Los imputados en el ‘caso mascarillas’ de la Diputación de Almería empezarán a declarar ante el juez a partir del 28 de mayo

Un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, que investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores con epicentro en esta entidad supramunicipal entre 2016 y 2021, han sido llamados a declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio. Entre ellos se encuentra el que fuera su presidente, el popular Javier Aureliano García, que está citado ese último día a las 9.30. Las fechas establecidas por el juez no se solapan con la campaña electoral andaluza, que comienza el 1 de mayo, pero sí coincidirán con la constitución del Parlamento —el 11 de junio— y con el límite de tiempo en el que, si el horizonte electoral del aspirante popular, Juan Manuel Moreno, queda despejado, debería ser propuesto como candidato a presidir la Junta.

En total hay 32 personas llamadas a declarar y otras siete pendientes de que se resuelvan sus recursos para ser citados o no. De acuerdo con la providencia dictada por el titular de la Plaza número 1 del Juzgado de Instrucción de Almería el pasado 26 de marzo y a la que ha tenido acceso este diario, el primer imputado convocado para el 28 de mayo es Kilian López, el presunto comisionista del contrato de mascarillas por más de dos millones de euros que la Diputación de Almería firmó con su empresa Azor Corporate, el 8 de abril, en lo peor de la pandemia. Fue una investigación paralela a López por presunto narcotráfico —de la que quedó absuelto— la que llevó a la Guardia Civil hasta la trama de presuntos contratos ilícitos promovidos desde el entre supranacional. López está en el punto de mira no solo por esta adjudicación que tuvo un sobrecoste de un millón de euros del que supuestamente se benefició él, García y los que eran vicepresidentes de la Diputación en ese momento, Óscar Liria y Fernando Giménez —con comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros, según consta en los informes de la Guardia Civil—, sino por otra serie de adjudicaciones, también presuntamente amañadas, con la entidad supralocal almeriense, a través de otra se sus mercantiles, Pulconal con la que firmó hasta 16 contratos entre 2017 y y 2020 contrató por un importe total de 421.805,13 euros.

Si el primero en declarar será López, el último será Javier Aureliano García. El exdirigente popular, que en su condición de presidente del PP de Almería y de la Diputación —cargos de los que dimitió el pasado 21 de diciembre, tres días después de ser detenido en el marco de esta investigación— acaparaba el mayor poder político del feudo popular en Andalucía está acusado de presunto cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que García pudo utilizar una cuenta bancaria a nombre de su hermana y de sus padres —fallecidos— para pagar una hipoteca con dinero supuestamente procedente de las mordidas por las adjudicaciones amañadas.

Durante los registros de noviembre, en la vivienda de la hermana de García se encontraron sobres con 7.620 euros a nombre de Javier Aureliano y una tabla con cifras y referencias a pisos y a una comunidad de bienes perteneciente a todos los hermanos con la que también se realizarían operaciones de blanqueo. Pero la hipoteca no era el único destino de los fondos públicos supuestamente sustraídos por el expresidente de la Diputación. En otro informe de la UCO de febrero de este año se detalla un viaje a Madrid entre el 26 y 27 de junio del año pasado con su jefa de gabinete en el que facturó 1.892 euros —entre vuelos en avión y estancias en hotel— con cargo a un evento de la FEMP que no existía. Los hermanos de García también han sido llamados a declarar el mismo día que el exdirigente popular almeriense.

En el epicentro de esta presunta trama de contratos irregulares desde la Diputación se encuentra Óscar Liria, quien fuera vicepresidente tercero de la institución y el responsable, en su calidad de delegado de Fomento de esas adjudicaciones. Él fue el primer detenido en el caso mascarillas, el 15 de junio de 2021, cuando estalló la trama. Además de encontrarse sobres con hasta 26.750 euros en efectivo, la UCO sospecha que ha blanqueado mordidas a través de empresas pantallas gestionadas por su hermano Francisco Liria y su primo Rodrigo Sánchez López —también imputados y llamados a declarar— y con la compra de vehículos de alta gama para su padre y su novia. Liria también prestará declaración el 28 de mayo, a las 10 de la mañana, justo después de Kilian López.

El tercer dirigente político con más poder en la trama es Fernando Giménez, de quien la UCO sospecha que se llevaba el 10% de las comisiones de las adjudicaciones supuestamente amañadas. Él era vicepresidente primero de la Diputación y aunque estuvo imputado desde que estalló el caso el 15 de junio de 2021, la dirección regional del PP no consideró su cese hasta su detención el pasado mes de noviembre porque, según sostuvo el presidente de la Junta, cuando arrancó la investigación “no había causa”. Giménez comparecerá ante el juez el 4 de junio.

Otro de los políticos populares imputados es el exalcalde de Fines, un municipio almeriense de 2.390 habitantes, Rodrigo Sánchez Simón. Él es tío de Óscar Liria y también estuvo imputado desde 2021 —fue sorprendido por lis investigadores cuando su hijo Rodrigo Sánchez López, introducía en su coche una funda de almohada con 119.950 que sacó de la casa de los padres de Liria—. Sánchez López se resistió a dimitir, aunque finalmente lo hizo el pasado 25 de noviembre, una semana después de haber sido detenido. A él y a su hijo, la UCO los considera los principales beneficiarios entre 2016 y 2024 de contratos por valor de 1.126.573,97 euros por parte de la Diputación a través de la empresa OYC Servicios Urbanos —de la que ellos serían titulares a través de una serie de testaferros—. Los investigadores consideran que algunos de estos tienen “origen fraudulento”. El exregidor y su hijo están llamados a declarar el 11 de junio.

Ese día el es plazo límite en el que debería constituirse el Parlamento andaluz, de acuerdo con el plazo legal del Estatuto de Autonomía que establece que los diputados electos deben ser convocados para la sesión constitutiva dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones, fijadas para el 17 de mayo. Si se apuraran esos tiempos se abriría un nuevo plazo de otros 15 días para que el presidente de la Cámara autonómica proponga el candidato o candidata a la investidura, lo que llevaría, de apurarse, hasta el 26 de junio, cuando está citado a declarar el expresidente de la Diputación almeriense.

El PP de Moreno ha tratado desde el principio de esta causa de echar sordina. Cuando estalló, en 2021, minimizó la trascendencia del procedimiento y el pasado mes de noviembre, al alcanzar una nueva dimensión con la detención del presidente de las Diputación y del PP almeriense —recién nombrado jefe de la ejecutiva regional por Moreno—, trató de aislar a la formación con un rápido cambio de liderazgo en la figura del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco. En los plenos, al ser increpado por los grupos de oposición, el barón popular contraatacó con la corrupción que justo en esa semana cercó al PSOE, con la salida de prisión de su antiguo secretario de Organización, Santos Cerdán, y recordó que el único presidente de la Diputación de Almería condenado a penas de cárcel fue el socialista Luis Pérez Montoya.