El PP inunda el Constitucional de conflictos contra el Congreso sin resultado por ahora

El clima político de los últimos años ha deparado muchas cosas nunca vistas en la democracia española. Entre ellas, un enfrentamiento institucional sin precedentes entre un Senado controlado por el PP y un Congreso con la mayoría plurinacional que invistió a Pedro Sánchez. Desde el primer momento de la legislatura, los populares situaron en la diana a la dirección de la Cámara baja, que encabeza la socialista Francina Armengol. Una parte importante de esa ofensiva ha consistido en una batería de recursos -cerca de la treintena- ante el Tribunal Constitucional (TC), bien a través del partido o de instituciones que controlan los populares como el Senado. Sin ningún resultado por ahora. El tribunal de garantías ha emitido en 2025 una veintena de resoluciones que afectan al Congreso y en todas la Cámara ha salido indemne.

El Senado ha materializado recientemente lo que ya había anunciado el pasado octubre: la interposición ante el TC de lo que se conoce como conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber llevado a las Cortes un proyecto de Presupuestos. Será la tercera iniciativa semejante del año que acaba. Las otras dos se plantearon también contra el Congreso. Una fue por incorporar a la ley del Servicio Público de Justicia una enmienda sobre mejoras salariales a un grupo de jueces que por despiste se había dejado fuera de la redacción y se rescató mediante una corrección de errores. La otra por haber vetado el Ejecutivo, con la aquiescencia de la Cámara baja, una enmienda aprobada en el Senado a la ley de Desperdicios Alimentarios que pretendía reducir del 4% al 2% el IVA de los alimentos básicos. El Gobierno hizo valer su prerrogativa de bloquear iniciativas parlamentarias que conlleven una modificación de los Presupuestos en vigor, pero el PP alega que no estaba justificada en este caso.

En el TC está pendiente otro conflicto institucional planteado por el Senado contra el Congreso exclusivamente. Se trata de la trasposición de la directiva europea que permite a los presos descontar los años de condena cumplidos en otros países y que beneficiará a reclusos etarras acortándoles la estancia en la cárcel. El PP no reparó en las consecuencias de la reforma mientras iba avanzando en el Congreso y luego en el Senado. Hasta que el asunto trascendió por los medios de comunicación y trató de corregirlo en la Cámara que controla introduciendo una enmienda cuando el plazo legal ya había vencido. El Congreso no lo aceptó.

En el caso de la ley de desperdicios alimentarios, el PP ha desplegado todos los instrumentos a su alcance para reforzar la ofensiva ante el TC. Además del conflicto institucional que impulsa el Senado, han presentado sendos recursos los grupos populares en ambas cámaras.

Esa movilización de la maquinaria institucional y política del PP alcanzó su grado máximo con la ley de amnistía. Sus recursos no solo se dirigían contra el fondo de la norma, sino contra el procedimiento por el que fue tramitada en el Congreso, a través de una proposición de ley del grupo socialista y no de un proyecto del Gobierno. Las demandas de inconstitucionalidad impulsadas por los populares sumaron 15: la del grupo parlamentario en la Cámara baja y las de las comunidades autónomas en las que gobiernan. En tres de ellas -Aragón, Murcia y Cantabria- hubo recurso doble, del Ejecutivo y del Parlamento, donde el PP obtuvo el apoyo de Vox. Todas fueron rechazadas, también en la parte que impugnaba el procedimiento seguido en el Congreso para el trámite y aprobación de la ley.

Sobre la norma que eliminó las penas a los independentistas catalanes, el TC desestimó otros recursos de Vox y del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Esta última comunidad, cuyo presidente, Emiliano García-Page, es la némesis de Sánchez en el PSOE, también recurrió de inconstitucionalidad el reparto entre las autonomías del impuesto a la banca. Resultó denegado en una sentencia emitida el pasado 11 de diciembre.

En el último año, el tribunal de garantías, con mayoría de magistrados progresistas, ha resuelto 20 contenciosos en los que estaba implicado el Congreso y la decisión ha sido favorable a la Cámara en todos ellos. Además de los referentes a la ley de amnistía, el PP perdió otro, el presentado contra el modo en que se aprobó la pasada legislatura la reforma legal a fin de impedir que el Consejo General del Poder Judicial, entonces con el mandato caducado por el bloqueo de los populares, continuase nombrando magistrados del Supremo.

Sobre la mesa del Tribunal Constitucional están pendientes de resolver otros seis recursos del PP que implican al Congreso, así como los tres conflictos institucionales planteados por el Senado. Los del PP afectan a leyes como la de paridad entre hombres y mujeres, la modernización de la Administración Pública, la trasposición de la directiva europea sobre antecedentes penales o la reforma que el Gobierno intentó introducir mediante un subterfugio para acabar con el bloqueo a la renovación de dos magistrados del propio TC. Este último asunto, de la pasada legislatura, sí que deparó un resonante triunfo de los populares ante un tribunal que todavía tenía mayoría conservadora. El Ejecutivo pretendía forzar el recambio inmediato de los dos magistrados con el mandato caducado a través de una enmienda a la reforma del Código Penal. El TC, por primera vez en la democracia y con un estrecho margen de seis votos a cinco, dictó una resolución denominada cautelarísima para suspender la tramitación de la ley.

Los órganos de gobierno del Congreso destacan que las 10 resoluciones emitidas en 2025 por el Supremo sobre demandas contra la institución también han sido todas favorables a ella. Entre estas se cuentan un recurso de Vox contra su exclusión en los nombramientos de la Junta Electoral Central y tres más de uno de los letrados de la Cámara, Manuel Fernández-Fontecha, muy beligerante con la Mesa del Congreso en los medios de comunicación y en los juzgados. Fernández-Fontecha no logró anular el nombramiento de Fernando Galindo como secretario general -equivalente a jefe de los servicios jurídicos- ni su relevo como letrado de la Comisión Constitucional, que él atribuía a una supuesta represalia por criticar la ley de amnistía.