El Ministerio de Transportes mantiene la prórroga del peaje entre Asturias y León

Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna en contra del criterio de la Comisión Europa, quien considera ilegal la prórroga de esa tasa hasta 2050, aprobada por el PP, siendo Francisco Álvarez Cascos ministro de Fomento.

El Ministerio de Transportes ha optado por seguir defendiendo la legalidad del contrato con Aucalsa (empresa concesionaria de la Autopista Asturleonesa) en lugar de abrir una negociación con Bruselas para reducir la duración del peaje o simplemente rescatar la concesión y suprimir el peaje. El departamento que encabeza Óscar Puente argumenta que la prórroga aprobada por el PP cuenta con todos los informes de la Abogacía del Estado y la Intervención General favorables, por lo que considera que sigue habiendo base jurídica para defenderla. Y añade que se analizarán los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso.

Tras años de análisis, la Comisión emitió en julio un dictamen motivado que concede dos meses al Gobierno de España para adoptar “las medidas necesarias” en aras a reponer la legalidad, ya que la autoridad europea considera que el contrato que dio a Aucalsa contradice la norma. El expediente de infracción reconoce la misma vulneración de la normativa comunitaria en la prórroga de la AP-9, en Galicia, donde el BNG planteó una moción instando a la Xunta a requerir al Ministerio de Transportes que inicie los trámites para revertir el peaje. Una iniciativa similar contó con la unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

Este peaje se paga desde 1983 y debería dejarse de pagar este año. La pelota vuelve a la capital europea, donde a partir de ahora se tendrá que dirimir si se asumen los argumentos ministeriales o se cumple la amenaza de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y en esta última postura se sitúa el Gobierno regional, que está dispuesto a apoyar el caso a los tribunales para aumentar la presión contra la decisión del Gobierno de España. “La Comisión ha determinado que esa prórroga fue ilegal y debe revocarse, es la posición que seguimos manteniendo ante la UE”, afirma el presidente Adrián Barbón.

De hecho, el consejero asturiano de Movilidad, Alejandro Calvo, ya se dirigió formalmente al ministerio y la Comisión para participar del procedimiento y poner a disposición la documentación técnica que pueda ser útil. “Es justo y necesario”, dice el consejero, quien añade a la vía judicial la presión institucional a través de la Alianza de las Infraestructuras, un foro en el que están representados partidos políticos, empresarios y agentes sociales.

Movilización social

La respuesta del Ministerio de Transportes ha generado enfado y respuesta unánime desde todos los ámbitos, no solo el político. La patronal empresarial ha instado al Ministerio a que recapacite y evite un largo procedimiento judicial. La Cámara de Comercio de Gijón sostiene que “hay que ajustarse a la normativa europea” y el presidente de la Cámara de Oviedo considera “incomprensible mantener la carga sobre usuarios y transportistas”, y desde Avilés, su homólogo Daniel González, afirma que “el Estado fue quien renovó erróneamente la concesión y debe asumir liberar al ciudadano del coste”.

Y una opinión similar, dando un paso más, es la de los sindicatos. Desde UGT Asturias, su secretario general, Javier Fernández Lanero, pide al Gobierno de España que solucione un problema que creó el Partido Popular cuando gobernó. “Porque al final, si no es tan culpable el que mata como el que sostiene por la pata”, opina. “El Gobierno de España debe ponerse al lado del Gobierno de Asturias y hacerle caso porque este es un peaje injusto, además de ahora ser ilegal. Esta situación nos limita económicamente, nos aísla, nos discrimina y nos hace ser más insignificantes como comunidad autónoma. Y si no nos escuchan, no nos quedará más remedio que gritarlo y exigirlo en las calles”, sentencia.

En ese sentido, el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, promotor hace cuatro años de la denuncia que fue origen del dictamen europeo contra la prórroga del peaje del Huerna, llama a una gran movilización social el próximo 18 de octubre. A juicio de Ripa, “la postura del Ministerio de Transportes, defendiendo ante Bruselas el mantenimiento de la prórroga a Aucalsa, solo logrará dilatar el proceso y puede además desembocar en multas millonarias para nuestro país”.

La autopista del Huerna fue de peaje desde el principio, y los primeros vehículos que transitaban por ella pagaban a Aucalsa 785 pesetas. Una cifra lejana que ha ido aumentando con el paso de los años hasta los 15,6 euros actuales.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en la campaña de 2004 la supresión del peaje. Desde entonces se han aplicado dos reducciones parciales. Una para los vehículos pesados y otra para quienes utilicen más de una vez la autopista al mes. Ahora, el Ministerio de Transportes promete nuevas reducciones según el uso de este paso.

En 2023 circularon por la autopista del Huerna 3,23 millones de vehículos, un 3,93% más que en 2022. La intensidad media diaria fue el pasado año de 8.852 vehículos. Las previsiones económicas para el periodo 2019-2050 de Aucalsa contemplan una recaudación de 2.150 millones de euros a lo largo de esas tres décadas.

Un reto histórico

La cordillera Cantábrica ha sido siempre el gran reto de las infraestructuras entre Asturias y la Meseta. Los interminables viajes a través del Puerto de Pajares por la N-630 o los eternos desplazamientos en tren por la obsoleta rampa ferroviaria del puerto fueron retos cuya resolución técnica tardó cerca de medio siglo. La historia de la autopista de los 78 kilómetros entre Campomanes (Lena) y Onzonilla (León) se inició antes, al principio de los años 70, cuando se planteó la necesidad de crear una vía alternativa de comunicación entre las dos comunidades.

Los trabajos se adjudicaron en 1975 y, en diciembre de ese año, se constituyó la Autopista Concesionaria Asturleonesa (Aucalsa). La primera calzada se presupuestó en 70.000 millones de pesetas, y los primeros movimientos de tierra se llevaron a cabo en junio de 1976.

Las cifras que se manejaron durante aquellos años fueron muy llamativas: 1.300 trabajadores, 90 kilómetros de trazado de alta montaña, con siete túneles de una longitud conjunta de 8.302 metros y seis viaductos, con una longitud de dos kilómetros.

Después de tres años de retrasos, el 11 de agosto de 1983 se abrió al tráfico la primera fase de la autopista, con la presencia del entonces ministro de Obras Públicas, Julián Campo Sainz de Rozas, y el presidente del Principado, Pedro de Silva.

A esta primera inauguración le sucedieron muchas otras. En 1985 se elaboraron los proyectos de la segunda calzada entre la boca sur del túnel del Negrón y el enlace de la Magdalena. También ese año se abrió al tráfico el segundo túnel de Cosera y siete viaductos. Posteriormente, entrarían en servicio el segundo túnel de Entrerregueras y el de Oblanca, los túneles de Pando y Vegaviesca y el de Barrios.

La conclusión de las obras de la autopista llegaría finalmente en 1997, con la apertura al tráfico del segundo túnel de El Negrón, de más de 4 kilómetros de longitud, para el que se necesitó una inversión de 7.400 millones de pesetas. Habían pasado 21 años.