Los olvidados contra el franquismo: “La desmemoria es la última traición que se nos puede hacer”

“Éramos la generación del relevo, no vivimos la guerra y en general tampoco veníamos de familias politizadas, pero nos tocó vivir en una España en la que todo era negro”. Así resume Antonio Naranjo, de 85 años, a los jóvenes que, una vez instalado el franquismo, optaron por rebelarse contra el silencio impuesto por el autoritarismo de la dictadura y unas leyes injustas y opresivas. Muchos de ellos acabaron juzgados y en las cárceles sentenciados por el Tribunal de Orden Público (TOP), cuyas condenas marcaron su devenir personal abocándolos, si no a prisión, a la clandestinidad o al exilio. 25 de ellos fueron homenajeados hace apenas un mes en Sevilla en un acto en el que, no solo se les hizo un reconocimiento y una reparación de su lucha por las libertades, sino que también puso el foco sobre esa generación opacada por la Transición y soslayada involuntariamente por el movimiento memorialista todavía ocupado, casi 90 años después, en recuperar cadáveres desaparecidos en las cunetas y en las fosas comunes tras el golpe de Estado frustrado.

“Nos constituimos en asociación precisamente para poder dignificar a las personas que luchamos durante la dictadura, porque la mayoría que existían se habían constituido y con razón para buscar cuerpos de fusilados y desaparecidos”, indica Naranjo, fundador de la asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, impulsora del homenaje que fue organizado por el Gobierno de España el pasado 4 de abril. Para Pilar Aguilar, escritora e investigadora de 78 años, la trascendencia del reconocimiento va mucho más allá: “A mí no me preocupa la reparación, me preocupa que nadie recuerde eso. Esto debe servir para reivindicar la historia y que se sepan las consecuencias de los actos que se perpetran. Necesitamos memoria y la necesitamos ya, porque la desmemoria es la última traición que se nos puede hacer”, demanda, en conversación telefónica desde Madrid, donde reside.

Una memoria que se forja a base de los recuerdos que ellos aún pueden transmitir. “Estamos vivos, nosotros hemos vivido muchas cosas y podemos contarlas, somos una generación que, sin pretenderlo, recogimos el testigo de la lucha por la defensa de las libertades y la democracia”, dice Naranjo. Una lucha que él empezó en las calles de Sevilla. “El 14 de abril colgábamos carteles reivindicando la República en el alumbrado de la luz por el barrio de San Julián, el más castigado tras la guerra”, cuenta. El TOP lo condenó a siete años de prisión por propaganda ilegal y asociación ilícita, de los que cumplió 22 meses de prisión preventiva. “Me encontraron libros de García Lorca, Alberti, Miguel Hernández, que venían de Argentina. Ya ves, pero era literatura prohibida entonces”, cuenta Naranjo, que entonces era dirigente del PCE. “Entré en el 17 de octubre del 73 y salí el 17 de octubre del 75”, recuerda.

A Naranjo lo defendió Cristina Almeida. Aguilar no pudo defenderse porque fue condenada en rebeldía. Cuando supo que la buscaban, los camaradas del Partido del Trabajo al que estaba afiliada le dieron a elegir entre la clandestinidad y el exilio. “Elegí exiliarme porque la clandestinidad suponía un aislamiento absoluto y atroz, era convertirse en un fantasma”, explica. Ella no tiene tan claras las fechas en el pasado, como Naranjo. Por ejemplo, no recuerda el año concreto en el que la detuvieron por segunda vez -en la primera, a finales de los 60, le salvó su “cara de cría”, como ella misma reconoce-. “Debía de ser a principios de los 70”, dice, cuando les encontraron en el piso que compartía con quien entonces era su novio el aparato para imprimir la propaganda. Ella estuvo en prisión “unos cinco o seis meses” -tampoco sabe precisar el tiempo-, hasta que salió tras pagar su fianza y quedar a la espera de juicio, aunque su pareja, con la que luego se casaría por poderes, estuvo cuatro años en la cárcel.

Ese verano fue a su pueblo, Siles (Jaén), a ver a sus padres y allí un vecino les advirtió de que la Guardia Civil se había pasado por el establecimiento que regentaba preguntando por ella. “Tenía fiebre y se me pasó al instante”, cuenta. Se refugió en casas de compañeros del partido en pueblos de la provincia de Cádiz y Sevilla, donde se quedó en el piso de dos chicas. Aguilar, sin embargo, sí tiene perfectamente claro el día en que partió para su exilio en Francia: “Fue cuando el golpe militar en Chile. Se me encogió el corazón porque pensé: ‘¿Cómo vamos a conseguir que esto se mueva, si donde parecía que iba todo bien, se trunca?“.

Un tercio de las condenas, en Andalucía

Finalmente, llegó a París donde, siembre bajo el paraguas de su partido, fue encontrando trabajos de au pair y luego en la biblioteca del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. Aguilar fue condenada en rebeldía por el TOP a un año de cárcel. Ella permaneció en la capital francesa hasta que regresó a España con la amnistía del 76. “Cuando llevas toda tu vida luchando por la democracia y llega, te vienes a seguir militando y a disfrutarla”, explica. Sin embargo, para partidos como el suyo, el devenir político posterior fue un desengaño y Aguilar decidió volver a Francia y no se instaló definitivamente en Madrid hasta los 90.

El TOP se constituyó en 1963 y se suprimió en 1977. En esos años tramitó 22.660 expedientes y dictó 3.798 sentencias. “De las condenas, 1.575 se dictaron por actos ocurridos en Andalucía, más de un tercio del total”, indica Naranjo, que, él sí, guarda constancia precisa de las cifras. “Sevilla fue donde más sentencias condenatorias se dictaron, 411, seguida de Málaga con 180”, continúa. Cuando Naranjo fundó la asociación, en 2004, los miembros sumaban todos juntos más de 300 años de condenas. La mayoría de las penas que se impusieron oscilaban entre los seis meses y los tres años de prisión y en muchos casos, como el de Aguilar, en rebeldía, un proceder duramente criticado entonces por los juristas de la época.

Entre los homenajeados de hace una semana no solo había militantes políticos o miembros de sindicatos. Como incide Naranjo “había trabajadores de todo tipo, ferroviarios, modistas, comerciantes…”. “En otras ocasiones también hemos homenajeado a los periodistas, a los médicos que atendían a nuestros familiares porque al entrar en las cárceles nos quedábamos sin Seguridad Social, a los abogados que nos defendían y se solidarizaban con nosotros… porque durante mucho tiempo estuvimos solos”, recalca.

“Muchos de los condenados han tenido muchos problemas psicológicos, porque después de estar en la cárcel por sus ideas no han encontrado un espacio político o social en el que seguir trabajando, más allá de cargar con una condena injusta y la pena es que muchos ya se están muriendo”, se lamenta Naranjo. “Nos jugamos la libertad y nuestro porvenir, pero, después de todo, lo hicimos porque queríamos, porque no nos gustaba la España cutre en la que vivíamos, y está bien que se nos reconozca, pero lo que necesitamos es que se reivindique la historia, porque una enajenación colectiva pone en peligro nuestro presente y nuestro futuro”, subraya Aguilar.