Golpe contra la memoria en la tierra con la que se ensañó el “carnicero de Badajoz”

A Pepi Sánchez, presa por un instante de la indignación, se le escapa un taco, que de inmediato pide al periodista que omita. No será el único. Y no es que sea proclive a las palabrotas, aclara esta secretaria retirada, madrileña de 73 años, hija y nieta de represaliados por el franquismo en la provincia de Badajoz. Es que el tema del que habla la remueve por dentro. ¿Qué tema? El retroceso en la legislación de memoria histórica aprobado por el PP y Vox en Extremadura, la tierra reprimida con saña por el general franquista Juan Yagüe, que hizo méritos para ser conocido como el “carnicero de Badajoz”. “La verdad es la verdad, por mucho que quieran taparla. Pero lo están intentando, qué disparate. Cuando la izquierda tuvo más fuerza, debió hacer más. Así no nos veríamos como ahora, con críos que dicen que con Franco se vivía mejor“, lamenta. Y se le escapa otra palabrota —nada grave—, que vuelve a pedir que no conste en acta.

Sánchez vive ahora en Montijo (Badajoz, 15.232 habitantes), donde su padre, Pedro, estuvo preso en las llamadas “colonias penitenciarias”. Cerca de 1.500 republicanos condenados, la mayoría andaluces, extremeños y catalanes, fueron encerrados y obligados allí a trabajar en las obras de un canal de regadío entre 1941 y 1945. Un campo de concentración, en suma. Emocionada, recorre apoyada en dos muletas una zona desde donde aún se identifican, transformadas por el tiempo, algunas antiguas instalaciones de un complejo que carece, pese a los esfuerzos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, de una señalización que recuerde lo que allí ocurrió. El paraje es un ejemplo de memoria borrada.

Pero Sánchez sí tiene recuerdos de su padre. “Vivir aquí no fue lo peor que le pasó. Estuvo preso en Ocaña, Burgos y Puertollano, media vida machacado, en cárceles con humedades que le agravaron el asma. Murió con 57 años, unos meses antes que Franco”, repasa Sánchez antes de regresar a una idea que parece mortificarla: el desconocimiento —a su juicio, creciente— de las dimensiones de la represión franquista y su impacto aún hoy en multitud de familias: “Ahí hemos hecho las cosas mal. Y si encima cuando hay una ley, la derecha la deroga...”.

Cuatro familiares de represaliados que hablaron con EL PAÍS para este reportaje, Sánchez incluida, coinciden en similar denuncia —la injusticia histórica de la eliminación de la ley de memoria— y similar preocupación —que dicha derogación dificulte la ya insuficiente conciencia social sobre la represión—. En cumplimiento de una exigencia de Vox, el PP y el partido de Santiago Abascal derogaron en octubre de este año la Ley de Memoria Democrática de 2019 y la sustituyeron por la Ley de Concordia. El cambio no se queda en el nombre. En la nueva norma no hay alusiones a la “dictadura”, ni al “golpe”. También desaparecen las referencias a la represión a la mujer y a la sufrida por orientación sexual, entre otras muchas supresiones.

El texto, de estricta equidistancia entre la Segunda República y la dictadura, se limita a consignar unos genéricos “errores de la sociedad de aquel entonces” y se propone “reparar el daño” provocado por “uno y otro bando”. Mientras justifica la derogación de la norma anterior en que contribuía a “dividir a la sociedad”, amplía el abanico temporal cubierto no hasta el golpe de 1936, sino hasta la proclamación republicana de 1931, e incluye también entre las víctimas a las del terrorismo, pese a que estas ya tienen una ley autonómica propia desde 2020. El resultado es que la violencia ejercida por el franquismo se desdibuja.

16.000 víctimas

En calidad de nieto de represaliado y miembro del movimiento memorialista, el historiador Ángel Olmedo estuvo presente en mayo pasado en la Asamblea extremeña durante el debate de la nueva ley. Sentado en la tribuna junto a otros familiares de víctimas e implicados en las asociaciones, escuchó cómo un diputado de Vox se refería a ellos como “rojos apesebrados”, un episodio que para Olmedo es síntoma del mismo problema que la ley: el auge de un “revisionismo franquista” que abarca desde los mínimos de respeto a los herederos de los perdedores de la guerra hasta la visión sobre la República, el golpe, la guerra y la represión. “La idea que traslada la ley es que hubo una guerra entre hermanos en la que todos fueron culpables por igual, en una equidistancia que, además de la verdad histórica, ignora que los muertos en la zona republicana ya fueron objeto de reconocimiento”, explica Olmedo, coautor junto a Chema Álvarez de Extremadura contra el olvido (Jarramplas, 2025).

Esa ley de “concordia” que solo menciona una vez el franquismo —y para decir que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo— se ha aprobado en una tierra en la que la represión franquista alcanzó cotas brutales. “La crueldad y las razias fueron recurso corriente”, se lee en La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Crítica, 2017), del historiador Francisco Espinosa. Olmedo recalca: “En Extremadura no hubo guerra, hubo un ejército de ocupación experimentado en el norte de África entrando a sangre y fuego en cada pueblo en su avance por Badajoz. En cuanto a Cáceres, quedó casi en su totalidad bajo control de los rebeldes desde los inicios del golpe de Estado. Allí lo que hubo es represión pura y dura”.

Según la estimación de Olmedo y Álvarez, el número de víctimas de la represión franquista ascendió a 14.000, frente a los 1.600 en la retaguardia republicana. Una de las matanzas más atroces fue la de Badajoz. Sin estar esclarecido el número de asesinatos, da una idea lo que declaró el general Yagüe a un periodista estadounidense: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contra reloj?“. En Extremadura hay 174 fosas comunes, de las cuales 78 constan como excavadas, mientras que 96 estarían aún por abrir, según los datos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Con esos números, y con la Ley de Concordia recién cincelada en el BOE, ¿es la memoria histórica un tema relevante en la campaña electoral? Mientras Vox está satisfecho con una ley a su medida y el PP se muestra entre poco y nada interesado en hablar del tema, el PSOE y Unidas Por Extremadura son los que dan vuelo al tema, presentando la nueva norma como un anticipo de la regresión que —dicen— espera a la región si hay, como todas las encuestas pronostican, una nueva mayoría derechista. “Es un tema incómodo para el PP, sobre todo por las familias, en las que la norma ha generado indignación, pero también intranquilidad”, expone el investigador Chema Álvarez desde un descampado próximo a las antiguas colonias penitenciarias de Montijo, en la zona en la que se instalaban en precario las chabolas de las familias de los presos.

EL PAÍS solicitó sin éxito hablar con responsables del PP y Vox para este artículo.

Del cementerio al convento

En Mérida, junto a la tapia del cementerio, un punto inexcusable en la ruta de la represión de la ciudad, Olmedo saluda con afecto a un hombretón de 78 años, Pepe Sánchez, que combate el frío mañanero con una gorra bien calada. Charlan sobre las fosas abiertas en la zona, sobre el posible paradero del abuelo de Sánchez, José Sánchez Sánchez —“se lo llevaron a Astorga, a mi abuela le dijeron que había muerto de hambre y frío, no sabemos más”—; sobre el asesinato de su tío, José Sánchez Gallardo; sobre las penurias que pasó su padre, que tantas veces llegó a casa muerto de miedo por la vigilancia y la persecución. Tras pasear hasta el pequeño monumento en memoria de las víctimas del franquismo erigido en el camposanto, la conversación deriva hacia la desmemoria. Dice Olmedo: “Es increíble que la gente sepa tanto de los campos de concentración nazis y...”. Lo interrumpe Sánchez, terminando la frase: “Y no sepa que en Montijo hubo uno”. Relojero y joyero jubilado, a Sánchez le “hierve la sangre” ante la derogación de la ley: “Si no hay conciencia de lo que pasó es por dos razones. Primero, porque durante mucho tiempo hubo mucho miedo a hablar. Segundo, porque no ha habido cultura en los colegios. Y ahora, en vez de arreglarlo, se dedican a tapar”.

A media hora a pie del cementerio está el Convento de Santo Domingo, que funcionó como prisión para republicanos de 1939 a 1947. Ante su fachada espera Paqui Chaves, de 75 años, animadora sociocultural jubilada, socialista, que como miembro del movimiento memorialista pelea para que el edificio donde estuvo preso su tío abuelo Juan Chaves, más tarde fusilado, sea reconocido e identificado como un lugar de represión. “Que se sepa lo que sucedió, al menos, ¿no?”, reflexiona. “Esta ley nos culpabiliza, viene a decir que lo que pedimos reabre heridas, que impide la reconciliación. ¡Pero si ya estamos reconciliados!”, lamenta frente a una cerveza sin alcohol en un bar de la plaza que popularmente da nombre al convento.

“Averiguar quién soy”

“Los primeros restos los encontraron en el metro 36 de uno de los pozos, como el año 1936, y encima fue la tarde antes de que se derogara la ley de memoria”, cuenta por teléfono Inma Montero, periodista de 43 años, a la que le parece que hubo algo de “señal” en la aparición justo ese día y a esa profundidad de los primeros cráneos con agujeros de bala en la mina abandonada La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres). Allí los trabajos de excavación buscan restos de más de 20 personas. Entre ellas, su bisabuelo Luciano Montero, un jornalero que tenía 27 años cuando unos falangistas lo sacaron de su casa en julio de 1936.

Montero sabe que es difícil que su bisabuelo aparezca y sea identificado, pero no pierde la esperanza. Y, aunque inquieta por el futuro de las exhumaciones, que de momento no se han interrumpido, se muestra satisfecha por lo ya logrado: “Hemos demostrado que lo que decíamos era verdad, que no estábamos inventándonos nada. Que no era verdad que en los pozos hubiera solo basura y animales muertos”, explica Montero, cacereña con raíz familiar en Zarza la Mayor, que entiende la recuperación de la memoria no solo como un acto de justicia, sino de comprensión de la propia identidad. Buscar a su bisabuelo forma parte de un empeño por “averiguar quién soy”, explica. Un empeño que a su juicio contrasta con el cambio de ley en Extremadura, que ve como una negación de la propia historia de su tierra. “Pero esa ley no fija cuál es la verdad, una ley no puede borrar la verdad”, afirma.