La investigación de la muerte de un hombre en una atracción de feria de Vigo apunta al Gobierno de Caballero

La investigación del accidente que en 2024 costó la vida a Iván Castaño, de 32 años, cuando iba de pasajero en la atracción del Saltamontes y uno de los brazos del aparato se partió, ha dado un nuevo paso y amplía el foco judicial hacia el Ayuntamiento de Vigo. La jueza encargada de la instrucción ha citado a declarar como investigada para aclarar su posible responsabilidad en el caso a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento, Patricia Rodríguez Calviño. Además, la magistrada ha requerido que comparezcan como imputados el jefe de Área de Seguridad y Movilidad de la Policía Local, Antonio Vivero, y el perito encargado de la revisión anual de la atracción, Antonio López Álvarez.

En este procedimiento penal siguen implicados el dueño de la atracción, que declinó declarar en el juzgado; el presidente de la comisión de las fiestas, que descartó su responsabilidad en los hechos; y la propia comisión como responsable civil del accidente ocurrido en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando la víctima se precipitó desde el Saltamontes siniestrado y falleció posteriormente por las graves lesiones que sufrió.

Transcurrido todo este tiempo, el juzgado sigue indagando para determinar el grado de responsabilidad del Ayuntamiento. La jueza le ha requerido diversos informes y documentación para conocer qué medidas se adoptaron y concretamente si se llegó a prohibir el montaje del Saltamontes, dado de que este carecía de autorización municipal, pero no parece tener claro la apertura del expediente sancionador al dueño.

También desde el juzgado se requirió al Ayuntamiento para que explicase si había ordenado a la Policía Local que precintase la atracción, y que también se aclarase el hecho de que no hubiese un plan municipal de inspección de atracciones, o los motivos por los que se prohibió la instalación de este tipo de elementos en las fiestas del verano de 2025, un año después.

Tres días después del fatal accidente, el Gobierno municipal de Vigo confirmó a través de un comunicado que no se había autorizado el uso del Saltamontes, alegando que carecía de la documentación necesaria, y que así se había notificado tanto al propietario como a la comisión de fiestas. El propio alcalde Abel Caballero informó posteriormente que la Policía Local había inspeccionado la zona de la fiesta el día antes del accidente y que no había detectado actividad de esa atracción.

Los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron información y explicaciones de la concejal de Seguridad, y cuestionaron que la Policía Local no hubiera precintado la atracción si carecía del permiso. El PP denunció que esa misma atracción había funcionado unos días antes del accidente, en la parroquia de Beade, también sin autorización, por lo que solicitó la creación de una comisión de investigación. Pero la propuesta solo fue apoyada el BNG y rechazada por el grupo socialista, que argumentó que había que respetar la investigación judicial.

La oposición pide el cese

Nada más conocerse la citación como imputada de Patricia Rodríguez, la oposición en bloque ha pedido el cese inmediato de la concejala de Seguridad. La presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, ha señalado que esta decisión de la jueza de citar a la responsable municipal y al jefe policial del área de Seguridad “es de una extrema gravedad”. “Y es también la constatación evidente de la manifiesta negligencia con la que actuó este gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia de una atracción de feria que ni fue inspeccionada ni precintada por la Policía Local al carecer de autorización municipal para su montaje”, ha incidido Sánchez.

Ante la gravedad de los hechos, el PP ha pedido que Patricia Rodríguez sea apartada de sus cargos, porque “una persona que está siendo investigada judicialmente no puede bajo ningún concepto permanecer en su puesto ni un minuto más como si tal cosa”. En ese sentido, ha recordado que, además de las responsabilidades judicial, “hay una responsabilidad política, de la que la concejal no se puede escapar”.

Igualmente, han advertido al alcalde, Abel Caballero, de que tampoco puede “permanecer impasible ni en silencio”, y han pedido también que se aparte de sus funciones al jefe del área de Seguridad, y ha anunciado que, de no producirse esos ceses, presentarán una moción urgente.

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez, ha constatado que la citación de la edil socialista y del jefe de Seguridad reflejan que “hay indicios sólidos de responsabilidad municipal” en relación con el “control negligente”, por la falta de un protocolo municipal de inspecciones y de una instrucción clara para ordenar el precinto de esta atracción, que no reunía las condiciones, explicó.

El nacionalista ha ahondado en “la negativa reiterada” de Patricia Rodríguez a dar explicaciones de lo ocurrido a la oposición, lo que supone permanecer “537 días de un inaceptable silencio”. También reprochó el bloqueo del gobierno municipal a la creación de una comisión de investigación, por lo que considera que la concejal investigada “debe ser cesada con carácter inmediato”.

Pérez ha adelantado que el BNG prepara una moción de urgencia para exigir responsabilidades al gobierno municipal y volver a reclamar una investigación profunda sobre el caso que contribuya a aclarar los hechos y poner en marcha las medidas para evitar que un suceso así pueda repetirse.