La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González y más de 180 millones de multa para el BBVA por contratar a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. Según confirman fuentes jurídicas, el ministerio público da este paso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalase el pasado febrero sentar a González en el banquillo junto a la propia entidad financiera (para la que pide una multa de 181,1 millones de euros) y a otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco y al antiguo alto mando de la Policía Nacional.

El escrito del ministerio público, según detallan fuentes jurídicas, solicita para Francisco González las siguientes penas de prisión: cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho activo; y otros 168 años de reclusión por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos (cuatro años de castigo por cada uno de ellos).

Por su parte, Anticorrupción también desgrana en su escrito de acusación, fechado el 10 de marzo y firmado por la fiscal Elisa Lamelas, la sanción económica reclamada para el BBVA como persona jurídica: una multa de nueve millones de euros por un delito de cohecho (a razón de 5.000 euros al día durante cinco años); y otra multa de 172,8 millones de euros por 48 delitos de relevación de secretos (a razón de 5.000 euros al día durante dos años por cada uno de estos).

Fuentes del ministerio público detallan que la petición de penas acumulada resulta tan alta porque el delito de revelación de secretos no admite la continuidad delictiva; y añaden que, independientemente de la suma total de años que se imponga finalmente en el juicio a González si resulta condenado, el máximo de cárcel que se cumple es el triple de la pena más grave que se decrete por cada uno de los delitos que se le atribuya.

El juez instructor Manuel García-Castellón finalizó en 2024 sus pesquisas sobre esta parte del caso Villarejo. El magistrado propuso entonces juzgar al BBVA y a 12 personas (entre ellas, a González y al comisario) al considerar que existen suficientes indicios de que el banco, por orden expresa de su entonces presidente, se hizo con los servicios del policía para que ejecutase distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016. González dejó la cúpula de la entidad financiera en 2018.

El pasado febrero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos presentados contra la decisión del juez de sentar en el banquillo a los sospechosos. El tribunal avaló así la tesis del instructor, que había puesto especialmente el foco en Francisco González. García-Castellón concluyó que los audios intervenidos “ponen de manifiesto” que el entonces presidente del BBVA “conocía y autorizó las ilegales actividades” desplegadas por Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo. El juez añadió sobre el banquero: “Siendo él la persona que recibía los informes elaborados [por la trama]”.

A su vez, para señalar la responsabilidad del BBVA, el magistrado García-Castellón señaló que la entidad financiera no había “ejecutado” durante esos años “el programa de prevención penal” porque eso habría impedido “ejecutar lo mandado por el presidente”. La Sala de lo Penal, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, también consideró que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco sobre los presuntos proyectos de espionaje: “El sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos no era eficaz y dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que fue lo que permitió que personas físicas que ocupaban esos puestos cometieran delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA”.

Otros acusados

Además de para González, Anticorrupción pide penas para otras 10 personas físicas. El encausado para el que la Fiscalía reclama mayor castigo de cárcel es el exjefe de Seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano, antiguo comisario de la Policía Nacional y considerado el enlace entre el banco y Villarejo. En su caso, el ministerio público reclama 243 años de prisión al sumar al delito de cohecho activo y 47 de descubrimiento y revelación de secretos de particulares otro de corrupción en los negocios.

Para el propio Villarejo la pena solicitada es de 174 años, la misma sanción que se reclama para el abogado Rafael Redondo, su socio en la empresa Cenyt, epicentro de la investigación. Para uno de los supuestos colaboradores de ambos, el antiguo policía Antonio Bonilla, la Fiscalía pide 43 años.

Respecto a los antiguos directivos del BBVA, el ministerio público pide 29 años y medio de prisión para Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad. Para Antonio Béjar, ex jefe de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), reclama 27 años, la misma pena que para José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco. Para Eduardo Ortega, quien fuera director de los servicios jurídicos, la pena solicitada es de 26 años y medio. Mucho mayor es la petición para Óscar Santos, empleado de la entidad que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el policía jubilado ya estaba en prisión provisional. Para este trabajador reclama 43 años de cárcel.

El único de los procesados al que no acusa la Fiscalía es Ángel Cano, ex consejero delegado del banco, para el que solicita el sobreseimiento provisional, al considerar que han prescrito los delitos que se le imputaban. No obstante, Cano tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, ya que varias de las acusaciones personadas sí piden penas de prisión para él (de hasta 30 años y medio de reclusión).