Fijan para el 12 de junio el juicio por la muerte de Iliass Tahiri, asfixiado en el centro de menores de Oria (Almería)
Tras siete años de un procedimiento lleno de dilaciones, un nuevo aplazamiento pospone el deseo de la familia de que “se haga justicia”


Tras siete años de un procedimiento judicial abierto por la muerte del joven Iliass Tahiri en el centro de internamiento de menores de Tierras de Oria (Almería), un nuevo aplazamiento pospone el deseo de la familia de que “se haga justicia”. La nueva fecha para el juicio oral, señalada este jueves por el juez Urko Liendo, en el juzgado número 2 de lo Penal de Almería, será el próximo 12 de junio. Previamente, el magistrado tendrá que emitir el auto correspondiente para recabar y admitir a trámite las pruebas, entre las que se encuentran los testigos y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, donde quedó grabada toda la maniobra de contención que realizaron los seis vigilantes del centro y que culminó con la muerte del chico, que acababa de cumplir 18 años.
Murió asfixiado con su cabeza y su cuerpo aplastados boca abajo contra un camastro, con seis vigilantes de seguridad encima que le inmovilizaban y le ataban con correas en una habitación. Ocurrió el 1 de julio de 2019, a la hora de la siesta.
El caso de Iliass Tahiri puso sobre la mesa los procedimientos y abusos que sufren los chicos internados en centros de menores. Suscitó una fuerte polémica y un debate que motivaron la intervención y un informe del Defensor del Pueblo, prohibiendo ese tipo de prácticas.
La asociación Ginso, que gestiona desde hace más de una década para la Junta de Andalucía el centro de Oria y buena parte de los que existen en esa provincia y en otras comunidades autónomas, acumulaba denuncias por este tipo de actuaciones y más de un caso con resultado de muerte. Sin embargo, ni los responsables de esa controvertida asociación ni los de la Junta de Andalucía se sentarán en el banquillo de los acusados después de haber conseguido que las aseguradoras correspondientes pagaran la responsabilidad civil (190.000 euros para la madre y los cuatro hermanos de Iliass). Solo tres vigilantes y su coordinador están actualmente procesados en esta causa, en la que ha habido un total de 13 personas investigadas.
El último auto del juez Liendo emplazaba a las partes a llegar a un acuerdo de conformidad o a un aplazamiento este jueves. Pero ni la acusación, ejercida por el abogado Ángel Gómez San José en representación de la familia del fallecido —que solicita cuatro años de cárcel para los acusados por homicidio imprudente—, ni la defensa de tres de los vigilantes —que pide su “absolución” por considerar que se trata de “una muerte violenta accidental”— han querido llegar a un acuerdo.
Por fin, tras tres intentos de archivo de la causa como “muerte violenta accidental” y otras tantas reaperturas, el juicio oral —señalado en octubre de 2024— debía celebrarse este 23 de abril. Sin embargo, en la tónica de las innumerables dilaciones sufridas en este procedimiento (por la muerte de un menor), ahora será en junio. “Esto es un desasosiego para todo el mundo”, ha señalado Gómez San José, ”con el consecuente desgaste y sufrimiento para la familia", ha añadido.

Los cambios de la Fiscalía
La Fiscalía pasó en su día de considerar que debía juzgarse un delito de homicidio imprudente procesando a los responsables de la empresa Ginso y de la Junta de Andalucía —como solicitó el fiscal Carlos Castresana en junio de 2019—, al entender que debía “transformarse” en un “juicio por delito leve”. “Entendemos que la conducta desarrollada por los investigados podría ser constitutiva de imprudencia menos grave. En tal caso, estaríamos ante un delito de homicidio por imprudencia menos grave tipificado en el artículo 142.2 del Código Penal, y castigado con la pena de multa de tres meses a 18 meses”, argumentaba.
Pese a no contar con el amparo de la Fiscalía, el abogado Ángel Gómez San José no ha desistido nunca, presentando recurso tras recurso: cuando se archivó la causa, cuando el juez y el fiscal pretendieron que se juzgara el caso como “un delito leve” y no como un “homicidio imprudente”, o cuando inexplicablemente “se olvidaron” de incluir entre los acusados al vigilante que oprimía con su pierna la cabeza y la espalda de Iliass durante la mortal maniobra de contención que duró casi 14 minutos, aunque Iliass tardó cuatro minutos en morir, según el informe forense.


























































