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España tiene más desaparecidos por terrorismo que Irlanda del Norte

El Memorial de Vitoria recuerda a las seis personas en paradero desconocido y resalta el sufrimiento y el empeño permanente de sus familias por encontrar sus restos

El delegado de Gobierno, Denis Itxaso (derecha); el viceconsejero de Memoria, José Antonio Rodríguez (centro); y Miren Aintzane Ezenarro Egurbide, directora del Instituto de la Memoria (izquierda) posan en Vitoria con familiares durante el acto en recuerdo de José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga en el 50 aniversario de su "desaparición forzada a manos de ETA". L. Rico (EFE)

Casi 15 años después del final del terrorismo, España cuenta aún con seis desaparecidos por esa causa, dos más que Irlanda del Norte, pese a que la violencia política ejercida por el IRA y los unionistas fue muy superior. Mientras los desaparecidos en Irlanda del Norte cuando se firmaron los acuerdos de Viernes Santo, en 1998, eran 16 y se han reducido a cuatro, en España siguen siendo seis. Una exposición del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria recuerda a los seis desaparecidos por terrorismo: José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, jóvenes gallegos residentes en Irun (Gipuzkoa) y desaparecidos en San Juan de Luz (Francia) en 1973; Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desaparecido en el País Vasco francés en 1976; Francisco Javier Etxeberria, Naparra, también en el País Vasco francés, en 1980, y Publio Cordón, en Zaragoza en 1995.

La exposición se titula Ausencias presentes. Desaparecidos por el terrorismo en España. Su comisaria, Marta Rodríguez Fouz, profesora de la Universidad Pública de Navarra y sobrina de José Humberto Fouz, destaca que todos los casos comparten “el dolor permanente que supone para los familiares añadir a la actuación terrorista su desaparición; la denuncia de la desidia policial y judicial con la limitación de medios para localizar sus restos y, pese al paso del tiempo, la voluntad de sus familias de encontrarles y de conocer la verdad”.

El caso más lejano y desconocido es el de los jóvenes Fouz, García y Quiroga, desaparecidos en San Juan de Luz (País Vasco francés) el 24 de marzo de 1973. “Trabajaban y vivían en Irun, fueron al cine a San Juan de Luz y no se supo más. Sus familias pensaron en un accidente. El Juzgado de Irun abrió diligencias. Unas octavillas ofrecieron la primera pista de que miembros de ETA les confundieron con policías. Sus familias lo confirmaron en diciembre de 1973 por un reportaje de Abc que ofrecía detalles de su secuestro, tortura y asesinato así como de los autores. Su fuente era la Comisaría General de Información. Lo publicó al hilo del atentado de ETA contra el presidente del Gobierno franquista Carrero Blanco”, recuerda Coral Rodríguez, sobrina de Fouz y exsenadora socialista.

En enero de 1974 sus familias presentaron una querella criminal en el Juzgado de San Sebastián. El 18 de octubre de 1975 lo sobreseyó. “No hubo investigación policial ni judicial. Francia no colaboró. Tampoco España. Concluyó que ni había indicios ni era competente. Pero en 1976 el Gobierno los reconoció como víctimas del terrorismo de ETA”, explica Rodríguez.

En enero de 1998, Coral Rodríguez, siendo senadora, llevó el caso al debate político en la Cámara alta y posteriormente al Parlamento vasco. “Las familias se enteraron entonces de la existencia del sumario cerrado en 1975”, señala. En 2005, con el impulso del Comisionado para las Víctimas del terrorismo, Gregorio Peces-Barba, el juez Andreu reabrió el caso y en 2006 lo archivó sin investigar. “Lo supimos en 2018 porque pregunté en la Audiencia Nacional”, recuerda la exsenadora.

Recientemente ha pedido en Sortu —sucesora de Batasuna, tras rechazar el terrorismo—, que, si alguien conoce, aporte pistas para localizarlos. “ETA, en su disolución en 2018, reconoció casos sin reivindicar como la matanza de la calle del Correo en 1974, pero este lo eludió. Sus autores fueron miembros de ETA. Su desaparición al finalizar la dictadura ha sido un obstáculo para localizar sus restos y conocer la verdad. Las familias seguiremos luchando por ello”, asegura.

Un rasgo clave de este caso, señala Raúl López Romo, del Memorial de Víctimas, es el relevo generacional en la recuperación de sus restos como sucede con las víctimas de la Guerra Civil. Y con Publio Cordón, empresario zaragozano, secuestrado por los Grapo el 27 de junio de 1995 y desaparecido. Su hija, Carmen, ha relevado a su madre, Pilar Muro, en la búsqueda de sus restos.

Según López Romo, el pasado verano, miembros de la Guardia Civil y de la policía francesa, con el exjefe del comando que secuestró a Cordón, Antonio Ramón Tejeiro, rastrearon el Monte Ventoux, en la Provenza francesa, para recuperar sus restos. La búsqueda fue infructuosa. Según sus secuestradores, fue enterrado allí tras fallecer al intentar escapar y caer por la ventana de la casa en que lo retenían en Lyon, también en Francia.

Hace dos meses, también guardias civiles y policías franceses volvieron a la casa para buscar en el jardín y en el sótano nuevas pistas, añade López Romo. Habían comprobado años antes que Cordón sólo vivió 15 días por unas marcas en el armario-zulo que demostraron que ya había fallecido cuando su familia pagó el rescate a los Grapo el 17 de agosto de 1996. Su familia tuvo que esperar a 2012 para su reconocimiento legal como fallecido.

Del 11 de junio de 1980 data la desaparición de Francisco Javier Etxeberria, Naparra, militante de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCA). A diferencia de los casos anteriores sigue sin esclarecerse la organización que lo hizo desaparecer. Según antiguos militantes de los CCA estaba citado con miembros de ETA militar en San Juan de Luz para discutir sobre la compra de armas a un traficante y atribuyeron su desaparición a las discrepancias entre ambas organizaciones. A su vez, el grupo parapolicial Batallón Vasco Español (BVE) lo reivindicó y ofreció pistas para localizar sus restos. Resultaron infructuosas.

El Juzgado de Bayona abrió diligencias seis días después de desaparecer y lo cerró en 1982 atribuyéndolo a un “ajuste de cuentas”. “Como en los demás casos hubo desidia en la investigación policial y judicial en Francia y en España, agravada por la militancia de Etxeberria. Ha sido también su familia la impulsora de la búsqueda de sus restos y del conocimiento de la verdad. Cree que fue un crimen de Estado”, señala la comisaria de la exposición.

Tras archivarse la causa, en 1999 la familia interpuso querella en la Audiencia Nacional, archivada en 2004. En 2016 el caso se reabrió tras informar un exagente del Cesid que estaba enterrado cerca de Mont de Marsan (Francia). La Audiencia Nacional extendió a Francia una comisión rogatoria que propició su búsqueda sin resultados. El caso de Naparra ha llegado a un grupo de trabajo de la ONU.

La desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, es la más conocida por su proyección política —era dirigente de ETA-pm y defendía la vía política frente al militarismo— y la polémica persistente sobre su autoría. Desapareció el 23 de julio de 1976. Dentro de tres meses ocupará el foco mediático al cumplirse su 50 aniversario.

Su desaparición se atribuyó inicialmente al parapolicial Batallón Vasco Español (BVE), que lo reivindicó. Pero en 1978, su familia acusó a los bereziak (militaristas de ETA-pm) y alegó que pocos días antes de desaparecer había sido secuestrado unas horas así como cartas de Pertur denunciando el clima policial creado por los militaristas. Su pareja, Lourdes Auzmendi, y sus hermanas Alicia e Inés les atribuyen la desaparición en su testimonio en la exposición.

El único informe policial de Francia sobre Pertur es de agosto de 1977, procede de la Comisaría de Burdeos y es escasamente conocido. Tras interrogar a familiares y compañeros de Pertur concluye que su secuestro sólo pudo producirse con la complicidad de alguno de sus allegados. Posteriormente, en 2008 el juez Andreu de la Audiencia Nacional reabrió el caso al existir indicios de que neofascistas italianos podían haberlo secuestrado. Andreu interrogó a siete expolimilis, tres neofascistas, tres policías y un periodista. Concluyó que no había indicios suficientes para imputar a nadie. Archivó el caso en 2012 sin perjuicio de reabrirlo de aparecer nuevos indicios. La familia y amigos de Pertur siguen luchando por localizar sus restos.

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