Un juzgado obliga a Vitoria a corregir el examen de un joven autista al que excluyó de una plaza de funcionario

Un Juzgado de Vitoria ha ordenado al Ayuntamiento de la capital vasca que admita provisionalmente al joven Aimar, de 21 años y con síndrome de trastorno espectral (TEA), como aspirante a una plaza de funcionario de carrera para personas con deficiencias mentales. El consistorio, que le excluyó en una oferta de empleo, deberá corregir sus exámenes y “estar al resultado de los mismos”. Esta decisión judicial refuerza la posición de Aimar y su familia, que decidieron llevar a los tribunales su exclusión en una oposición pública para contratar a 14 personas como auxiliar de servicios en una convocatoria reservada a personas con discapacidad intelectual.

El caso de Aimar puede crear un precedente para las personas que como él aspiran a concurrir en una plaza pública de funcionario. Se presentó a una de las 14 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual en el proceso selectivo convocado por este consistorio para ingresar como funcionario de carrera, en tareas de auxiliar de servicios. La Concejalía de Función Pública lo excluyó de la lista de admitidos porque, en primera instancia, no justificó tener reconocida una discapacidad intelectual igual o superior al 33%, como establecían las bases de la oposición. Pero durante el proceso aportó documentación oficial concluyente sobre su situación de discapacidad, que alcanza el 49%, pero sin precisar si esta es de tipo intelectual, psíquica, física o sensorial. El Ayuntamiento, de forma cautelar, le dejó hacer los exámenes, pero no lo aceptó como admitido. Un juzgado de Vitoria falló el pasado mes de octubre que la decisión de excluir a Aimar “no es ajustada a derecho” y obliga al Ayuntamiento a readmitirlo.

El consistorio de Vitoria decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que aún no ha tomado una decisión al respecto. Antes de conocerse el resultado de este recurso, el mismo juzgado de Vitoria que dio la razón a Aimar ha ordenado ahora que se ejecute provisionalmente la sentencia con efectos inmediatos, con lo que Aimar debe ser readmitido y corregidos sus exámenes.

La magistrada del Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Vitoria ha acordado, en un auto del 9 de diciembre pasado, “proceder a la ejecución provisional de la sentencia” contra el consistorio de Vitoria. Y ordena “admitir provisionalmente en el selectivo para el ingreso como funcionario de carrera para personas con deficiencia de las funciones mentales, como auxiliar de servicios”, una plaza a la que optó Aimar tras presentar las credenciales que le expidió la Diputación de Bizkaia.

Adolfo Godoy, el abogado que ha llevado el caso de Amar en su nombre y en el de su familia, pone en valor la última decisión de la magistrada. “Necesitamos ayuntamientos valientes que no se queden con el mínimo de reserva de plazas para personas con discapacidad; sino que, adaptándose a la realidad y a un mayor número de diagnósticos, aumenten el porcentaje de reserva de plazas al menos al 20%”.

El Ayuntamiento de Vitoria asegura a este diario “no hay una decisión tomada” sobre el auto que obliga a ejecutar la sentencia en su contra. El consistorio puede impugnar el auto judicial ante el mismo juzgado. La juzgadora sostiene en su escrito que Aimar “alegó y probó de manera notable y bastante, que su discapacidad presentaba afectación de funciones mentales”, con un certificado de la Diputación de Bizkaia que le reconocía “una discapacidad del 49%”, un grado superior al 33% que exigían las bases del concurso público.

Apartar a Aimar de las pruebas para acceder a la plaza pública de funcionario y no evaluar sus exámenes, según argumenta la jueza, supondría “no conocer de inmediato si ha superado las pruebas del selectivo o bien si no las ha superado”. El juzgado va más allá y evalúa los “perjuicios irreparables” que podría ocasionarle al joven si no se le corrige el examen: “De no haber superado las pruebas, la ejecución provisional [de la sentencia] puede reportar notables ventajas, ya que quedaría perfectamente clarificada la cuestión” y, en consecuencia, perdería objeto el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Vitoria ante el TSJPV.

Pero de haber superado las pruebas, apostilla la jueza, “solo si por sus propios méritos está dentro de los 14 primeros aspirantes, la sentencia desplegaría efectos positivos sobre el recurrente”. “Es cierto que afectaría a terceros participantes en el proceso selectivo, ya que al menos uno de los aspirantes sería excluido de la relación de participantes que ha superado el selectivo con plaza. Sería un efecto negativo, pero no derivado de la ejecución provisional sino del mérito y capacidad inferiores que habría demostrado ese aspirante”, razona la magistrada. Y añade: “El Ayuntamiento no puede experimentar perjuicio alguno”.

A expensas de la decisión del ayuntamiento de recurrir la ejecución de la sentencia, la jueza señala que “de no haber ganado la plaza el recurrente”, si finalmente una instancia judicial superior le da o no la razón, “quedaría anulado el nombramiento eventualmente producido ex post”. “El eventual daño para su salud psíquica y emocional, dada la rigidez cognitiva de las personas con trastorno del espectro autista, se derivaría no de la sentencia y de su ejecución provisional, sino de la personal gestión de una noticia de esa naturaleza”.