Compromís y PSPV exigen una Zona de Bajas Emisiones en Valencia eficaz contra la contaminación y sin cesiones a Vox

La oposición en el Ayuntamiento de Valencia al gobierno de PP y Vox han exigido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que reduzca la contaminación en la ciudad y no haga cesiones al negacionismo de Vox, que después de aprobar una de las ordenanzas más laxas de España en comisión, acabó rechazándola en el pleno del pasado martes. Valencia, una de las grandes capitales españoles se quedan a un mes de que entrase en vigor, sin ninguna regulación al respecto. Ambos grupos municipales han pedido la dimisión del concejal de Movilidad de la capital, Jesús Carbonell, por su incapacidad para sacarla adelante y porque su caída puede hacer perder a la capital más de 100 millones de euros de fondos europeos.

“No podemos negociar una ZBE con quien reabre Colón al tráfico indiscriminado o no elimina el túnel de Pérez Galdós”, asegura la portavoz de Compromís per València, Papi Robles. A su lado, el concejal Giuseppe Grezzi ha pedido explicaciones al concejal de Movilidad sobre el escenario que plantea ahora el Ayuntamiento, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

El PP y Vox, que gobiernan en coalición la ciudad, negociaron hace meses una ZBE de mínimos respecto al perímetro en que se iba a aplicar, que dejaba fuera barrios como San Marcelino, San Isidro o el marítimo, además de permisiva con los vehículos más antiguos, los que tienen la etiqueta A, que son los que más contaminan.

Según Robles, el rechazo a la ZBE “es terrorífica para la salud de las personas y para la salud financiera del Ayuntamiento”. “El problema de la ZBE de Catalá es de concepto, no de objetivos concretos, porque no iba a servir para reducir las emisiones contaminantes ni mejorar la vida de la ciudadanía, sino que solo planteaba restricciones sin ofrecer alternativas, como un transporte público potente y eficiente”, ha explicado la regidora valencianista. “En ocho años de gobierno de Compromís el tráfico se redujo un 14% mientras crecía la economía; en dos años de Catalá ya ha aumentado un 5,1% y se producen 150.000 desplazamientos más al día dentro de la ciudad”, ha recordado Grezzi.

La portavoz de Compromís ha advertido del enorme agujero económico que supondrá no sacar adelante la ZBE: “Podrían perderse hasta 135 millones de euros, un 10% del presupuesto municipal. Es una auténtica barbaridad”.

Grezzi ha añadido que se perderán las ayudas directas de los fondos Next Generation, las subvenciones al transporte y las compensaciones por la gratuidad, además de las sanciones que pueden llegar de Europa o del Estado por incumplir la normativa sobre la ZBE. En cuanto a los plazos, el edil ha insistido en que si cambia sustancialmente, “tendrá que reiniciar todo el proceso, lo que significa que no llegará a tiempo para entrar en vigor cuando lo marca la ley”.

El corredor verde, condición innegociable

El portavoz socialista Borja Sanjuan y la concejala María Pérez han manifestado la disposición de sus formación a sentarse a dialogar con el equipo de gobierno del PP para lograr una ZBE “real y efectiva”. Sin embargo, han puesto como “condición innegociable” que dicha ordenanza “cumpla con la normativa europea y esté diseñada para reducir realmente la contaminación en la ciudad” así como que “se garantice que el Corredor Verde no permitirá la circulación de vehículos privados”.

Ambos ediles han insistido en que Valencia “no puede permitirse perder 115 millones de euros en financiación europea, pero tampoco puede permitirse mantener los niveles de contaminación actuales que amenazan la salud pública”, ha advertido Pérez.

Los socialistas han recordado que tanto la Generalitat como el Síndic de Comptes “han advertido de que la actual ordenanza es poco ambiciosa y que no se ajusta a los objetivos europeos”. Además, ha subrayado que estudios recientes de la Universitat Politècnica de València “muestran que más del 40% de los puntos de medición de calidad del aire en la ciudad superan los niveles actuales permitidos, y que prácticamente todos excederían los límites marcados por la nueva directiva europea ya aprobada”.

Sanjuan ha puesto sobre la mesa “la necesidad de endurecer los plazos, limitar más tipos de etiquetas contaminantes —especialmente las B—, y reducir las excepciones a criterios objetivos como la renta, para que la ZBE no solo evite sanciones, sino que tenga un impacto real en la calidad del aire”.

El portavoz del PSPV ha subrayado que esta negociación “debe cerrarse de forma inmediata, ya que los plazos legales para aplicar la ZBE vencen a finales de año”. “Si no se cumplen nuestras condiciones y no se garantiza que el Corredor Verde será completamente libre de tráfico, esta ciudad perderá financiación, perderá salud y perderá una oportunidad histórica para avanzar en sostenibilidad”, ha afirmado.