“Desolación” y “ruina” en los pueblos de los incendios del verano en Zamora y León

Un eterno paisaje tiznado alrededor de la carretera impide ubicarse en la ZA-111 por donde arrasó el fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) el 10 de agosto del año pasado, que acabó con la vida de dos personas y dejó 37.000 hectáreas quemadas. En ese lugar se produjo el mayor siniestro del verano, corroboran dos hombres que cortan madera de árboles quemados y la introducen en un remolque con las ruedas hundidas de tanto peso en Cubo de Benavente (Zamora, 115 habitantes). “¡Desolación… y ruina!”, exclama uno de ellos, Francisco Aparicio, de 57 años. “¡Ruina… y desolación!”, remacha Gabriel, su hermano, de 64. La frustración por la devastación del fuego impera en unos pueblos marcados por el fuego, que ya acusaban la despoblación y un sentimiento de abandono por parte de las administraciones.

Los incendios —que en su conjunto causaron cinco muertes y 143.880 hectáreas arrasadas en verano en Castilla y León—, se debieron, según la Junta, a condiciones climatológicas extremas que los hicieron “inextinguibles” y a que el fuego “no entiende de fronteras administrativas”. Este es el guion oficial de la administración competente de la política forestal. Sin embargo, el debate sobre las políticas de prevención y la emergencia climática en esa comunidad autónoma se ha reavivado con la campaña electoral del 15-M, después de múltiples manifestaciones y la petición de dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del responsable de Políticas Forestales, José Ángel Arranz.

“Se nos quemó una nave de 4.000 metros cuadrados y solo nos han bajado el IBI, no hemos visto un euro”, lamenta Francisco, motosierra en mano. Gabriel enumera pérdidas: “Murieron caballos, conejos, gallinas, se quemaron aperos, un tractor… ¡Y dos jamones!”. Pero él, teniente de alcalde de su pueblo, apechuga: “Yo votaré al Muñeco [Alfonso Fernández Mañueco], soy del PP y tendré que votar al PP”.

Sara Andrés, de 67 años y un añejo Renault 6, asegura que ha visto más acción de vecinos de edad sacando madera que de personal de la administración: “Después de tanto decir, aquí no ha venido nadie. Van llegando ayudas, los 500 del desalojo, pero mucha gente lo ha cobrado sin haber estado, está fuera de tono”, critica.

La Junta, competente en gestión forestal, se comprometió en verano a destinar “más de 100 millones de euros”, a los que ha añadido subvenciones posteriores, con varios conceptos clave: 500 euros para los evacuados, apoyo para quienes perdieron inmuebles o viviendas en función de su valía, sufragar las estancias fuera de casa a quienes debieron pasar varios días fuera o su inmueble quedara inutilizado y partidas para los ganaderos por un máximo de 18.000 euros, cifra criticada por el sector porque muchos sufrieron pérdidas mayores. El Gobierno central declaró como zona catastrófica buena parte de las áreas carbonizadas, lo cual conlleva fondos públicos para cubrir diversos daños, mientras que el Ministerio de Agricultura aportó hasta el 20% de los ingresos de 2024 a los perjudicados y un total de 27,84 millones para los perjudicados por el fuego a escala estatal. Portavoces de la Consejería de Medio Ambiente estiman que ya se ha efectuado un pago de “unos 50 millones” de fondos públicos procedentes de ese departamento de la Junta.

En la carretera, cuatro corzos saltan hacia los brezales, regados por las últimas borrascas. El subconsciente devuelve al incendio: el crepitar, tensión, descontrol, tos y mucosas negras, ceniza en el pelo… Pero es solo una quema de rastrojos en Nogarejas (León, 260 habitantes). Alberto Santos, de 70 años, recuerda días horribles “sin nada de prevención” donde ardió un pinar cercano, aunque el pueblo se salvó. “He pedido permiso para quemar, está esto para bromas”, ironiza, pues muchos labriegos prenden restos sin licencia. Santos ríe al preguntarle por los políticos. La calzada tira hacia Castrocalbón y presenta a Miroslav Ivanov, junto a una máquina que levanta árboles cortados y chamuscados. “Mucha madera se quemó, mucho animal; pero es lo que hay”, musita el emigrante búlgaro entre postes de luz caídos, con cables como lianas y maderas primero carcomidas por el fuego y ahora por la humedad.

Gaspara Franco, de 75 años, pasea por Felechares de la Valdería (140 habitantes), donde las llamas rondaron las casas y dos ardieron. “La palabra es desolación; los labradores no han recibido nada y se les quemó la maquinaria”, censura, con un apunte electoral: “Mi familia es socialista, pero votará a Vox”. Nacho Martín, de 43, usa “devastación” sobre sus recorridos entre comarcas abrasadas. Bombero forestal, lidera SOS Wildfire, una ONG de apoyo para zonas desfavorecidas en llamas. Jamás imaginó que su León tendría miserias vistas en Perú o Bolivia. “Somos dos mindundis y estamos haciendo más que la Junta cuando deberíamos ser anecdóticos”, reprocha, porque actúan en pueblos que piden reforestaciones, formación ante incendios o equipamiento básico. La asociación aspira a encargos más amplios de la Junta “pero piden adelantar el dinero y es muchísimo, así que acaban haciéndolo grandes empresas de amiguetes y la gente de los pueblos paga su descontento con nosotros”.

Martín enseña algunos de los 115 castaños, especie autóctona y resistente contra el fuego, que han plantado en Felechares cerca de los escombros de las casas. “La Junta hace cosillas para justificarse pero no invierte en utilidad. Nos fastidia que hagan cosas inservibles”, afea junto a Sergio Ballesteros, de 40 años, agente forestal e indignado alcalde pedáneo. “¡No han hecho nada de nada de nada!”, exclama molesto porque en agosto no hubo medios ni ahora hay avances pese al mantra de “los incendios se apagan en invierno”. La cuestión económica lo enfurece. Primero, se refiere a lo más general: “Me he negado a firmar las ayudas de quien no estaba aquí, el alcalde de Castrocalbón igual y lo han puesto a caer de un burro”. “¿Tú crees que cuando pasen las elecciones van a pagar algo? Sin elecciones sería como en la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, que no dieron nada”, reniega. Después, se refiere a un caso particular, el de su pareja, el apicultor Álvaro Lobato, quien sospechaba de una “compra de votos”, según contaba en su salón a EL PAÍS al mes del caos. El seguro estima pérdidas de 100.000 euros y la Junta le abonó 18.000, como a muchos autónomos dañados, pero no el perjuicio completo; el Ministerio de Agricultura, el 20% del beneficio de 2024. Insuficiente. Billetes morados aislados, en cambio, a tutiplén.

La brea prosigue hacia Luis Cenador, alcalde socialista de Castrocalbón (León, 900 habitantes). Él habla resuelto en un barrio arrasado en verano mientras muestra el armazón de un tractor, señala la iglesia cuyas ventanas se combaron por el calor, contempla los kilómetros del entorno azabache. Cenador ha denunciado a la Junta ante la Fiscalía por imprudencias y descoordinación y apostilla que “si gobernara el PSOE denunciaría igual, no hubo prevención ni gestión”. La denuncia recoge que sin esas negligencias “las gravísimas consecuencias de este incendio no habrían sido tales” e incluye el augurio de un agente forestal ante la falta de recursos: “No sabéis la que vais a preparar hoy aquí como no enviéis medios, la vais a liar gordísima”. A ocho kilómetros en línea recta, en Congosto, el fuego se llevó a Jaime Aparicio y Abel Ramos, dos voluntarios que seguían órdenes de un puesto de mando.

El regidor ha retirado el pago del IBI a los afectados. La Junta, eso sí, ha ido pagando algunas casas y reubicado a quienes perdieron el inmueble. “Algunos me han pedido que les firmara el papel de la evacuación aunque llevaba cuatro años sin pisar aquí”. “Pasó hace tres años en la Culebra, pasó en 2025 y volverá a pasar, no ha cambiado nada, queremos bomberos forestales en invierno con contrato todo el año”, desea Cenador. “Lo que no han hecho en 40 años no lo harán ahora”, augura. Mañueco, de un PP al mando desde 1987, ha prometido estabilizaciones profesionales y más medios, aunque el sector se queja de que solo afecta al personal autonómico y no al subcontratado, abundante y precario.

Bar en Castrocalbón. Un señor con boina y manos a la espalda contempla el curling, la petanca sobre hielo, en la tele. Tres ancianos en paz tras el susto del fuego no opinan. “Estamos con un pie aquí y otro allá”, “da lástima salir por el campo”, “no lo volveremos a ver”, musitan. Al lado se organiza la partida de tute. Ángel Barrio, de 58 años, asegura haber recibido 187.700 euros como indemnización más el alquiler del tiempo que pase fuera de su casa ardida. “Ha llegado todo, la política no me va y no se gestionó bien el incendio, pero ninguna queja porque las ayudas han ido rápido”, precisa, antes de volverse, pertinaz, a la luminosa tragaperras. Un señor, al despedirse, bisbea en el oído: “Se conoce que hay perras”.