El Gobierno de Asturias lleva al Supremo la negativa de Transportes a anular el peaje de la autopista del Huerna

El Gobierno de Asturias (PSOE-IU) ha dicho que hasta aquí hemos llegado y tras cuatro meses de advertencias al Ministerio de Transportes para que atendiera sus peticiones de declarar la nulidad de la prórroga de la concesión a AUCALSA (autopista asturleonesa) para la explotación de la autopista del Huerna (AP-66), presentará un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo por el rechazo del departamento que dirige Óscar Puente.

Este enfrentamiento entre dos administraciones del mismo color político tiene como motivo la prórroga firmada en el año 2000 por el entonces ministro de Fomento y vicepresidente del Ejecutivo presidido por José María Aznar (PP), el asturiano Francisco Álvarez-Cascos. El Principado, como medida previa a los tribunales, había interpuesto un recurso de nulidad al Ministerio de Transportes, apoyado en el pronunciamiento de la Comisión Europea en julio de 2025.

El dictamen europeo concedía dos meses al Gobierno de España para adoptar las medidas necesarias en aras a reponer la legalidad, al considerar que el contrato que concedió a Aucalsa el derecho a cobrar un peaje (16,20 euros) para viajar entre Asturias y León hasta 2050 vulnera la normativa. El expediente de infracción reconoce la misma vulneración en la prórroga de la AP-9, en Galicia, donde el BNG planteó una moción instando a la Xunta a requerir al Ministerio de Transportes que inicie los trámites para revertir el peaje. Una iniciativa similar contó con la unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

En septiembre del pasado año, el Ministerio de Transportes optó por seguir defendiendo la legalidad del contrato en lugar de abrir una negociación con Bruselas para reducir la duración del peaje o simplemente rescatar la concesión y suprimirlo. Por el contrario, el departamento que encabeza Óscar Puente argumenta que la prórroga aprobada por el PP cuenta con todos los informes de la Abogacía del Estado y la Intervención General favorables, por lo que considera que sigue habiendo base jurídica para defenderla.

Y este miércoles llegó la puntilla. Tras cuatro meses de reiteradas peticiones del Gobierno asturiano, el ministerio ha contestado que el peaje no se quita. Y lo ha hecho sin entrar en el fondo del asunto y basando su decisión única y exclusivamente en el paso del tiempo. Es decir, que para el Gobierno de España los más de 25 años que han pasado desde que el Ejecutivo de Aznar prorrogara hasta 2050 el peaje son un tiempo más que suficiente como para no haber lugar a la revisión de aquella prórroga.

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, califica la respuesta de profundamente decepcionante, al considerar que el ministerio ha evitado analizar cuestiones clave como la legalidad de la prórroga o su impacto económico. A su juicio, la Administración central ha sustituido un análisis material por un argumento estrictamente temporal. “Un gobierno del PP aprobó una prórroga de forma ilegal y un gobierno socialista ha sido incapaz de darle solución. Es una profunda decepción”, lamenta Calvo.

“Lo que hemos recibido es una comunicación en la que el ministerio inadmite nuestra solicitud, pero sin entrar en el fondo del asunto. Más de cuatro meses después, lo que ha hecho es evitar pronunciarse sobre la legalidad de la prórroga de la concesión y ha fundamentado la inadmisión única y exclusivamente en el paso del tiempo. Ese planteamiento resulta jurídicamente insuficiente y políticamente insatisfactorio”, afirma el consejero.

“El ministerio evita pronunciarse sobre la legalidad, excusándose en el paso del tiempo. Y entendemos que esta cuestión requiere un análisis de fondo. Quizás lo único positivo es que no haya habido silencio administrativo, que habría sido aún peor. Pero todas nuestras posiciones se han trasladado por escrito de manera reiterada”. Para Calvo, “el paso del tiempo, que el ministerio utiliza como argumento, en realidad agrava la irregularidad”.

El consejero asturiano recuerda que la prórroga ha supuesto un incremento de costes “inaceptable” para las empresas y ciudadanos de Asturias y defiende que debe someterse a revisión jurídica. En este sentido, recordó que la ampliación de la concesión a Aucalsa se llevó a cabo sin un nuevo proceso de licitación y concurso de adjudicación, violando así las normas comunitarias.

Calvo considera que la negativa del ministerio que dirige Óscar Puente responde a una estrategia para ganar tiempo y lamenta que el Gobierno central no haya sabido entender la posición de Asturias, lo que obligará a dirimir el conflicto en los tribunales. El Gobierno asturiano dispone ahora de dos meses para presentar el recurso, aunque su intención es hacerlo lo antes posible y con el mayor respaldo jurídico. El Ministerio de Transportes ha evitado pronunciarse a pesar de varios requerimientos realizados por este periódico para obtener una respuesta.

Sí ha hablado la delegada del Gobierno en Asturias. Adriana Lastra ha expresado este jueves su respeto absoluto a la decisión del Gobierno del Principado y ha asegurado que los puentes de comunicación entre el Ejecutivo asturiano y el central siguen abiertos. La delegada ha insistido en que ambas administraciones tienen una relación “fluida”, sabiendo que este es un asunto que genera “controversia”. En este sentido, ha insistido en que la posición del Ejecutivo central es “velar por el interés general” ante una decisión adoptada por un gobierno del PP. “El PP debería sonrojarse cada vez que hable del Huerna” tras recordar que la prórroga fue una decisión de los populares.

Vía europea y consumidores

Todo parece indicar que, además de la judicialización del conflicto, Transportes deberá enfrentarse también a una demanda en el Tribunal Europeo por mantener el peaje. Según explica Calvo, la Comisión Europea ha mostrado “comprensión” hacia la posición asturiana, en contraste con la postura del ministerio, al que acusó de no querer resolver una situación creada hace más de 20 años.

De forma paralela a la vía judicial, el Gobierno de Asturias mantiene abiertos otros frentes. Por ejemplo, en el ámbito del consumo. La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha presentado una denuncia administrativa formal ante la Dirección General de Consumo del Principado contra la concesionaria por un incumplimiento contractual sistemático, continuado y de extrema gravedad en la gestión de la autopista. Cifra en 60 millones el beneficio ilícito y exige la devolución inmediata a los conductores.

Según la organización de consumidores, casi 4.000 personas ya se han inscrito en el registro de afectados habilitado, “reflejando el profundo malestar social de una ciudadanía que se siente atrapada en una infraestructura esencial que castiga a diario a trabajadores, familias, transportistas y empresas que no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta”, en palabras del presidente de la UCE, Dacio Alonso.

La situación denunciada no es puntual ni coyuntural. Comienza en noviembre de 2024, cuando un grave desprendimiento de tierras y rocas, en el punto kilométrico 76, provocó el corte total de la autopista durante más de quince días. La vía no fue reabierta hasta el 27 de noviembre, mediante un baipás provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.

Desde entonces, los problemas en la autopista asturleonesa se han agravado. Desde el 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles han generado cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.

Y a pesar de esta degradación evidente, todos los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna. El coste del trayecto es de 16,20 euros desde este año 2026, lo que sitúa al Huerna entre los peajes más caros del país.

La estimación de la UCE es que AUCALSA habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros. Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.

Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses. Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica. “Todo esto acabará con el peaje. Veremos cuándo y si será en la jurisdicción española o europea”, sentencia el consejero Calvo.