Millones de euros públicos para premiar a los cazadores que matan jabalíes: así combaten las comunidades la expansión de la peste porcina

Frente a la amenaza de la peste porcina africana (PPA), y el brote detectado a finales de noviembre en Cataluña, millones de euros provenientes de los presupuestos públicos para premiar a cazadores por abatir jabalíes. Así consta en información pública de los gobiernos catalán, aragonés y valenciano consultada por EL PAÍS, y que refleja que en ese objetivo se invertirán más de cuatro millones de euros. No es la única estrategia para contener la expansión de la enfermedad por la vía de reducir la población de estos animales, considerados un vector potencial de contagio para las explotaciones porcinas. Se dan facilidades a los cazadores, al permitir, por ejemplo, el uso de visores térmicos. Y en regiones como Andalucía, Castilla León, Extremadura o La Rioja se han eliminado o flexibilizado los cupos de caza para esta especie, mientras que en Madrid la Consejería de Medioambiente ha fijado como objetivo la caza de 11.000 ejemplares durante esta temporada. Un plan de acción que ha desatado críticas de organizaciones ecologistas, que aseguran que la presión sobre el jabalí puede resultar contraproducente si no se abordan las causas estructurales del problema.

“Se trata de una medida excepcional, temporal y compensatoria por gastos derivados de la extracción y retirada de jabalíes, con finalidad estrictamente sanitaria y medioambiental para reducir el riesgo de propagación de la peste porcina africana”, justifica, por ejemplo, el gobierno valenciano, en el documento que arbitra los fondos para pagar a los cazadores.

En contraste, desde Greenpeace sostienen que la respuesta institucional se está centrando en el síntoma y no en la raíz del problema. “Estamos convirtiendo al jabalí en chivo expiatorio con el único objetivo de proteger a la industria del cerdo que ha crecido de una forma totalmente desmesurada y descontrolada en España y que es un sector altamente vulnerable ante las perturbaciones sanitarias”, afirma Luis Ferreirim, responsable de ganadería de Greenpeace España. A su juicio, la intensificación de la caza puede incluso agravar el riesgo sanitario: “Cuando los animales están bajo el estrés de la amenaza de caza, su tendencia es huir a otros territorios, lo que puede aumentar la dispersión de la enfermedad”.

Pese a estas advertencias, la expansión del brote ha llevado a las administraciones a actuar con rapidez, conscientes de que el sector porcino es uno de los pilares económicos de amplias zonas rurales y de que un salto del virus desde la fauna silvestre a las granjas tendría consecuencias altamente perjudiciales para la producción y las exportaciones. España es el principal productor de porcino de la Unión Europea y uno de los mayores exportadores del mundo, con un mercado especialmente sensible en Asia.

En este contexto, la Comunidad Valenciana dio luz verde a finales de 2025 a una partida de seis millones de euros para controlar la sobrepoblación del jabalí. La norma establece el pago de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural —entre el 1 de enero y el 15 de septiembre— hasta un máximo de dos millones de euros. Los cuatro millones restantes se destinan a la creación de una Unidad Logística para monitorizar la población y coordinar la retirada de animales, junto con protocolos de vigilancia pasiva y sistemas de captura como jaulas trampa.

Frente a eso, Laia Serra, portavoz de Ecologistas en Acción, pone el foco en el porqué de la expansión de los jabalíes. “Llevamos años denunciando la desprotección del lobo, que es el principal depredador de estos animales. No se puede matar al principal depredador y pretender que no pase nada”, apunta.

“Una de las principales medidas que consideramos que hay que tomar es precisamente hacer un acompañamiento al retorno del lobo como regulador ecológico. Que esta coexistencia sea posible”, destaca la portavoz de la organización que aboga, también, por una política de restauración ecológica que recupere el mosaico agroforestal y mejore la gestión de residuos para evitar que los jabalíes se alimenten de ellos.

Cataluña ―epicentro del brote tras la detección de la enfermedad en las proximidades de Cerdanyola del Vallès― ha redoblado su ofensiva contra esta especie. La Generalitat ha movilizado fondos y suprimido cuotas de caza como parte de su estrategia sanitaria. El Govern se ha marcado el objetivo de eliminar unos 60.000 ejemplares, casi la mitad de los aproximadamente 125.000 contabilizados en la comunidad, con picos de hasta 180.000 en verano durante la época de reproducción. Para ello, ofrece pagos de entre 18 y 30 euros por animal capturado, además de medidas complementarias de vigilancia y bioseguridad.

Mientras tanto, Aragón también ha optado por incentivar directamente la caza. El Gobierno autonómico ha aprobado el pago de 30 euros por cada ejemplar abatido, en una partida que alcanza los dos millones de euros. Además, ha autorizado el uso de visores térmicos y ha flexibilizado las modalidades cinegéticas para facilitar la extracción de animales y reducir el riesgo de transmisión del virus desde las poblaciones silvestres a las explotaciones porcinas.

“La Peste Porcina Africana (PPA) constituye en la actualidad una de las amenazas sanitarias más graves para la cabaña porcina europea y para toda la cadena de valor asociada a su producción”, sostiene el gobierno aragonés en documentación oficial.

Otras autonomías han reforzado la presión cinegética sin recurrir a pagos directos. En regiones como Andalucía, Castilla León, Extremadura o La Rioja se han eliminado o flexibilizado los cupos de caza para esta especie, mientras que en Madrid la Consejería de Medioambiente ha fijado como objetivo la caza de 11.000 ejemplares durante esta temporada, de los entre 40.000 y 50.000 jabalíes que se calculan en la región.

El responsable de agricultura de Greenpeace subraya que las evidencias científicas disponibles indican que el 99% de las infecciones en las granjas no se produce por contacto con jabalíes, sino por transmisión humana. “Las explotaciones industriales son auténticos búnkeres, vallados. Los cerdos están confinados entre cuatro paredes, es muy difícil que los jabalíes entren en contacto con los cerdos directamente”.

La organización ecologista aboga por, en primer lugar, realizar un censo preciso de la cantidad de jabalíes existentes en cada territorio y, en el caso de haber un exceso, se inclinan por hacer controles poblacionales sin recurrir a la caza: “Proponemos medidas mucho más éticas como el control de la natalidad, que ya se hace con otras especies para evitar que sigan creciendo y lleguen a afectar al propio equilibrio ecológico. Eso puede realizarse, no tiene por qué hacerse a tiros”.