La Audiencia Nacional revisará si el empresario que financió a Alvise debe seguir en prisión

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado una vista este jueves para decidir si debe seguir en prisión el empresario Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar supuestamente la campaña a las elecciones europeas del partido Se Acabó La Fiesta (SALF). También conocido como Luis Cryptospain, Romillo está acusado de una estafa a gran escala de más de 260 millones de euros, por lo que fue enviado a prisión provisional el pasado 7 de noviembre por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Él niega la intención de huir del país y ha recurrido esta decisión, pero la Fiscalía entiende que no debe salir en libertad porque el peligro persiste.

El juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó a principios de noviembre la detención de Romillo un día antes de su declaración, tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detallaba el entramado societario que Romillo tenía en el extranjero. El magistrado temía que no compareciera el día que le había citado y que estuviera preparando su salida de España. La causa, abierta desde 2024, ha permitido localizar 52 sociedades, 206 cuentas bancarias, coches y enmarcaciones repartidas en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Malta, Reino Unido, República Dominicana...). Además, los agentes detectaron el traspaso de hasta 29 millones de euros por una cuenta en Singapur a una empresa de Tailandia.

Calama decidió entonces que ingresara en prisión, acusado de delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales al ser el creador del Madeira Invest Club (MIC) un “chiringuito financiero”, en palabras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A través de sus redes sociales, que contaban con miles de seguidores, se dedicaba a captar inversores para emplear su dinero en obras de arte virtuales, oro, barcos, coches, alcoholes y otros bienes de lujo ofreciendo “rentabilidades mínimas de un 20% anual”.

La defensa de Cryptospain ha presentado un recurso en contra de la privación de libertad alegando que no es cierto que él haya estafado las cantidades reclamadas porque los afectados que depositaron dinero en el Madeira Invest Club “han visto retornadas las cantidades transferidas”; que no hay riesgo de fuga porque Romillo tiene “domicilio conocido y notable arraiga familiar y social” y porque ha colaborado con la justicia, por ejemplo, cuando acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar que había entregado una bolsa con dinero a Alvise durante la campaña electoral.

El recurso expresa que “es fácil interpretar que de haber querido sustraerse de la acción de la justicia lo hubiera hecho con anterioridad a la judicialización de los hechos”. A su juicio, tampoco existe riesgo de ocultación de pruebas porque las que son “susceptibles de ser manipuladas o destruidas se encuentran ya incorporadas al procedimiento”.

La Fiscalía, en cambio, expone que, por la “gravedad de los hechos” que se imputan a Romillo (con penas de prisión previstas superiores a los nueve años), es necesario “asegurar su presencia a los llamamientos judiciales” y, para eso, la prisión preventiva es la medida cautelar adecuada. “Entendemos que debe avanzarse en la instrucción de la causa y el investigado no aporta ningún elemento que permita privar de contenido y fundamento a la resolución [de cárcel] que ahora se combate”, firma la fiscal anticorrupción Mar Scharfhausen.

Explica que el “mecanismo de inversión” que ideó Romillo y con el que consiguió captar a cientos de inversores seguía el esquema Ponzi bajo el eufemismo de “club privado de compradores de arte digital” que disfrazaba “la verdadera naturaleza del sistema creado”. El ministerio público dice que, a pesar de que el empresario se describió “arruinado” en su declaración ante el juez, mantiene “la propiedad de diversos inmuebles a través de familiares”, “realiza viajes de lujo” y “se hospeda en hoteles de gran nivel que paga en efectivo”. Además, tiene un “elevadísimo alquiler con opción a compra” a través de una sociedad a nombre del novio de la hija de su pareja.

Una de las acusaciones populares, ejercida por el letrado Francisco Jiménez de Zaballos Abogados, explica que los afectados solo han recuperado el 2% de lo invertido y que se ha demostrado que Romillo ha pretendido “un ocultamiento de bienes”, por ejemplo, al trasladar de forma “masiva” todos los vehículos de lujo que atesoraba en un concesionario en Madrid a Portugal. Reclaman, por tanto, que no se modifique la medida cautelar. Este martes 4 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, la Sala de lo Penal celebrará la vistilla para tomar la decisión.