Andalucía carece de un diagnóstico y estadísticas oficiales en materia de alquiler, según la Cámara de Cuentas

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión de la primera tanda de ayudas para el Bono Alquiler Joven por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno se ha convertido de facto en una fiscalización de las políticas de vivienda de la Junta. Así queda de manifiesto en el análisis publicado este viernes en el que se concluye que “la planificación en materia de vivienda carece de diagnósticos y estadísticas oficiales sobre el contexto o realidad del alquiler y la población potencialmente objetivo de las ayudas”.

La Cámara de Cuentas pone el foco en el Plan Vive Andalucía 2020-2030, que concreta las políticas de vivienda y rehabilitación en la comunidad, y advierte de que su comisión de seguimiento se constituyó con más de dos años de retraso -cuando las reuniones deben tener una prioridad bianual-, no se han publicado los balances de ejecución de los años 2022 y 2023, tampoco se han revisado los objetivos del plan tras la aprobación del Bono Alquiler Joven, ni se ha desarrollado el Sistema de Información de la Vivienda de Andalucía, el instrumento del Gobierno autónomo para la planificación, priorización y evaluación de las acciones públicas destinadas a mejorar el parque residencial de Andalucía.

De hecho, buena parte de las recomendaciones que este órgano fiscalizador de extracción parlamentaria recoge en el informe están más relacionadas con la política de vivienda de la Junta que con la gestión del Bono Alquiler Joven en sí, cuya segunda convocatoria se puso en marcha sin el caos que rodeó a la primera, cuyo grado de ejecución, dos años después, estaba solo en el 51,3%, de acuerdo con el análisis de la Cámara de Comercio.

Desde esta entidad se insta al Gobierno de Moreno a la puesta en marcha del Sistema de Información de Vivienda para “mejorar la planificación, priorización y evaluación de las políticas de vivienda“ en la comunidad; a “impulsar la realización de estudios y estadísticas oficiales y periódicas que cuantifiquen o estimen el número de viviendas en alquiler en Andalucía, así como la población que, por edad, renta u otras circunstancias, pueda ser objetivo potencial de las intervenciones públicas en materia d alquiler de vivienda” para poder tener un buen diagnóstico del problema; o realizar un “adecuado diagnóstico previo de la población objetivo” para “dimensionar adecuadamente los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la ventanilla única”.

La vivienda se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la Junta de Andalucía que ha rechazado la ley de vivienda estatal y defiende las rebajas fiscales para la adquisición de vivienda y no el establecimiento de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler. Sin embargo, Andalucía es la comunidad de España donde más ha subido el precio de la vivienda, con incrementos propios de la burbuja inmobiliaria, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras está a la cola de la renta per cápita. Es, además, la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de emancipación, de acuerdo con los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España de 2023. Solo el 14,2% de los jóvenes andaluces pueden aspirar a independizarse de sus padres, un 2,8% por debajo de la media nacional. El hecho de que el paro en este segmento de población sea el más alto de España (30,6% de desempleo) y que el alquiler medio joven esté en 856 euros al mes, hace, como indica el informe, que sea “extremadamente difícil” para un joven de este territorio adquirir una vivienda.

Por eso el Bono Alquiler Joven se presentaba como una ayuda trascendental y por eso las solicitudes agotaron la oferta en menos de 24 horas en la segunda convocatoria. La primera fue mucho más caótica. Primero fue la demora en su puesta en marcha. Pese a que estas ayudas se aprobaron por el Gobierno central en enero de 2022, la Junta no las activó hasta noviembre de ese mismo año -la que más se demoró-. El sistema informático, creado expresamente para la tramitación del bono colapsó y dejó en un limbo a los 17.288 solicitantes que aspiraban a 250 euros mensuales de ayuda. Pero los problemas se sucedieron hasta el punto de que, de acuerdo con el informe de la Cámara de Cuentas a 31 de marzo de 2024, el límite del período de tiempo estudiado, solo se resolvieron el 51,3% de las solicitudes.

Más de año y medio para cobrar la ayuda

Muchos de los jóvenes solicitantes, ante la tardanza en ver no ya resueltas, sino reconocidas sus solicitudes, se vieron abocados a abandonar sus proyectos vitales y a regresar a casa de sus padres o postergar sus iniciativas laborales, por tener que destinar sus ahorros al pago de su arrendamiento. El plazo medio de resolución fue de casi un año (11,6 meses), cuando el plazo máximo era de seis meses y muchos de los pagos se han realizado un año y medio después del inicio del periodo de arrendamiento subvencionado, de acuerdo con el estudio.

Todo ese malestar se ha confirmado en el informe de la Cámara de Cuentas. A 31 de marzo del año pasado, el 23,2% de las solicitudes seguían en tramitación y el otro 25,5% no se habían iniciado por insuficiencia de crédito. A Andalucía se le asignaron 68,4 millones de euros para estas ayudas, de las que solo se había comprometido un 53,1% en esa fecha, por un 36% reconocido. El 55,2% de esa subvención fue a parar a mujeres y el 12,% a personas con discapacidad. El 70,2% se concedieron a familias monoparentales y el 57,1% a unidades con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Una de las principales causas a las que la Cámara de Comercio achaca la falta de agilidad y eficiencia en la tramitación de estas ayudas es a la aplicación informática creada expresamente para gestionar el Bono de Alquiler Joven -y por el que su puesta en marcha se retrasó casi un año-. “Se han observado disfunciones en el empleo de las citadas herramientas que han supuesto la paralización de ayudas o la realización de trámites de forma manual por otros medios con incremento de la carga administrativa”, indica el informe. Se desarrollaron hasta 33 versiones del sistema operativo que han supuesto un gasto de 1,62 millones de euros, el 4,4% del total de fondos destinados a este incentivo para el alquiler.

La Cámara de Cuentas también identifica en la ausencia de un estudio de la capacidad del personal para garantizar una gestión eficaz y eficiente de las solicitudes. “Para subsanar dicha carencia fue necesario recurrir a planes de choque y de contingencia para la cobertura de las necesidades de gestión”, indica el documento, que censura que el personal no hubiera contado con formación previa sobre el funcionamiento de la herramienta digital diseñada para hacerse cargo del Bono. De los 102 funcionarios de las Delegaciones Territoriales, el 75,5% no tenían experiencia previa en ayudas de alquiler, y solo el 20% tenía dedicación absoluta a esta tarea. Por ello, entre las recomendaciones, se recoge la necesidad de perfeccionar y optimizar los sistemas informáticos de gestión y revisar y adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los servicios de vivienda de la Consejería de Fomento, responsable del Bono Joven en la comunidad.

Desde la Junta insisten, sin embargo, como ya hicieron en plena polémica por el caos en las adjudicaciones, en que los problemas se deben a “la a la farragosa, enrevesada y compleja tramitación impuesta por el Gobierno de España”, pese a que en otras comunidades la ayuda llegó sin incidencias. “Las principales quejas del informe ahondan en las peticiones que hicimos al inicio de la convocatoria, donde las comunidades autónomas pedimos fondos para la contratación de personal y una aplicación informática única para la gestión del Bono. Ninguna de estas propuestas fue atendida por el Gobierno de España. Pese a ello, pusimos en marcha un plan de choque y ya hemos resuelto la primera convocatoria”, inciden las fuentes consultadas.