Las listas de espera para acceder a una residencia de mayores se estancan en Andalucía por la falta de plazas y de presupuesto

La atención a la dependencia en Andalucía, la comunidad donde para asignar una prestación se tarda una media de 587 días, es una de las preocupaciones sobre las que ha llamado la atención este jueves en el Parlamento autonómico el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, durante la presentación de su Informe anual. Esa gestión es también la que lastra el correcto funcionamiento de las residencias de mayores en este territorio donde las listas de espera no se reducen debido a la falta de plazas libres en esos centros y de suficiente dotación presupuestaria, de acuerdo con el informe de fiscalización de estos centros realizado por la Cámara de Cuentas entre 2021 y 2023.

“No se ha producido en el período 2021-2023 una reducción significativa de la lista de espera de plazas en el Servicio de Atención Residencial (SAR) y se identifica una elevada necesidad de plazas”, de indica en el informe del órgano fiscalizador aprobado el 15 de mayo. La Cámara de cuentas determina que los factores principales que determinan la existencia de esas listas de espera con “la falta de disponibilidad de plazas y la falta de disponibilidad de presupuesto”, una conclusión a la que llega a partir de los datos de personas que aguardaban a tener reconocido ese derecho y las plazas libres disponibles.

Así, en el caso de los mayores con grado II y III reconocido en la resolución de grado y pendientes de la propuesta PIA, entre cuyas prestaciones se encuentra la del servicio de atención residencial, la relación de plazas libres entre 2021 y 2023, pasó del 5,81% y 4,87% al 6,01%, respectivamente para atender a 18.619, 19.489 y 18.133 personas en cada uno de los años referidos. Un porcentaje que sube hasta el 25,94% en 2023 para el caso de los dependientes en lista de espera en sentido estricto, esto es, los que tienen reconocido el acceso a un centro de mayores, pero no se le ha concedido. Una cifra que también se considera “insuficiente”, de acuerdo con la Cámara de Cuentas.

La entidad también llama la atención sobre los “incumplimientos significativos en relación con los plazos establecidos para el reconocimiento al derecho de la dependencia y el servicio de atención residencial. El informe constata que en el 71,93% de los informes analizados “se producen demoras del equipo de valoración del grado de dependencia”; un porcentaje que aumenta hasta casi el 80% en cuanto al incumplimiento del plazo de resolución del grado y que alcanza el 65,56% en relación con el tiempo previsto para la incorporación a una residencia. La Cámara de Cuentas alerta también de que casi un 3% de los casos fiscalizados presentan una demora superior a cinco años, un retraso que la Junta achaca a la ausencia de modificación de la fecha de registro de la solicitud inicial; a la escasez de personal y cargas de trabajo; a las dificultades a la hora de localizar al beneficiario para su notificación; al decaimiento o desistimiento del derecho a la prestación o a la necesidad de una autorización judicial por incapacidad.

En Andalucía hay 14 residencias públicas que cuentan con 2.034 plazas para cuyo sostenimiento la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destinó 89,7 millones de euros, por los 280,70 millones que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) invierte en las 18.763 plazas ocupadas de los centros concertados, cuya coordinación le compete. La Cámara de Cuentas concluye que la gestión de los fondos públicos destinados a las residencias de mayores, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha establecido “indicadores de eficacia, eficiencia y economía”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en funciones desde el pasado mes de septiembre ante la falta de acuerdo entre PP y PSOE para nombrar a su sustituto, ha destacado el incremento de las quejas en materia de dependencia, de salud y de vivienda que, ha recalcado, afectan a la población más vulnerable. El Defensor ha hecho hincapié en la situación de las personas mayores que siguen esperando la ayuda por la dependencia con demoras de más de un año y las personas con discapacidad, que ven mermados sus derechos mientras no llega el reconocimiento del grado de discapacidad, en sintonía con las conclusiones de la Cámara de Cuentas.