Catalá recurrirá contra el Ministerio de Transportes para no perder 20 millones de fondos europeos por incumplir el plazo

El Ayuntamiento de València iniciará acciones judiciales contra el Gobierno después de que el Ministerio de Transportes haya desestimado ampliar los plazos de ejecución de proyectos financiados con fondos europeos Next Generation por un importe de 20 millones de euros como había solicitado el consistorio. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha denunciado que la resolución ministerial se debe a motivos “políticos y no técnicos”, pues no aplica los mismos criterios para aprobar prorrogas en la ejecución de estos proyectos europeos que sí hacen otros ministros del Gobierno como el de Hacienda o el de Transición Ecológica tras la dana.

Carbonell ha denunciado que la resolución del ministerio que ha llegado al Ayuntamiento cita artículos que no se corresponden con la convocatoria de las ayudas europeas aplicable a este caso que es la del año 2022, y además no aporta el informe técnico sobre el que dice justificar la denegación de la ampliación de los plazos.

El paquete de ayudas de 2022 por valor de casi 20 millones de euros está vinculados a la ejecución de 13 proyectos, de los que quedan por ejecutar 3 millones correspondientes a la reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta (1,8 millones de euros) y los carriles bici de la avenida Gaspar Aguilar y San Vicente (1,2 millones de euros). El nivel de ejecución de los 13 proyectos de la convocatoria de 2022 que contaban con ayudas de la UE están ejecutados en un 85%.

“El Ministerio de Transportes se contradice consigo mismo porque en el mismo paquete de ayudas (convocatoria de 2022) sí que concedió prorrogas de 12 meses para determinados carriles bici que ahora deniega”. Además, Carbonell ha recordado que los proyectos sobre los que el ministerio amenaza con retirar las ayudas europeas “estuvieron casi dos años en los cajones del anterior gobierno municipal corriendo los plazos para su ejecución”.

Según Carbonell, las ayudas sobre las que cuestiona los plazos el departamento de Óscar Puente no tienen que ver con la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pues las ayudas no están sujetas a que esté operativa. Y no descarta volver a presentar un proyecto de ZBE que tratará de consensuar primero con Vox, socio de coalición de gobierno, que ya se negó a apoyarlo en 2025. El PP rechazó un proyecto alternativo presentado por los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV en diciembre pasado.

De momento, Carbonell ha anunciado un requerimiento previo a la vía judicial contra el Ministerio de Transportes por denegarle la ampliación de plazos para la ejecución de los fondos europeos.

La resolución por la que se desestima la solicitud de prórroga de la ampliación de plazos que ha formulado el consistorio se basa en un informe técnico “al que no nos dan acceso y que nos genera indefensión porque desconocemos cuales son los términos”.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha pedido la dimisión de Carbonell por su gestión de los fondos. “Estamos ante una gestión irresponsable, desastrosa y temeraria del gobierno de María José Catalá que, como advertimos, puede acabar costándole a València más de 150 millones de euros si se suman todas las ayudas que recibe la ciudad vinculadas a la ZBE”.

De momento, ha añadido Robles, “sabemos que el Ministerio está reclamando los primeros 20 millones de euros por no cumplir ni los plazos de ejecución de cinco proyectos de obra ni la obligación de contar con una ZBE”.

La concejala socialista Elisa Valía ha insistido en la responsabilidad de la alcaldesa Catalá. “Fue su negacionismo climático lo que la llevó a paralizar durante dos años el proyecto de reforma de la avenida de Pérez Galdós en València y ahora no puede cumplir con los plazos. Porque quiso cambiar un proyecto que protegía la salud de las personas por otro que mejoraba la circulación de los coches”, ha denunciado la edil.

La socialista ha achacado a “la soberbia” de Catalá el no haber podido cerrar un acuerdo para la entrada en vigor de una ZBE en la tercera capital de España. “Una zona real y efectiva que proteja la salud de las personas y no sea simplemente un engaño al ministerio como ella misma ha dicho”, ha subrayado Valía. “Lo que tiene que hacer es no buscar culpables fuera, salir y dar la cara ante los ciudadanos y asumir que todos los millones que nos está costando esto a la ciudad de Valencia es su responsabilidad”, ha concluido.