumplido la consejera.

La resolución que da vía libre a las ayudas para su implementación a partir del 1 de julio es todavía provisional. El Ejecutivo de Moreno estaba a la espera de esta decisión oficial para presentar un recurso, en el caso de que hubiera sido negativa. El presidente andaluz ya dejó claro que la Junta asumiría ese coste -algo que en un primer momento negó su portavoz, la consejera de Hacienda, Carolina España-, y que luego recurriría su abono en los tribunales. Finalmente, la polémica ha quedado en otro cruce más de declaraciones entre administraciones.