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La UDEF registró una nave en Alicante vinculada al empresario detenido por Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, que fue arrestrado junto a los directivos de la compañía, ubica allí varias de sus empresas

El mismo día que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid, los agentes se desplazaron al municipio de Petrer, en la provincia de Alicante. A ese núcleo urbano, que cuenta con algo más de 34.000 habitantes, acudieron el pasado jueves a registrar una nave industrial vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, a quien la Policía detuvo junto al presidente de la compañía aérea Julio Martínez Sola (de idéntico nombre y primer apellido), el consejero delegado, Roberto Roselli, y un abogado español que trabaja para un despacho con presencia mundial.

Julio Martínez Martínez se ha revelado como uno de los empresarios más relevantes de este entramado que, según la Fiscalía Anticorrupción, se dedicaba a blanquear presuntamente dinero procedente de Venezuela. Él no aparece en la denuncia inicial que interpuso el Ministerio Público en la Audiencia Nacional a finales del pasado año, cuando trató de judicializar allí el asunto tras una información que había llegado desde Francia y Suiza sobre el blanqueo.

Anticorrupción siguió investigando durante meses el blanqueo en secreto y en ese periodo el nombre de Martínez Martínez afloró en la investigación que ahora tutela el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Los detalles de esta operativa de lavado de dinero todavía no han trascendido porque la causa se encuentra sigue protegida con secreto reforzado, pero fuentes de la investigación explican que este empresario ha sido clave en el supuesto desvío. Por ello la UDEF registró una nave de unos 165 metros cuadrados en la calle la Carrasqueta (Alicante), donde él mantiene la sede social de muchas de sus empresas, según confirman a EL PAÍS fuentes de la investigación.

De acuerdo con el registro mercantil, ha ejercido cargos en 50 sociedades, de las cuales aún permanecen activas más de una veintena. Muchas de ellas son pequeñas sociedades que no cuentan con trabajadores y que tienen objetivos distintos. Buena parte de sus negocios tiene el mismo domicilio social en este polígono industrial cercano a la provincia de Elda. Por ejemplo, Zenzap S.L. (dedicada a la explotación de bienes inmuebles rústicos y urbanos), Pickashop (análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas), Merida Capital (explotación de bienes inmuebles, promoción y construcción), Zenebtimar (adquisición, tenencia, disfrute y administración de valores inmobiliarios y otros activos financieros), Agropecuaria Lucena (adquisición y explotación de toda clase de fincas rústicas o urbanas), etc.

Además, Martínez Martínez aparece como administrador de Voli Analítica cuyo objeto social, igual que el de Plus Ultra, está vinculado a la intermediación en el transporte aéreo de mercancías y personas. Según las últimas cuentas aportadas por la empresa en 2022 el domicilio social estaba en el municipio de Vera (Almería), si bien posteriormente fue trasladada a la misma nave industrial alicantina que el resto.

Los agentes no solo registraron este almacén, también entraron en varios pisos vinculados al empresario o a sus empresas. Una de las mercantiles que aparece ligada a él es Análisis Relevante S.L., una sociedad que había sido cliente de la agencia de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Las fuentes consultadas explican que la actividad de Martínez Martínez, hasta ahora un empresario totalmente anónimo y sin presencia en ninguna red social, está bajo el foco por haber constituido una red de mercantiles destinada presuntamente a camuflar la actividad real e irregular.

La magistrada Esperanza Collazos, junto a la Fiscalía Anticorrupción, mantiene en el foco una organización dedicada, presuntamente, a blanquear “fondos ilícitos” procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por “funcionarios públicos”. En concreto, fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos —un plan gubernamental de distribución de alimentos—y de venta de oro del banco del país. Los investigadores creen que el rescate que el Gobierno realizó en 2021 a la compañía aérea por valor de 53 millones de euros sirvió, precisamente, para devolver el dinero de una serie de préstamos que habían acordado previamente para el blanqueo. La fiscal Elena Lorente apuntó a que en “fechas consecutivas a la recepción” de la ayuda pública, Plus Ultra envió el dinero a “cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”. Señaló, por ello, un presunto “uso indebido” de la inyección aprobada por el Consejo de Ministros a la compañía el 9 de marzo de 2021.

Esta decisión gubernamental no estuvo exenta de polémica. Por eso, tanto Vox como el PP, así como el pseudosindicato Manos Limpias impulsaron en 2022 una investigación sobre el rescate que terminó en archivo por un error judicial. A la magistrada Collazos le expiró el plazo legal para dictar un escrito de prórroga de la causa y esto impidió citar a declarar al representante legal de Plus Ultra. El juzgado madrileño acabó acordando el sobreseimiento provisional de la investigación sin que las pesquisas llegaran a una conclusión.

El Gobierno había marcado a la aerolínea como empresa “estratégica” para justificar el rescate, bajo el argumento de la importancia de la compañía para la economía española y las conexiones aéreas con Latinoamérica. Mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) avalaba el reparto de fondos, los expertos designados por el juzgado reflejaban que Plus Ultra era una compañía con visos de insolvencia y cierre desde 2019, lo que hubiera imposibilitado su candidatura para optar al rescate. El hecho de que este asunto se llevara en el Juzgado de Instrucción madrileño número 15 ha provocado que esta nueva investigación con vínculos con la anterior haya recaído en la misma jueza que ha abierto una pieza separada para indagar en estos hechos, de acuerdo a la documentación que repartió a los investigados el pasado sábado cuando todos ellos quedaron en libertad provisional.

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Sobre la firma

Irene Dorta
De Tenerife. Ha trabajado en el área de tribunales e investigación de 'El Independiente' y 'La Razón'. Participó en el equipo de investigación del documental del Pequeño Nicolás para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024. 
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