El rastro andaluz de los comisionistas del ‘caso Koldo’: El Puente del V Centenario ; la A-32 en Úbeda y la empresa de Baza que contrató a su mujer

Sevilla, Jaén y Granada son las tres provincias andaluzas que aparecen señaladas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas irregularidades en la contratación pública orquestadas por la trama formada por Koldo García, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La obra de ampliación del Puente del V Centenario en la capital andaluza, el desdoble de la N-IV, entre las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios, la N-322 en Úbeda, adjudicadas a Acciona, Levantina Ingeniería de Construcción (LIC) y a Obras Públicas y Regadíos (OPR), respectivamente, y la implicación de la empresa Áridos Anfersa de Baza en la contratación de la mujer del asesor vasco están bajo sospecha.

La ampliación del Puente del V Centenario es la mayor obra adjudicada en los últimos años por parte del Ministerio de Transportes a la ciudad de Sevilla y donde los indicios de cobro de comisiones ilegales y la implicación en su gestión por parte de Cerdán son más claras. En el auto de la Guardia Civil se explicita que “la construcción de tirantes” en ese puente “es otra de las obras que habrían generado un beneficio económico para Ábalos”.

Se trata de uno de los proyectos sobre el que el antiguo número 3 del PSOE mostró especial interés ya en noviembre de 2018, antes de que se conociera su licitación, tal y como recalcan los investigadores. El 15 de ese mes, Koldo respondía a la pregunta de Cerdán de si “todo iba bien”, indicándole que estaba “anunciando un puente nuevo. Que se va a hacer en Sevilla”. El 2 de abril de 2019, Cerdán le escribe al asesor vasco un escueto: “Cerrar Sevilla”, al que este contestaba: “Lo sé jefe. Vamos a eso ahora”, un apelativo que para la UCO es “sintomático” de la influencia del ex secretario de Organización de los socialistas. Dos días después vuelve a urgir a Koldo por esa licitación y éste le explica que todo está pendiente del subsecretario de Estado, que la Guardia Civil supone que es Pedro Saura. Cinco días más tarde, es Koldo quien traslada a Ábalos “la presión que estaba ejerciendo Santos” sobre la obra del Puente del V Centenario. “Tienes que hablar con él, está obsesionado con el puente de Sevilla”, le dice.

Esa ampliación finalmente se licitó a través de un procedimiento abierto y urgente en 2020 y fue adjudicada el 17 de mayo de 2021 por 71.404.645,30 euros a la UTE Acciona, Tecade y Freyssinet, aunque el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió el importe hasta los 102.829.873,28 euros. Esta obra, que sigue todavía en activo, es una de las que se incluyen en una conversación sobre el presunto cobro de mordidas que tuvo lugar entre Koldo y Cerdán el 2 de febrero de 2022, cuando Ábalos ya no estaba en el Ministerio. En la llamada hablaban del pago pendiente de 450.000 euros por tres obras en Logroño, Tarragona y Sevilla. “Yo les pedí a estos lo de Sevilla”, le dice Cerdán. “Pero es que primero tiene que serlo de Logroño y después lo de Barcelona”, le contesta Koldo. Un poco más adelante, el exdirigente socialista vuelve a aludir al supuesto pago por las obras de Sevilla. “550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito si no y te lo doy ¿vale?; y Koldo alude después a un 5% sobre el puente del V Centenario. De la conversación en la que parece que tratan de aclarar cuánto dinero deben percibir por las obras adjudicadas, el exasesor de Ábalos da a entender que por la de Sevilla deberían percibir una mordida de 100.000 euros.

Koldo también medió, de acuerdo con la UCO, en el desdoble de la N-IV que une los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Los Palacios, adjudicada en 2015 a la UTE formada por LIC y Acciona, cuyo modificado del contrato se aprobó en junio de 2019 por 4,5 millones de euros. Un mes después un directivo de LIC confirma a Koldo que el modificado había ido a la intervención “ Y sí está el dinero”. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2020, ese mismo directivo le remite otro WhatsApp a Koldo para quejarse de que no había podido cobrar el modificado responsabilizando a la subdirectora de Coordinación administrativa de la Dirección General de Carreteras. “Sé de tu apoyo tanto personal como a mi empresa”, le escribe. Otro ejemplo de esa intermediación se observa, de acuerdo con la Guardia Civil, en otro mensaje del 16 de febrero de 2021 en el que ese mismo directivo le pregunta a Koldo si ha podido hablar con el responsable de la Dirección General de Carreteras para desbloquear los pagos pendientes de ese desdoble. 15 días más tarde, el problema parecía solucionado “lo que demuestra que la intermediación de Koldo habría surtido efecto”, indica el informe.

Autovía entre Úbeda y Torreperogil

En diciembre de 2019 se puso en servicio, después de muchos años de retraso, el tramo de la autovía A-32 entre las localidades jiennenses de Úbeda y Torreperogil, un eje de 16 kilómetros que tuvo un coste de 84 millones de euros, incluidas las expropiaciones de centenares de olivos que tuvieron que ser talados. Ese tramo, uno más de la aún inconclusa autovía proyectada para conectar Jaén con el Levante español, aparece en el informe de la UCO sobre las presuntas mordidas de la trama Koldo. En concreto, se alude a las conversaciones mantenidas entre el propio Koldo con un responsable de la empresa Acciona y dos exaltos cargos del Ministerio para, supuestamente, agilizar el visto bueno a su modificación y adjudicación a la constructora OPR, en 2019.

La Guardia Civil encontró en uno de los dispositivos móviles de Koldo García una nota fechada el 29 de marzo de 2019 donde se decía: “Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR”. Y en el mes de agosto hay otra comunicación en la que Koldo le indica al empresario que tal modificado “ya está hecho”. También se incorpora un mensaje entre García y la Dirección General de Construcción ordenando que se liberase a OPR un pago de más de 1,9 millones de euros, bajo el texto “lo conseguimos. Para que veas lo complicado que es dar un paso en este trabajo”. La UCO no menciona directamente a Cerdán en el caso de la A-32.

Las tres localizaciones de Granada

La trama de estos presuntos comisionistas alcanza a la provincia de Granada, siempre según el informe de la UCO, en tres localizaciones: Baza, donde se sitúa el domicilio de Antonio Fernández Menéndez, Toño, apoderado de OPR, que auxilia por vía interpuesta a Koldo y su mujer cuando esta pierde el trabajo en el ministerio de Ábalos; el polígono industrial Juncaril, en el pueblo de Peligros, donde se sitúa la sede en Andalucía de OPR y Huétor Vega, actual lugar de residencia de Fernando Merino Vera, exresponsable en Navarra y La Rioja de Acciona Construcción y que recurría –y presuntamente pagaba– a Koldo en busca de adjudicaciones. Por otro lado, como ocurre habitualmente en circunstancias como estas, aparecen nexos familiares: Toño Fernández –y su hermano, que aparecerá más tarde– y Fernando Merino son cuñados.

Esos tres lugares fueron registrados por la Guardia Civil este martes pasado en busca, sobre todo de soportes informáticos y documentación que apoye los indicios previos de los agentes. Pero además de esos tres espacios y los nombres y empresas relacionadas con ellos, las escenas granadinas de esta obra incluyen otros actores con cierta relevancia.

Se trata de la empresa Áridos Anfersa S.L, que entra en esta trama como medio instrumental para hacer pagos que otros –OPR– no se atreven; Daniel Fernández, hermano de Toño, que intermedia entre Koldo y Anfersa. Finalmente, y como aparición relevante, Patricia Uriz, esposa de Koldo. Ella estuvo en nómina de Anfersa prácticamente un año. Curiosamente, entre los miles de indicios incluidos en el informe, de casi 500 páginas–, no aparece ninguno de que pisara Granada con fines profesionales o laborales. De hecho, la UCO especifica que la vigilancia sobre Patricia “sugiere que no habría desarrollado actividad laboral alguna, por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad de Polop de la Marina (Alicante)”.

Áridos Anfersa, según la Guardia Civil, pagó a Patricia 1.300 euros mensualmente desde agosto del 22 hasta junio del 23. El total alcanza los 13.796 euros. Esta empresa le dio de alta en la Seguridad Social (con un coste mensual de 613 euros). Este contrato tiene su origen en febrero de 2022 cuando Koldo empieza a tirar hilos para buscar trabajo a su mujer. En ese periodo, comenta a Cerdán que había solicitado ayuda a una empresa de construcción para que contratasen a su esposa, fastidiada porque había dejado de recibir dinero del Ministerio de Transportes, al abandonar Ábalos el mismo. El dimitido secretario de Organización del PSOE se ofrece a ayudarle, aunque finalmente, el informe no hace referencia a si intervino o no. Finalmente, Áridos Anfersa la contrata.

El vínculo es la empresa OPR, con la que Anfersa firma un tiempo antes una UTE para construir carreteras, entre ellas la Ronda Sur de Motril. La Guardia Civil ha encontrado mensajes entre Daniel, hermano de Toño, de OPR, y Koldo en el que este envía al granadino los datos y documentos necesarios para el alta en la Seguridad Social de su mujer. El informe de la UCO explica que “la contratación a través de esta sociedad habría desviado la atención principal sobre OPR, y la constitución de la UTE MOTRIL SUR habría podido facilitar que, eventualmente, se compensase la nómina de Patricia” a través de Anfersa. También añade que los pagos finalizaron en verano de 2023 pero no sabe en qué momento.

La otra pata de las escenas granadinas la protagoniza Fernando Agustín Merino Vera, quien en 2017 se identificaba como director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona Construcción. Desde 2007 hasta marzo de 2023, momento en el que fue cesado, figura oficialmente como apoderado de esta constructora. La Guardia Civil da por iniciadas conversaciones –y el consiguiente trapicheo– entre Merino y Koldo allá por 2015. En este momento, según una base de datos online sobre empresas, Merino está desvinculado de Acciona y aparece como administrador único de cuatro compañías, todas ellas relacionadas con la construcción.

El papel de Merino Vera en la trama, al que Koldo llamaba el cordobés, parece previa a su llegada a Granada -constituyó una empresa de construcción en Huétor Vega en 2020-. Según la UCO, ejercía una “posible influencia sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra publica” en favor de Acciona. En este caso, Granada solo juega el papel de lugar de residencia tardía y sede de las empresas actuales de quien en otros tiempos presuntamente pagaba al trío Koldo-Ábalos-Cerdán por conseguir obras.

Un último actor llamado a comparecer, aunque sin ningún papel en la obra, es Caja Rural de Granada. La Guardia Civil ha pedido al juez que le envíe un mandamiento pidiendo información sobre dos cuentas y cualquier producto financiero o bancario, informes internos, cajas de seguridad o cualquier dato sospechoso de blanqueo de sus titulares. También “en el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo”.