El Defensor del Pueblo investigará el proyecto de ampliación del estadio del Real Betis, ante las quejas de los vecinos

El pasado viernes el estadio Benito Villamarín acogió su último partido de fútbol oficial antes de embarcarse en dos años de obras para la ampliación del campo del Real Betis Balompié, de acuerdo con un proyecto que también incluye una edificación en una parcela aledaña que multiplicará los usos deportivos y de recreo del complejo, en los que ya se ha dado autorización para desarrollar todo tipo de actividades de ocio como en el Santiago Bernabéu. Pero estos plazos y el propio diseño del plan de remodelación urbanística pueden verse alterados después de que la oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por Ángel Gabilondo, haya admitido a trámite la petición de amparo de las nueve asociaciones vecinales de la zona que llevan años alertando de los problemas de seguridad, movilidad y convivencia que arrastra esta iniciativa que califican de “pelotazo especulativo” por parte del Ayuntamiento de Sevilla y el club verdiblanco.

En la queja que cursaron el pasado mes de enero ante el Defensor del Pueblo, las entidades vecinales le pedían que exigiera a las administraciones públicas implicadas -Consistorio hispalense, Ministerio de Educación, FP y Deportes y Subdelegación del Gobierno- “cumplir con la legalidad, salvaguardar las condiciones de seguridad mínimas requeridas para la celebración de eventos deportivos y de otra índole de asistencia masiva, así como el derecho de los vecinos a disfrutar de un medio ambiente sostenible, de participar en el urbanismo que les afecta y de no conculcar el precepto constitucional de evitar la especulación urbanística que dañe el interés público”, que, de acuerdo con las asociaciones, “es el interés lucrativo privado” y “el poder omnímodo de un club de fútbol apoyado por una gran masa social que abre puertas y cierra bocas”.

El Defensor del Pueblo en un escrito fechado el pasado 20 de mayo comunicaba a las asociaciones demandantes que había “iniciado actuaciones con el Ayuntamiento de Sevilla” y que “se valorará” abrir nuevas vías de investigación con el resto de las administraciones citadas en la queja. “Siendo realistas nos encontramos con una apisonadora enfrente, pero vemos que el proyecto objetivamente tiene debilidades jurídicas y vamos a explorarlas y platear contenciosos en todas las vías posibles”, indica Antonio Fajardo, presidente de la Asociación de Vecinos Parque Vivo del Guadaíra y portavoz del resto de organizaciones vecinales que cuestionan la remodelación del estadio.

Los vecinos denuncian la falta de respuesta por parte de las administraciones públicas, en particular el Ayuntamiento, ante los escritos y peticiones que han ido presentando en los últimos meses advirtiendo de los problemas del proyecto. En marzo de 2024 plantearon alegaciones al Avance de Estudio de Ordenación del nuevo estadio Benito Villamarín al considerar que la edificación en una parcela aledaña de un complejo en el que se prevé la construcción de un hotel, aparcamientos subterráneos y otras actividades de carácter comercial, restauración y servicios de salud que aún no están definidas, eliminaría el escaso espacio libre en la zona y “complejizaría la movilidad del entorno del estadio, el manejo de los asistentes a los partidos y comprometería su seguridad”, describen al Defensor del Pueblo. Además, consideran que esa parcela -de titularidad municipal y cedida al Real Betis en 2003- es “manifiestamente pequeña para los usos allí instalados, como ha sido reconocido por técnicos y especialistas”. “La construcción de 32.000 m2 de usos terciarios tensionarían aún más un sector ya saturado, afectando gravemente ala calidad de vida y al paisaje urbano heredado de la Exposición Iberoamericana de 1929”, recuerdan las organizaciones.

Esta saturación en pleno entorno urbano y que obliga a cortar las calles los días de partido, se agravaría con la ampliación del campo y la construcción de los espacios de ocio en esa parcela aledaña, impidiendo que se garantice el perímetro de seguridad, conforme a las recomendaciones de la FIFA y el Convenio de Saint Denis del Consejo de Europa sobre la organización de acontecimientos deportivos seguros y protegidos, de aceurdo con otra de las observaciones que las asociaciones alegaron para pedir a las instituciones públicas que no concedieran al Real Betis la licencia de obras o la autorización para la celebración de eventos deportivos en el nuevo estadio, sin emitir antes una valoración previa y pública de que las nuevas instalaciones reunían los requisitos de seguridad.

Posteriormente, el 26 de julio de 2024 remitieron al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), otro escrito para que no autorizara la ocupación de la parcela en la que se pretenden edificar hasta 32.000 m2 de espacio de ocio “por suponer un riesgo para la convivencia y la calidad de vida de los barrios del sur de la ciudad”. Para justificar los riesgos sobre la seguridad, incluían el informe de la Oficina de la Candidatura Olímpica de Sevilla 2004 sobre el uso del Benito Villamarín, en el que se recomendaba limitar su aforo y dejar un óvalo libre con una extensión de, precisamente, 30.000m2. Las entidades requirieron al regidor el acceso a los expedientes de tramitación de obras en el Benito Villamarín, al convenio de 2003 entre el Ayuntamiento y el Real Betis en el que se cedía al club esa parcela de titularidad municipal y, como en el caso del Santiago Bernabéu, conocer si el Benito Villamarín cumple con lo previsto en la Ley de Espectáculos Públicos y que cuenta con las licencias de actividad.

Las asociaciones no han recibido respuesta en ninguno de los dos casos, salvo por parte de la Subdelegación del Gobierno que se prestó a brindar su asesoramiento si se lo requerían el Ayuntamiento y el Ministerio, algo que no ha pasado. En este tiempo, pese a las alegaciones presentadas, el proyecto del club ha ido saliendo adelante en el Consistorio. Por un lado, el pasado 20 de febrero, el pleno municipal -con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y la oposición de IU-Podemos- daba luz verde al cambio del PGOU necesario para que tanto el Real Betis, como el Sevilla Fútbol Club, ampliaran la actividad de sus estadios, como en el caso del Santiago Bernabéu.

También se resolvía el trámite de Evaluación Ambiental de la operación urbanística, sin respetar el plazo de alegaciones que se le concedió a Ecologistas en Acción, una denuncia que las asociaciones de vecinos también recogen en su escrito al Defensor del Pueblo para ilustrar “el trato a favor y connivencia de las administraciones con los intereses del club deportivo”.

Desde el club se han negado sistemáticamente las quejas de las organizaciones vecinales, tanto en lo que se refiere a la movilidad, para lo que esgrimen que el hotel que se pretende construir en esa parcela aledaña contará con plazas de aparcamientos y que se ha planteado con el Ayuntamiento reforzar las líneas de autobús o crear lanzaderas, como en cuestiones de seguridad. “Desde el club se asegura de manera tajante que se va a cumplir con toda la normativa e indicaciones relacionadas con la seguridad y los accesos necesarios para obtener la licencia”, sostienen fuentes del Real Betis.

Los pasos a seguir

“Los temas de seguridad son claves en este proyecto”, subraya Fajardo. “El subdelegado del Gobierno en un escrito que nos remitió nos dijo que cuando se conociera el proyecto y si se le requiere informe, informaría y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad saben perfectamente los problemas que hay en los partidos de fútbol y ya lo han denunciado alguna vez, que el entorno del estadio del Betis por su configuración de calles estrechas es un espacio delicado y complejo. Ahora se va a poner peor”, abunda.

Las organizaciones de vecinos están dispuestas a llegar hasta el final para preservar una calidad de vida que cada vez que hay un partido de fútbol o un concierto se ve alterada, no solo por el corte de las calles y por la aglomeración de vehículos que aparcan incluso sobre las aceras e invaden de coches los barrios aledaños, sino por la suciedad que acumulan en los parques de los alrededores, donde los aficionados quedan antes de los encuentros o de las actuaciones musicales y que impiden a los residentes disfrutar de esos lugares, tanto en esos momentos previos a esos eventos, como al día siguiente, cuando aún no se ha retirado la basura abandonada.

El próximo 5 de junio finaliza el plazo para presentar alegaciones para la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación -que ahora está aprobado de forma provisional-. Las agrupaciones de vecinos presentaron sus alegaciones este martes y Ecologistas en Acción las registrará en los próximos días. Después deberá otorgarse la licencia de obras, aunque se da por hecho que el Real Betis solicitará antes la licencia de demolición de la grada de preferencia, porque los plazos son muy ajustados, y más teniendo en cuenta que el estadio de la Cartuja, donde jugará la próxima temporada el Real Betis, tiene que prepararse para el Mundial 2030, donde será una de las sedes.

Los vecinos asumen que el club pueda acometer la ampliación del estadio, pero centran sus esfuerzos en paralizar la edificación del hotel y el espacio de ocio en la parcela aledaña, algo que permite el estudio de ordenación. “Son muy imprecisos en los usos que se va a dar a lo que se levante al lado, cuando la legislación es muy clara y exige una ordenación pormenorizada de los usos”, subraya Fajardo. De momento, el Defensor del Pueblo ya está investigando la tramitación.