El juez sienta en el banquillo a Errejón por supuesto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez instructor Adolfo Carretero ha enviado al banquillo al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá, que pide para él tres años de prisión. El magistrado, que lo procesó el pasado noviembre tras considerar que existen suficientes indicios contra él, ha dado ya el siguiente paso y ha notificado la resolución de apertura del juicio oral contra el exparlamentario, quien fuera portavoz de Sumar y fundador de Podemos. Carretero adopta esta decisión sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la propuesta de enjuiciar al expolítico.

A través de un escrito de cinco páginas, fechado el 27 de diciembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez también impone una fianza de 30.000 euros a Íñigo Errejón “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele [...], con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”. Precisamente, además de la pena de tres años de prisión, Mouliaá reclama que el exdiputado la indemnice con dicha cantidad por los “daños sufridos” (incluido, “morales”).

La actriz acusa al expolítico de haberle agredido sexualmente una noche de septiembre de 2021. Según expuso en su denuncia, todo ocurrió cuando ambos acudieron juntos a una fiesta. La mujer detalló que Errejón la besó sin su consentimiento cuando subían en el ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró el pestillo de la puerta y le realizó numerosos tocamientos, llegando a sacarse “su miembro viril”. Después se fueron en coche al domicilio del diputado, donde él volvió presuntamente a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.

Sin embargo, Errejón niega la agresión sexual. Su defensa, que tiene recurrido el procesamiento, descarta que haya unos “mínimos indicios de criminalidad” y carga contra “el inventado relato de la denunciante”. En esa línea, el exportavoz de Sumar ha denunciado paralelamente a Mouliaá por un delito de calumnias y por “extorsionar” a testigos durante el proceso por agresión sexual —una querella admitida a trámite por el juez instructor Arturo Zamarriego—.

La Fiscalía tampoco acusa al exdiputado y, al igual que la abogada del expolítico, ha solicitado a la Audiencia de Madrid que anule la propuesta de enviarlo al banquillo y que se archive la causa. Pero, a diferencia de la defensa, el ministerio público no recela del testimonio de la actriz. Eso sí, cree que no se recabó material probatorio suficiente para acusar a Errejón. “Si bien la denunciante ha manifestado que se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló, declaración a la que damos plena veracidad, entendemos que lo que no ha quedado acreditado es que el denunciado fuera consciente —por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante— que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma. Y, cuando esta expresamente así se lo expuso, lo que ocurrió hasta en dos ocasiones y dos momentos distintos, [Errejón] cesó en su acción”, apunta un escrito presentado por la Fiscalía de Madrid.

El magistrado Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción 47 de la capital, procesó el pasado noviembre a Íñigo Errejón al concluir que existen suficientes indicios contra él por un delito continuado de abuso sexual. Esa decisión fue recurrida ante la Audiencia de Madrid por la defensa del político y por el ministerio público, pero el tribunal provincial aún no se ha pronunciado sobre ello. La ley prevé que el juez instructor no tiene por qué esperar a que la instancia superior resuelva dichas alegaciones. Pero, en el caso de que prosperen, la apertura de juicio oral quedaría en el aire.

Además de la actriz Elisa Mouliaá, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) también presentó escrito de acusación contra Errejón. Este colectivo pidió, igualmente, que se le impongan tres años de prisión al exdiputado y planteó que se le aplique como agravante que se valió de su dimensión pública para cometer la supuesta agresión: “Resulta acreditado que, en el momento de suceder los hechos, el investigado era portavoz en el Congreso del Grupo Sumar (partido integrante del Gobierno de coalición), cargo público de enorme relevancia y poder”.