El Gobierno da luz verde a la reforma para blindar el aborto en la Constitución

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma de la Constitución que blinda el derecho al aborto tras el aval del Consejo de Estado. Se trata de una modificación clave para el Ejecutivo, que considera que tanto el PP como Vox pueden poner en cuestión este derecho si llegaran al poder. “Está en riesgo el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. “Hay mujeres de primera y mujeres de segunda dependiendo de donde residan”, ha asegurado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto, que consiste en un añadido al artículo 43.3, para obligar a todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. “Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La modificación impulsada por el Gobierno requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. El PP ha anunciado que la rechazará, pero la ministra ha insistido en que intentarán convencerlos. Si la reforma no sale adelante por los votos en contra de la oposición, Redondo ha señalado que harán todo lo que esté en su mano para forzar a que autonomías como Madrid o Andalucía, pero también otras gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, abran la puerta a los abortos en los centros públicos, que en las dos primeras comunidades están por debajo del 1%.

Al mismo tiempo, la responsable de Igualdad ha reconocido que se trata de una competencia autonómica y, por esto, se intenta blindar esta prestación en la Constitución. Redondo ha anunciado también la asignación de 180 millones de euros con el objetivo de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La cuantía será repartida entre las comunidades autónomas.

Juicio a Ábalos

La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha estado dominada por las preguntas sobre el juicio al exministro Ábalos, que tiene lugar en el Tribunal Supremo. La ministra portavoz, Elma Sáiz, ha señalado que el Gobierno siente “empatía” hacia los ciudadanos que estas semanas sienten “desafección” hacia la política y están “indignados” ante este caso y otro que afecta al PP, y que también ha empezado a juzgarse esta semana, el ‘caso Kitchen’.

Sáiz no ha querido contestar qué hará el Gobierno si condenan a Ábalos, si el presidente asumirá la responsabilidad de haberlo nombrado, pero sí ha insistido en que el PSOE echó a Ábalos en cuanto tuvo sospechas de corrupción y colaboró con la justicia, mientras el PP rompió a martillazos el ordenador de Luis Bárcenas, su extesorero, para evitar que pudiera servir como prueba. “Lo que ofrece el Gobierno es tolerancia cero ante la corrupción”, ha insistido Sáiz, que ha esquivado en varias ocasiones la pregunta sobre las consecuencias políticas de una posible condena.

En la misma reunión, el Consejo de Ministros ha incluido Canarias como zona gravemente afectada por el paso de la borrasca Therese. La declaración habilita la prestación de ayudas para daños materiales y personales y de infraestructuras públicas, a través de diversos fondos, según avanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el lunes.