Netanyahu considera “compañeros de armas” a Abascal y sus socios europeos
El Likud crea Patriotas de Jerusalén, la rama israelí de la internacional ultra que preside el líder de Vox


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, los considera “compañeros de armas”, pero los diputados de Vox no apoyarán los decretos aprobados este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra contra Irán que ha desatado su socio. Lo adelantó Santiago Abascal este lunes, mucho antes de conocer su contenido: “Nosotros no vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez”, dijo. “Lo hemos hecho en ocasiones que aparentemente son más difíciles”, argumentó, recordando que fue el único partido que votó en contra de la revalorización de las pensiones y que eso no parece haber afectado a sus resultados electorales. Vox se opone a cualquier medida que venga del Gobierno, incluso si coincide con sus demandas, y reprocha al PP cuando no hace lo mismo. Ni siquiera quiso participar en la ronda de consultas que realizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para escuchar las propuestas de la oposición antes de presentar las del Ejecutivo.
Esta vez, sin embargo, se trata de tomar medidas para proteger a colectivos a los que Vox ha pedido su apoyo en las últimas campañas electorales, como los agricultores, golpeados directamente por la escalada del precio de gasóleo provocada por el cierre del estrecho de Ormuz; o los pequeños comerciantes, presionados por el alza del coste del transporte. Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado a desmarcarse del ataque de EE UU e Israel contra Irán —“la mayoría de los españoles no queremos la guerra”, dijo el miércoles en la sesión de control al Gobierno—, Vox cierra filas con sus aliados: Benjamín Netanyahu y Donald Trump. “A nosotros nos parece que un mundo sin un régimen terrorista y criminal como el de los ayatolás es un mundo mejor”, zanja el debate Abascal.
El líder de Vox se ha zafado en las últimas semanas de las preguntas sobre las amenazas de Trump para hacerse con Groenlandia alegando que en su recorrido por los pueblos de Extremadura, Aragón o Castilla y León nadie le había preguntado por una isla remota cuya población es similar a la de Soria. Ahora no puede decir lo mismo de una guerra que afecta directamente a los bolsillos de todos los ciudadanos.
El exvicepresidente de la Junta castellana y leonesa por Vox, Juan García-Gallardo, ahora crítico con la dirección del partido, se preguntaba este lunes por qué Vox no se desmarca de Netanyahu. La respuesta es fácil: porque han sellado una alianza. El pasado 25 de enero, una delegación de Patriots, el grupo ultra europeo del que forma parte Vox, fue recibida en Jerusalén por Netanyahu, quien saludó a sus invitados con el calificativo de “aliados y compañeros de armas“, además de ”hermanos y hermanas en la lucha decisiva por el futuro del mundo”. Y les agradeció “su firme y constante apoyo al Estado de Israel”.
El Likud, el partido del primer ministro israelí, fue admitido como socio observador de Patriots en la cumbre celebrada en febrero del año pasado en Madrid, a la que asistieron el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el neerlandés Geert Wilders, con el líder de Vox como anfitrión. Ahora se ha dado un paso más: durante la reunión que mantuvieron los ultras europeos con Netanyahu, la ministra de Cultura, Mirí Regev, presentó oficialmente al primer ministro la nueva Patriotas de Jerusalén, primera rama israelí de la organización internacional que preside Santiago Abascal.

El líder de Vox alegó motivos de agenda para no viajar a Jerusalén en enero con la delegación de Patriots, pero envió a dos representantes, los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, y saludó por vídeo a los asistentes a la segunda conferencia de combate al antisemitismo, que se hizo coincidir con el día en memoria de las víctimas del Holocausto. En su mensaje, Abascal dijo compartir con el Gobierno israelí “la defensa del mundo libre […] amenazado por el islamismo en alianza con la izquierda”; y cargó contra la Corte Penal Internacional, que ha dictado una orden de arresto contra el primer ministro israelí y los líderes de Hamás por crímenes contra la humanidad.
El anfitrión de la conferencia fue Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y contra el Antisemitismo, que se ha encargado de tejer las relaciones de Israel con la extrema derecha europea y participó en marzo de 2024 en el mitin con el que Vox lanzó su campaña para las elecciones europeas. Chikli, a quien muchos ven como posible delfín de Netanyahu, había recibido en Israel al líder ultra español en diciembre de 2023, en plena ofensiva contra la franja de Gaza, en represalia por el ataque terrorista del 7 de octubre. Abascal volvió a Jerusalén en mayo de 2024, pocos días después de que España reconociera al Estado palestino, para prometer al primer ministro israelí que revertiría esta decisión si llega al Gobierno.
En España, Vox se ha convertido en el abogado de las demandas de Netanyahu. En marzo de 2025 condicionó su apoyo a los presupuestos de la Comunidad Valenciana a que se retirase la subvención de 600.000 euros anuales que se concedía a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). El entonces presidente Carlos Mazón cedió.
En abril de 2024, el diputado ultra Carlos Flores exigió en el Congreso que España suspendiera la entrega de fondos a esta agencia de la ONU que atiende a casi seis millones de refugiados en Oriente Próximo. En noviembre del mismo año, Jorge Martín Frías, eurodiputado y presidente de la fundación Disenso, que preside Abascal, pidió en el Parlamento europeo que la UE no solo cerrara el grifo de la ayuda sino que clasificara a la UNRWA como “organización terrorista”. Se basó en las denuncias de Israel sobre la implicación de empleados de la ONU en el ataque terrorista de Hamás de octubre de 2023. Israel nunca presentó pruebas de esa implicación y la investigación interna de Naciones Unidas la descartó, más allá de algún caso individual, pero Netanyahu prohibió por ley las actividades de la UNRWA.
La beligerancia de Vox contra la agencia de la ONU fue aplaudida por ACOM (Acción y Comunicación Oriente Medio), un lobby que promueve en España los intereses del ultranacionalismo israelí. Uno de sus fundadores es el empresario David Hatchwell Altaras, presidente de la Fundación Hispanojudía y donante de la campaña electoral de Netanyahu en 2014, según la Intervención General de Israel. En 2019, Hatchwell publicó en la web de ACOM un artículo en el que defendía a Vox de las críticas de periodistas e intelectuales judíos que lo habían clasificado como partido de extrema derecha y negaba que fuera antisemita.
El exdirigente de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta cobraba 1.000 euros netos al mes de ACOM en concepto de asesoría jurídica y otros 3.000 de una fundación hispanojudía antes de incorporarse al Parlamento europeo, según figura en su declaración de intereses. Girauta representó a Vox en la primera edición de la Conferencia de Combate contra el Antisemitismo, junto a los también eurodiputados Hermann Tertsch y Mireia Borrás, aunque el protagonista de la cita fue el delfín de Marine Le Pen al frente de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella. No es esa la única vinculación: Rosa Reigia, vicepresidenta de ACOM, ha sido responsable de Relaciones Institucionales de Disenso, la fundación de Abascal.
Pese a las vinculaciones entre el lobby y el partido, a veces se producen disonancias: en 2021 ACOM pidió el cese de Jordi de la Fuente, vicesecretario de Organización del partido ultra en Barcelona, por su militancia durante años “en formaciones antisemitas y xenófobas” y su pasada colaboración con el grupo proiraní libanés Hezbolá, aunque guardó silencio cuando fue ascendido a secretario general de Solidaridad, el brazo sindical de Vox. Ahora, mientras el partido de Abascal levanta la bandera de la libertad de expresión para oponerse a cualquier censura de los mensajes de odio en las redes sociales, ACOM ha presentado una batería de acciones legales contra periodistas de distintos medios (TVE, elDiario.es, La Sexta) a los que acusa de participar en “campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio” contra la comunidad judía por sus críticas al empresario Hatchwell.
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