Un exalcalde popular de Maracena, investigado por prevaricación y malversación de fondos públicos

El 21 de febrero de 2023, Vanessa Romero, concejala socialista del Ayuntamiento de Maracena (Granada, 22.294 habitantes), fue retenida contra su voluntad durante un par de horas por Pedro Gómez, expareja de Berta Linares, entonces alcaldesa socialista. Gómez, con problemas de salud mental según se conoció después, la metió en su coche a la fuerza y se la llevó a un garaje en Armilla (Granada), donde la dejó maniatada en el vehículo mientras él iba a buscar cosas que necesitaba. Ella consiguió liberarse y allí acabó el secuestro. Pero no la historia, que aún no se ha acabado. Continúa en los juzgados, porque el presunto secuestrador, a pesar de haber sido detenido prácticamente in fraganti, sigue a la espera de un juicio, que ya se ha retrasado varias veces y que ahora tiene fecha para noviembre. Y también continúa en la política, donde ha escrito numerosos capítulos. El más relevante fue provocar la renuncia de la entonces alcaldesa más tarde, tras las elecciones municipales, lo que llevó al PP a la alcaldía. Diez meses después, una moción de censura puso de nuevo al PSOE en el poder local. El último capítulo acaba de conocerse: un juzgado ha abierto diligencias contra ese exalcalde popular, Julio Pérez Ortega, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos entre junio de 2023 y abril de 2024, periodo en el que gobernó.

La denuncia que da lugar a esta investigación judicial parte del Ayuntamiento maracenero, en los últimos meses de 2025, ya con el PSOE gobernando. Según la documentación recopilada por el equipo de gobierno socialista, Julio Pérez habría solicitado a un técnico municipal la suscripción online a una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales. Una vez suscrito, como muestra un informe municipal consultado por este diario, quienes tenían acceso a ese portal realizaron más de 90 consultas, entre las que se incluían la exalcaldesa socialista, el actual concejal de Recursos Humanos, el presunto secuestrador y muchas más empresas y personas. Según la denuncia, las búsquedas incluyen “personas ajenas a cualquier expediente administrativo en trámite” y a miembros de la entonces oposición. Los resultados de esas búsquedas, también según la literalidad de la denuncia, no se usaron para ningún trámite oficial: “No consta registrado ninguno de los documentos, ni su incorporación a expediente alguno, por lo que no existe soporte que dé cobertura al documento o informe generado que constituye el objeto de las distintas solicitudes recogidas”. El coste de estas búsquedas alcanzó los 2.375,65 euros.

El juzgado también investiga al exalcalde popular por contratar una abogada para personar al Ayuntamiento como acusación particular en el caso del secuestro. En este caso, el problema aparente es doble: el modo en el que contrató a esa letrada y la insistencia en personarse como acusación particular a pesar de que un juzgado lo rechazó por “carecer de legitimación” para ello.

Según la denuncia, el pleno en otoño de 2023 aprobó de forma mayoritaria estudiar la posible personación del consistorio en todo lo relacionado con el secuestro, además de otra investigación sobre un fallecido en la piscina municipal el verano de ese año. Pero eso requería un trámite municipal que incluía dictamen de los servicios jurídicos y algunos otros trámites que, aparentemente, el entonces alcalde se saltó: “Prescinde del acuerdo y directamente sin informe jurídico ni ningún otro trámite o procedimiento, acuerda personalmente la personación y contratación letrada”, relata la denuncia aceptada por el juzgado.

La contratada fue Bárbara Royo, abogada de Madrid, que presentó una hoja de encargo de 12.100 euros, para estudiar las posibles actuaciones, la personación y la estrategia a seguir. Cualquier procedimiento judicial posterior se facturaría aparte. Meses después, un juzgado negó esa petición. No obstante, el despacho legal cobró su minuta en abril. Por este asunto, el Ayuntamiento de Maracena acusa al exalcalde de malversación y prevaricación, dictar actos administrativos injustos a sabiendas.

No fue hasta pasados tres meses del secuestro de la concejala socialista aquel 21 de febrero de 2023, cuando comenzaron las repercusiones políticas reales. El sumario judicial se mantuvo secreto hasta tres días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Ahí se conoció que se investigaba a la entonces regidora, a uno de sus concejales y al que fuera alcalde socialista —con fuerza en su partido—, Noel López. Aquello quedaría con el tiempo en nada, pero en los comicios de aquel domingo, el PSOE ganó sin mayoría absoluta, que era lo que esperaban. Berta Linares se bajó del carro y las derechas consiguieron mayoría para gobernar esos 10 meses. Cuando las investigaciones contra los socialistas quedaron en nada, la izquierda local encontró el momento para tomar la alcaldía, donde sigue en este momento.

Al norte de la provincia, en Baza, el PP también tiene que dar explicaciones adicionales. En este caso, ante el Tribunal de Cuentas, que ha abierto “acción pública” —una investigación— contra el alcalde popular y tres concejales más en régimen de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento que, además, realizan tareas como ser gerentes, socios o administradores únicos de empresas o regentar una administración de lotería. La denuncia, interpuesta por el exalcalde socialista y ahora concejal Manuel Gavilán García, cifra el posible menoscabo a las arcas municipales en más de 345.000 euros.