Los agujeros del plan de choque económico

Europa salió de la Gran Recesión con políticas de austeridad, rescates públicos al sistema financiero y políticas monetarias heterodoxas: un mejunje intragable que acabó provocando la erosión del poder adquisitivo de las clases medias, y que explica buena parte del malestar y del reflujo reaccionario de los últimos tiempos, con la marea de la ultraderecha al alza. Desde ahí se han sucedido las crisis. Una tras otra: el Brexit, la pandemia, los efectos nocivos del trumpismo y los conflictos bélicos en el vecindario Norte (Ucrania) y Este (Gaza e Irán). Se suponía que los estabilizadores automáticos eran los héroes anónimos de la política económica moderna, y el seguro de desempleo es la gran estrella en ese apartado, pero eso vale para tiempos normales: estos son tiempos extraordinarios. La sucesión de líos de las dos últimas décadas ha obligado a los Gobiernos europeos a especializarse en la última moda, los paquetes de estímulo anticrisis. Hay ya mucha experiencia en ese ámbito. Y literatura académica en cantidades industriales. Irán y sus efectos geoeconómicos traen la última hornada de planes: España ha sido uno de los países ha actuado con más rapidez y mayor potencia de fuego. Media docena de economistas consultados apuntan las ventajas y un reguero de inconvenientes asociados a ese decreto que salió el jueves del Congreso en medio del ruido y la furia habituales de la política española

1. Agilidad. El plan combina una serie de rebajas de impuestos y una batería de ayudas: hasta 80 medidas en total. Hay un doble objetivo: evitar que los precios suban todo lo posible (las casas de análisis prevén que la inflación escale al 4% este año, y que el PIB se reduzca unas décimas), y compensar a quienes más sufren con esa inflación sobrevenida por el shock en los mercados energéticos. Ese doble objetivo es una manta corta: muchas de las medidas están pensadas para contener la erosión en el poder adquisitivo y son universales, y por lo tanto están poco focalizadas en los colectivos más impactados. Entre el bisturí y el brochazo, se ha optado por el brochazo en aras de conseguir agilidad. La meta es que el Estado envíe una señal de protección cuando vienen mal dadas. El diseño no es el óptimo, admiten a regañadientes las fuentes consultadas en el Gobierno, pero se prima la protección y la rapidez, además de la capacidad para sacar adelante ese decreto adelante en una legislatura tan peliaguda. “Tiene sentido desde un punto de vista político porque nadie quiere que se repita lo que sucedió en 2022, cuando la inflación escaló más allá del 10%: son medidas efectivas para amortiguar el impacto en los precios de forma inmediata. Probablemente evitarán con rapidez, este mismo mes, varias décimas de subida de la inflación”, resume Ángel Talavera, de Oxford Economics.

2. Potencia de fuego. El paquete español es mucho más grande que cualquiera de los aprobados en Europa hasta este momento. La incertidumbre es radical: solo con el paso del tiempo —en función de la duración de la guerra y del bloqueo del estrecho de Ormuz— se verá si el resto de países convergen hacia el plan del Sánchez o si España se ha pasado de frenada con ese manguerazo rápido. El Ejecutivo apunta que las 80 medidas costarán en torno a 5.000 millones de euros. Raymond Torres, de Funcas, estima que el impacto fiscal se irá hasta los 7.500 millones de euros, y eso suponiendo que el plan no se prolongue más allá del 30 de junio: muchas de las medidas activadas en 2022 han seguido vigentes hasta 2025, cuando ya había desaparecido el efecto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía. España está ligeramente por debajo del umbral del 3% de PIB de déficit público, pero tiene un espacio fiscal muy limitado. Más aún sin presupuestos. Y especialmente si empiezan a subir los tipos de interés. El déficit escalará en 2026 por el efecto combinado de ese paquete de estímulo y un menor crecimiento. La deuda pública sigue en el entorno del 100% del PIB. “No hay comidas gratis”, dice un viejo adagio económico.

3. Lo peor: es algo regresivo. El plan rescata parte del manual anticrisis desplegado en el primer año de la guerra en Ucrania, aunque en un escenario diferente, con la incertidumbre en máximos y un conflicto bélico que no deja de escalar. No hay medidas de urgencia que no tengan efectos secundarios. El más negativo es el carácter algo regresivo de las rebajas fiscales: “Benefician más a las rentas altas y drenan recursos que podían haberse utilizado para financiar más ayudas directas a los colectivos más necesitados, y además corren el riesgo de no llegar a los bolsillos de los consumidores si son capturadas por las empresas de producción, distribución y comercialización”, critica Daniel Fuentes, director de Kreab Research. Los análisis preliminares del Banco de España apuntan que será efectivo para contener la inflación (y, por lo tanto, para evitar la tentación del BCE de excederse con las subidas de tipos), pero inciden en su carácter antirredistributivo. El economista Manuel A. Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, cree que el plan es un “sí, pero no”: tiene la ventaja de ser factible políticamente y de actuar con rapidez, pero está poco focalizado y tiene efectos regresivos. “No se entiende la rebaja de IVA de los combustibles; sí es más comprensible la de los alimentos y la electricidad”, apunta. Talavera añade que, más allá de los condicionantes políticos, “desde un punto de vista económico hubieran sido preferibles medidas más enfocadas a proteger a los más vulnerables, pero cuestan más de diseñar y de activar”. Las rebajas fiscales, en fin, reducirán la inflación, “pero benefician más a las clases medias-altas y una parte las capturan los márgenes empresariales, no los bolsillos de los ciudadanos”, resume el exsecretario de Estado Nacho Álvarez. “Habría sido preferible dejar para más adelante las reducciones de impuestos, y solo aplicarlas en caso de que de veras fueran necesarias, y dar prioridad a la gratuidad del transporte público y al tope del gas, invitando a otros socios europeos a que hagan lo mismo”, sostiene.

4. Políticas de rentas. El Gobierno de Sánchez aprobó una reforma de pensiones y una reforma laboral en su primera legislatura. Implantó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y subió el salario mínimo, algo que ha logrado hacer también en la segunda legislatura. Pero en siete años ha sido incapaz de sacar adelante la mil veces prometida reforma fiscal. La presión fiscal española es claramente inferior a la media de la UE, según todos los organismos internacionales. La redistribución del sistema impositivo es también inferior a la de los grandes países europeos, según destacan todos los análisis de la OCDE, del FMI y de la Comisión Europea. Y el plan contiene, básicamente, rebajas fiscales, cuando había otras medidas en la caja de herramientas de la política económica. “Es paradójico que ese paquete se parezca tanto a los de otros países con Gobiernos mucho más conservadores que el español”, apunta Raymond Torres, que pertenece al Consejo de asesores del Ministerio de Economía que dirige el flamante vicepresidente Carlos Cuerpo (aunque ese plan parece más obra de La Moncloa que de su ministerio). Álvarez, profesor de Economía de la Autónoma de Madrid, añade que el Gobierno se guarda un as en el manga: “El Ejecutivo se reserva la posibilidad de practicar una verdadera política de rentas si hay abusos en los márgenes empresariales”. Competencia ha recibido el encargo de examinar de cerca esas situaciones, como en otros países. Eso no suele funcionar: no funcionó en 2022, por ejemplo.

5. Alivios para las crisis y redes públicas de seguridad. Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, asegura que hubiera sido más prudente esperar y ver, ir con un poco más de sosiego, a juzgar por la incertidumbre radical relacionada con los desarrollos bélicos, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y sus efectos sobre los mercados del petróleo y del gas. El impacto ha sido inmediato en las gasolineras y la factura de la luz en toda Europa, pero aún están por ver los efectos secundarios sobre las cadenas de valor y las industrias más dependientes de la energía. “Los riesgos geopolíticos han tomado un protagonismo inusitado en el diseño de las políticas económicas. Y es casi imposible mapear bien esos riesgos, lo cual puede inducir a errores. A pesar del capitalismo globalizado, nos hemos acostumbrado a que los Gobiernos actúen de inmediato con estímulos anticrisis. De esa manera los agentes económicos tienen pocos incentivos para incorporar esos riesgos en sus análisis: saben que el Estado siempre saldrá al rescate". “Y es normal que el Estado actúe, sobre todo para proteger a los colectivos más desfavorecidos, pero me temo que estos planes provocan gigantescas capturas de rentas por colectivos y empresas que no son precisamente desfavorecidos”, advierte. Toda la literatura académica coincide en que estos paquetes deberían ser más selectivos y más focalizados, pero las dificultades técnicas siguen siendo, aparentemente, extraordinarias. “No hay Inteligencia Artificial que valga”, ironiza Costas.

6. Medidas más radicales. La gran mayoría de las fuentes consultadas considera contraproducentes algunas de las propuestas del ala izquierda del Congreso, en especial los topes de precios o las nacionalizaciones. Pero hay también unanimidad respecto a la rebaja generalizada de impuestos propuesta por el PP, que incluía algunas de las medidas del decreto, pero también una rebaja del impuesto sobre la renta. La ventaja del bajar el IVA es que se amortigua la subida de la inflación: si el objetivo en Bruselas y en la gran mayoría de las capitales es contener los precios para evitar subidas de los tipos de interés (que aún así llegarán, si no en abril en junio), tiene sentido usar esa parte de la caja de herramientas. Pero tocar el IRPF no reduciría la inflación. Y añadiría estímulos a la demanda, y por consiguiente futuras subidas de precios, y más presión para el BCE, según los expertos consultados.