La justicia rechaza otro intento del PP de reabrir su denuncia contra Sánchez por Air Europa ante la Oficina de Conflicto de Intereses

La ofensiva del PP por el rescate de Air Europa ha sufrido un nuevo varapalo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado otro intento de los populares de reabrir la investigación que llevó a cabo la Oficina de Conflictos de Intereses a raíz de una denuncia que presentó el propio partido conservador contra Pedro Sánchez por participar en las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros sobre la ayuda a la aerolínea en plena pandemia de coronavirus. A través de una resolución dictada este 27 de noviembre, a la que tuvo acceso EL PAÍS, los magistrados descartan un recurso de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que reprochó a la Oficina no haber cumplido con la orden que le había dado el TSJM de indagar más sobre la vinculación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con la compañía .

“En este caso, se ha llevado a cabo una labor de investigación”, resume la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM para negar las pretensiones del PP, que busca una vía para que se retomen estas pesquisas, que la Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado ya dos veces. La Audiencia Provincial de Madrid también ha descartado hasta ahora abrir la vía penal sobre el rescate de Air Europa, al descartar la existencia de indicios sobre irregularidades —según ha señalado este tribunal, solo existen meras “conjeturas”—. A su vez, la aerolínea ha emitido este martes un comunicado para negar que pagase a Begoña Gómez por ninguna actuación vinculada al rescate; además de reiterar que no le solicitó “intermediación o gestión alguna”.

Air Europa constituye uno de los grandes fantasmas que la derecha agita contra el Ejecutivo. La oposición mantiene bajo sospecha su rescate. Y, dentro de esta ofensiva, el PP llevó en marzo de 2024 a Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no abstenerse en las decisiones del Consejo de Ministros sobre dicha ayuda. Tras elaborar un escueto informe, el órgano archivó la denuncia de los conservadores al considerar que las “decisiones adoptadas” no afectaron a los intereses personales de Sánchez, “ni propios, ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos”. Pero la Oficina tuvo que reabrir sus pesquisas el pasado junio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ordenase indagar más.

Sin embargo, tras recabar nueva documentación (entre otros, de la Seguridad Social, del Registro Mercantil y de Globalia, propietaria de Air Europa), la Oficina de Conflicto de Intereses volvió a dar carpetazo en septiembre a su investigación al llegar a la misma conclusión: Pedro Sánchez no tenía “obligación” de abstenerse. El PP rechazó entonces ese carpetazo y recurrió de nuevo al TSJM, alegando que este organismo —dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública— no había “ejecutado correctamente” la sentencia. Pero la justicia rechaza esa pretensión de los populares.

La Sala de lo Contencioso incide en que, en junio, concluyó que la Oficina “no había realizado una mínima actuación” de indagación antes de archivar por primera vez y, por ello, le indicó que debía retomar el caso para hacer más averiguaciones. “Pero ahora [sí] se ha llevado a cabo [esa labor de investigación]”, argumentan los magistrados tras analizar el segundo archivo decretado por el organismo dedicado al conflicto de intereses. Precisamente, el PP había solicitado que se anulase este segundo carpetazo a la investigación y se volviese a ordenar a la Oficina “llevar a cabo actuaciones para comprobar posibles relaciones económicas del Grupo Globalia con el IE África Center durante el periodo en que su dirección correspondía a Begoña Gómez”.

Los jueces remachan que, si el PP entiende que la Oficina “no ha completado de manera suficiente la investigación”, puede recurrir de nuevo por vía administrativa y “de manera independiente” la resolución que decretó el segundo archivo. Pero, según exponen los magistrados, los populares no pueden tratar de reabrir las pesquisas alegando que el organismo no ha cumplido con la sentencia que le ordenaba indagar más —porque sí ha hecho averiguaciones adicionales (como se le instó) y porque, además, la sentencia nunca entraba en cuáles tenía que hacer—.