El juez envía a prisión provisional al empresario de criptomonedas que financió a Alvise

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado prisión provisional y sin fianza para Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas que confesó haber financiado la campaña a las elecciones europeas del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez, Alvise. El juez, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, aprecia riesgo de fuga después de estar acusado de graves delitos de estafa de más de 260 millones de euros.

Romillo ―conocido también como Cryptospain o Luis Crypto― fue detenido este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez que activó el arresto al cerciorarse de que el riesgo de que el empresario no acudiera a su declaración como imputado este viernes era real. Los agentes, en colaboración con la Agencia Tributaria, habían localizado movimientos de dinero en el extranjero de hasta 29 millones de euros.

El empresario está acusado de delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales por ser el creador del Madeira Invest Club (MIC), un “chiringuito financiero”, en palabras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se dedicaba a captar inversores para obras de arte virtuales, oro, barcos, coches y otros bienes de lujo ofreciendo “rentabilidades mínimas de un 20% anual”.

Fuentes jurídicas explican que los investigadores trabajan con la tesis de que Cryptospain descapitalizó la plataforma de inversión poco a poco para quedarse con el dinero. Es más, el juez Calama ha remitido a los juzgados de la plaza de Castilla todos los indicios que apuntan a un delito de alzamiento de bienes porque en los últimos meses el empresario ha estado poniendo todas sus sociedades a nombre de personas de su entorno.

En la declaración que este viernes ha prestado ante el instructor, Romillo ha defendido que él pretendía pagar a todos los inversores y que su intención siempre ha sido colaborar con la justicia. Ha asegurado que devolvió dinero a muchos de los 2.700 afectados, pero lo hizo en metálico y, por tanto, no tiene manera de justificarlos. El juez y la fiscal, en cambio, han mostrado incredulidad en varias partes del interrogatorio de Romillo, según fuentes presentes en el mismo, por ejemplo cuando ha explicado que el chalé de 800 metros cuadrados en el que vivía en Madrid y por el que se pagaban 20.000 euros mensuales era un alquiler que su familia le prestaba.

En los últimos meses, la UCO ha ido desenmarañando un complejo entramado de sociedades pantalla y cuentas bancarias repartidas entre España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EE UU, Singapur, Bélgica, Tailandia y Hong Kong. El empresario ha reconocido que hacía negocios en el exterior para evitar tributar en territorio español y ha admitido que no tiene ningún tipo de estudios en finanzas.

Según el juez, el empresario desarrolló un “negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio” aprovechando “su popularidad en redes sociales”, entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

Las acusaciones populares, como la ejercida por Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, se han adherido a la petición de prisión de la Fiscalía. Fuentes presentes en el interrogatorio explican que Romillo se ha contradicho en varias ocasiones, como al explicar que solo tiene un teléfono móvil y reconocer posteriormente que tras el asalto de unos ladrones en su vivienda a finales de agosto recuperó tres terminales. A pesar de que denunció que los ladrones se habían llevado 36 relojes de lujo y dos millones de euros en criptomonedas, este viernes ha explicado que los asaltantes no vieron en un escondite 12.000 euros con los que ha seguido viviendo y viajando estos meses.