Aragón llega tarde a las Zonas de Bajas Emisiones

La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Aragón arrastra un evidente retraso. Pese a que la normativa estatal fijaba 2023 como límite para que las ciudades de más de 50.000 habitantes activaran estas áreas, el 31 de marzo de 2025 ninguno de los municipios aragoneses afectados habían instaurado sus restricciones al tráfico. Es la principal conclusión de un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicado el pasado 26 de febrero, que pone bajo la lupa la gestión en Zaragoza y Huesca, las dos ciudades de la comunidad obligadas por ley. La fiscalización abarca desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025, por lo que deja fuera los movimientos más recientes.

En Zaragoza, el Ayuntamiento activó el pasado 12 de diciembre la fase final de su ZBE, un proyecto que hasta entonces funcionaba de forma informativa y sin multas. Sin embargo, el escenario cambió poco después. A finales de febrero, el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PP y Vox para la capital limitó el alcance de la medida. Como parte del pacto, los populares aceptaron que las restricciones solo entren en vigor ante episodios puntuales de alta contaminación, renunciando así a un control permanente.

En el caso de Huesca, la ordenanza empezó a aplicarse el 7 de enero. Su diseño permite el acceso de cualquier vehículo, sin importar su distintivo ambiental, y confía su gestión a un sistema de autorizaciones previas y el control mediante cámaras. De este modo, ninguna de dichas zonas estaba en funcionamiento durante el periodo analizado por la Cámara de Cuentas. “A 31 de marzo de 2025, en ninguno de los municipios analizados había entrado en funcionamiento la ZBE”, subraya el informe, que concluye que ambos consistorios “incumplieron el plazo que señala la Ley 7/2021” para el establecimiento de estas áreas antes de 2023.

Pero el problema no se limita al calendario. El órgano fiscalizador señala “debilidades” en el diseño de las medidas, especialmente en la capital aragonesa. “El Ayuntamiento de Zaragoza no ha definido un procedimiento de seguimiento y revisión de cumplimiento de objetivos. Tampoco se ha definido, por ninguno de los ayuntamientos fiscalizados, un procedimiento de seguimiento de evolución de la calidad del aire ni del ruido en zonas colindantes”, apunta el texto que incide en que la capital no ha analizado la “coherencia” del proyecto con “los instrumentos de calidad del aire o los relacionados con el cambio climático”.

La Cámara también advierte sobre las excepciones recogidas en los planes: “Ambos proyectos incluyen excepciones a vehículos contaminantes con carácter permanente que no constan suficientemente justificadas”. Esta permisividad, especialmente acusada en Zaragoza, podría comprometer la eficacia de las medidas. El texto es claro al respecto: el volumen de vehículos exentos de las restricciones podría “condicionar el cumplimiento de los objetivos”.

Críticas de la oposición

El concejal socialista y portavoz de Medioambiente y Movilidad, Chema Giral, ha señalado a EL PAÍS que el informe “viene a redundar y reforzar” la situación que llevan tiempo denunciando desde la oposición sobre una ZBE que “no existe de forma efectiva”. “La Zona de Bajas Emisiones establecida coincide con el Casco Viejo, donde la mayoría de las calles ya son peatonales. Se trata de un diseño muy escueto que deja para 2030 una ZBE en condiciones normales y mucho más amplia”.

Además, Giral critica las numerosas excepciones por las que solo se restringe a los vehículos que no tienen etiqueta medioambiental. “Esto supone que un coche de hace 30 años puede entrar por la ZBE con tal de que salga antes de 15 minutos”, detalla antes de poner el foco en lo que considera “lo más grotesco”: el régimen sancionador.

“La empresa que logre el contrato del estacionamiento regulado se encargará de instalar las cámaras para vigilar la ZBE. Este contrato no se adjudicará hasta verano y a partir de ahí hay un plazo de nueve meses para instalarlas, por lo que vamos a estar sin ellas hasta entonces”, resume con indignación.

En el Ayuntamiento contraponen que estudiarán las recomendaciones del informe para la capital, antes de asegurar que la ZBE vigente en la ciudad “cumple con los objetivos de la Ley de Cambio Climático y el Real Decreto correspondiente”.

Parque móvil contaminante

En sus conclusiones, el documento señala que ninguno de los municipios analizados supera los niveles límite de contaminación. Por ese motivo, añade, “solo están obligados al establecimiento de las ZBE los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza conforme al artículo 14 de la Ley de Cambio Climático”, que afecta a las urbes de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, la publicación pone de relieve la situación del parque automovilístico en ambas ciudades. En la capital aragonesa, alrededor del 95 % de los vehículos pertenecen a categorías contaminantes ―sin etiqueta ambiental o con distintivos B y C—, mientras que en Huesca el porcentaje alcanza aproximadamente el 98 %.

La obligación de implantar las ZBE deriva nace de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España. Esta obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas donde se restrinja, de forma progresiva, la circulación de los vehículos más contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones asociadas al tráfico.