Sánchez prepara un giro para recuperar el control de la agenda y afrontar un difícil 2026

El final de 2025, un año político muy complejo para el Gobierno, no podía ser más duro y a la vez más contradictorio. El Ejecutivo termina la temporada contra las cuerdas, con una derrota demoledora en Extremadura, donde el 60% ha votado a la derecha y ultraderecha, algo impensable hace solo dos años, cuando Guillermo Fernández Vara aún ganó las elecciones por poco, y con varios frentes judiciales muy delicados abiertos en canal. Pero a la vez los datos económicos siguen mejorando, España es citada como ejemplo de éxito, el empleo sigue alcanzando cifras récord, la bolsa y la recaudación fiscal también, y el Ejecutivo termina el año subiendo mucho las pensiones —hasta un 11% las mínimas— y el sueldo de los funcionarios y se prepara para un aumento significativo del salario mínimo en las primeras semanas del nuevo año.

Estos dos mundos paralelos, alegría económica y angustia política, van a volver con más fuerza aún en 2026, según las previsiones que manejan todas las fuentes consultadas, tanto del Gobierno como de sus socios parlamentarios y de la oposición. Pedro Sánchez y su equipo de máxima confianza en La Moncloa están aprovechando el descanso navideño para pensar en un giro, un golpe de efecto en enero que pueda frenar la sensación de hundimiento de la izquierda que dejó Extremadura para que no contagie a la siguiente elección, la de Aragón, el 8 de febrero, y después a Castilla y León, en marzo, y más tarde a Andalucía. Los ministerios han enviado muchas ideas de iniciativas de impacto que no necesitan pasar por el Congreso que está recolectando La Moncloa para gestionar anuncios en enero.

Esta estrategia ya funcionó relativamente bien en septiembre de 2025. Tras el parón veraniego, después de un julio infernal con Santos Cerdán en Soto del Real, Sánchez y su equipo diseñaron una agenda de iniciativas y golpes de efecto —entonces el asunto central fue la masacre en Gaza— que les permitió recuperar aire político e incluso subir algo en las encuestas de septiembre y octubre. Pero en noviembre la agenda judicial hundió de nuevo al Ejecutivo.

Extremadura, “punto de inflexión”

Ahora es mucho más difícil esa recuperación, porque el desgaste es mayor y la secuencia de elecciones autonómicas diseñada por el PP supone un golpe anímico constante. Pero La Moncloa trabaja en varios planes, especialmente en vivienda, según diversas fuentes, para intentar cambiar una dinámica política que tiene al Ejecutivo noqueado.

Sumar presiona muy fuerte para dar un giro radical en vivienda y otros asuntos, aunque hay un problema muy difícil de soslayar: no hay mayoría progresista en el Congreso para estas cuestiones, porque Junts la impide. Por eso se buscan iniciativas que no necesiten aval parlamentario, pero también otras que muy difícilmente pueden ser votadas en contra, como la subida del salario a los funcionarios, la de las pensiones —aún por votar— o el último abono único de transporte para toda España.

Sánchez, señalan diversas fuentes, está aprovechando el parón navideño para reflexionar sobre el golpe de Extremadura, que ha dejado muy tocado a todo el progresismo, y cómo hacerle frente sobre todo para que no se repita en Aragón. En La Moncloa admiten que es “un punto de inflexión”, porque aunque el resultado fuera esperado y se atribuya buena parte del fiasco a un pésimo candidato como Miguel Ángel Gallardo, comprobar que la ola de derecha es enorme —60%— en un histórico granero de la izquierda española hace saltar todas las alarmas. Además, la siguiente en probarse, en Aragón, es Pilar Alegría, exministra de Sánchez: será la propia imagen del Gobierno la que se someta a escrutinio. Con toda probabilidad, el presidente se volcará en la campaña con la que fue su portavoz hasta la semana pasada y en la que el Gobierno confía como buena candidata.

Contraste político

El PSOE está en horas bajas, pero aún más difícil es la situación a su izquierda. En Extremadura hubo acuerdo entre todos los grupos del espacio, con Sumar y Podemos en la misma candidatura, y les fue bien, pero en Aragón irán divididos de nuevo con gran riesgo de desastre.

Descartado el adelanto electoral de las generales —sería suicida ahora, insisten diversos ministros, que apelan a la situación económica para defender que hay que seguir e intentar darle la vuelta con decisiones de calado—, el presidente y los suyos trabajan en un giro, un cambio de estrategia, no solo con medidas de impacto sino con un discurso nuevo, más al ataque, más político. El mensaje se centrará en mostrar el contraste con las políticas de los presidentes autonómicos del PP, como ya se ha hecho con Isabel Díaz Ayuso, su gestión privatizadora en sanidad y educación o su rechazo a facilitar que el aborto se haga en centros públicos. Sánchez ya ensayó este giro en el último gran debate en el Congreso, aunque apenas tuvo impacto en los medios.

La gestión, explican diversas fuentes, no basta. Como se vio en las municipales y autonómicas de 2023, cuando las cifras económicas ya eran buenas, no son los datos de gestión del Gobierno lo que moviliza a los progresistas. O al menos no son suficientes. Sumar insiste en que es ahí donde está la salida: en medidas drásticas de izquierdas como congelar la subida de 600.000 alquileres que se van a renovar en las próximas semanas, como explicaba en EL PAÍS el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar. La Moncloa no ve clara esta iniciativa, aunque hay mucha discusión interna abierta sobre casi todo.

Candidato sin discusión

Sánchez está buscando más que nada un tono de batalla similar al que logró una gran movilización en julio de 2023. 2026 será un año ya claramente electoral, haya o no generales en otoño, como especulan diversos dirigentes consultados, y eso impregnará toda la política. Sánchez, insisten los suyos, ni se plantea no ser candidato, una maniobra que ya hizo el PSOE en 2011 —Zapatero dejó paso a Alfredo Pérez Rubalcaba— con un resultado desastroso: el PP tuvo mayoría absoluta y el partido entró en una larga guerra interna que siguió hasta 2017, cuando Sánchez ganó sus segundas primarias.

El presidente será, pues, candidato, insisten los suyos, y queda por saber si lo será también Yolanda Díaz. En 2023, la vicepresidenta segunda, con una campaña muy exitosa, fue decisiva para que la coalición progresista pudiera seguir en La Moncloa. Pero ahora no está nada claro que quiera continuar. Díaz ya dimitió de sus cargos orgánicos por el mal resultado en las europeas y podría también dejar de ser la candidata, aunque este espacio no tiene de momento ninguna alternativa potente para relevarla.

Carpetas pendientes

En ese ambiente electoral, los socios también se mueven. Nadie parece hacerlo para tumbar a Sánchez, pero sí para cerrar sus carpetas clave antes de unas elecciones que presumiblemente llevarían a la derecha y ultraderecha al poder. El PNV, por ejemplo, acaba muy molesto con el Gobierno este año, según fuentes de este grupo.

El acuerdo de investidura de Sánchez se va a incumplir, porque decía que en 2025 tenían que cerrarse las transferencias pendientes para hacer lo que en Euskadi se llama “cerrar el Estatuto de Gernika”. La negociación va lenta, hay resistencias importantes en Seguridad Social —el asunto más delicado es el traspaso de la gestión económica, que algunos temen que amenace la caja única de las pensiones— y la reunión de ambos gobiernos prevista para este lunes se ha pospuesto al 16 de enero.

El PNV presiona para cerrar ya esta cuestión con una nueva reunión política entre Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales. Ambos tienen una buena relación y trato frecuente, pero de momento no hay acuerdo. Aun así, nadie habla de ruptura. Al contrario, esta negociación muestra que hay interés por mantener la legislatura, aunque todos, también el PNV, están pendientes de posibles novedades judiciales que cambien el panorama. La posibilidad de que la Audiencia Nacional tome alguna decisión delicada tras el análisis por parte de la UCO de miles de tickets del PSOE durante siete años inquieta a todos, aunque los socialistas insisten en que no hay ninguna irregularidad.

El frente judicial siempre es el más delicado para el Gobierno, y este año estará muy abierto y tendrá hasta un juicio, el de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Pero también sufrirá en los tribunales el PP, que se enfrenta al juicio del caso Kitchen, con un exministro del Interior imputado, Jorge Fernández Díaz, y a examen una gran operación política y policial para presuntamente destruir a los rivales usando al Estado y tratar de robar las pruebas de la corrupción del PP.

Cataluña

Otro grupo que también está presionando fuerte es ERC, en otra prueba de que hay muchas negociaciones abiertas que dan vida política a la legislatura aunque con enormes dificultades. Los republicanos quieren cerrar ya la “financiación singular” de Cataluña que pactaron con el PSOE y el PSC para hacer presidente a Salvador Illa. Oriol Junqueras dirige la negociación, y también prepara su cita en La Moncloa con Pedro Sánchez, otro hito de un enero muy cargado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata en Andalucía, es la que más resistencia ofrece, pero tiene la orden de Sánchez de cerrar este acuerdo y se ha comprometido a presentar en febrero la reforma de toda la financiación autonómica, que llegaría después de un acuerdo con ERC.

El Gobierno también busca más gestos con Junts a la espera de la decisión más trascendente, que también está prevista en 2026, la del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña avalado por un amparo del Tribunal Constitucional. Y ha fraguado otros pactos con Bildu antes de final de año. Todos los movimientos en La Moncloa apuntan a un nuevo intento de frenar la sangría y buscar un giro para evitar que la debacle de Extremadura se extienda a todo el país. Pronto se verá con qué resultados: el Ejecutivo tiene tres pruebas de fuego seguidas y eso no son encuestas discutibles, sino voto directo e inapelable de los ciudadanos.