Grainne O’Hara, representante de ACNUR en España: “Más que fraude, en el asilo español hay un mal funcionamiento del sistema”

La mirada de Grainne O’Hara (Dublín, 58 años) ha visto pasar rutas migratorias por medio mundo en sus 32 años de trabajo en ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Ahora, como representante en España, uno de los países europeos más presionados por las llegadas de extranjeros a sus fronteras, tiene bajo la lupa la implementación del pacto europeo, la herramienta que trata de reorganizar los trámites de las personas que buscan protección internacional y de las migraciones en general. Encuentra en España “buena voluntad política, tanto en el Gobierno como en las comunidades” para mejorar en estos aspectos, pero también espera que se consolide con “determinación y recursos”. Todo ello, afirma, contribuiría a doblegar el discurso xenófobo y de criminalización que se extiende como una mancha de aceite.

Pregunta. Frente a un promedio europeo del 51%, España concede alrededor de un 13% de las solicitudes de asilo y protección, a las que habría que sumar sus políticas de apoyo a los venezolanos. ¿Qué opina de esas cifras?

Respuesta. Con la protección humanitaria para los venezolanos, que son el grupo más numeroso en el sistema de protección español, y la protección temporal para los ucranios, nuestros datos dicen que suman un 47%. Corresponde a las realidades que afronta el sistema de asilo en España, que, por lo demás, es inclusivo y las decisiones se toman en un contexto de solidaridad y de apertura hacia los solicitantes. Pero el funcionamiento está lejos de la perfección: se tarda demasiado para acceder a una cita para solicitar el asilo y esto es solo el punto de entrada. Una espera de meses implica que no se han evaluado las necesidades inmediatas de niños, de mujeres, de víctimas. Hay retos también con la calidad de los servicios de interpretación. Todos esos procesos hay que acelerarlos y llegar a decisiones más rápidas y de calidad.

P. ¿Es una cuestión de recursos o de voluntad política?

R. Se necesitan más recursos y mejorar prácticas. Por ejemplo, la capacitación policial para las primeras entrevistas a los extranjeros, que ACNUR ofrece. Pero hay mucha rotación entre los policías que se encargan; ayudaría una mayor permanencia en esos puestos, aunque con descansos, porque [enfrentarse a gente con esos problemas] genera un desgaste emocional importante. Los intérpretes, por ejemplo, sí es una cuestión de recursos. Si no se alcanza un entendimiento claro [con los entrevistados] podría concederse asilo a quien no lo necesita y se estaría malgastando el dinero.

P. Entonces, ¿hay o no voluntad política?

R. Creo que sí, pero queda mucho trabajo por hacer. La voluntad tiene que traducirse en hechos, la buena fe tiene que venir acompañada de recursos y determinación.

P. Las acusaciones de fraude en el sistema de citas para solicitar asilo se mencionan constantemente. ¿Qué opina?

R. Que existe fraude, sí, pero que todo el sistema de asilo es un fraude, no es mi experiencia. En las entrevistas, la inmensa mayoría tiende a decir la verdad. Más que hablar de fraude, que parece remitir a algo hecho a propósito y organizado, sería mejor decir que hay una mala aplicación de parte del sistema.

P. Si se acelera el proceso de entrevistas también se corre el riesgo de no evaluar bien la situación que arrastran esas personas.

R. Sí. Debe haber un balance según las necesidades, con niños, gente traumatizada... Eso toma su tiempo. Hay que ajustar la habilidad del sistema a cada necesidad para dar mayor atención y recursos a los casos de mayor consideración y acelerar con ciertos perfiles que no tiene esa consideración, identificando nacionalidades con baja tasa de necesidad de asilo.

P. ¿Dónde está la línea entre dar asilo a un niño que sale de su país por pobreza o por cuestión de violencia?

R. Los niños son niños, todos tienen una vulnerabilidad y el sistema español lo reconoce, de ahí la figura de la tutela para quienes no encajan en el asilo. Hay que escucharlos. Muchos de los que llegan de Malí han vivido la pobreza, pero también han sufrido amenazas para ser reclutados por fuerzas irregulares. Entre las niñas hay mucho perfil de violencia, de matrimonios forzados, mutilación genital... Eso marca la distinción entre la situación de pobreza y la necesidad de protección. La pobreza por sí sola no lleva a una consideración de asilo.

P. ¿Los menores son conscientes de que pueden pedir asilo?

R. No son un grupo homogéneo, como dicen esas narrativas negativas. Algunos no saben ni con quién hablar, otros tienen vínculos familiares y traen la idea de reunificarse. Por eso en ACNUR se nos hace incómoda esa terminología de fraude; cuando hablas con ellos te dicen la verdad.

P. ¿Cuándo y por qué pasa un país de ser solidario a instalarse en la sospecha y la criminalización de los migrantes?

R. Uno de los factores es la circulación de información errónea sobre gente que viene de otro lado. Pasa en toda sociedad, así somos como humanos. La circulación de información falsa asienta celos, división y rechazo. La gente tiende a dar más credibilidad a los miedos, que algunos son legítimos, pero para entender que los refugiados no son una amenaza se necesita información transparente contra narrativas que se manipulan a propósito.

P. Canarias tiene una alta afluencia de niños. ¿Se está teniendo en cuenta el interés superior del menor?

R. Hay huecos, pero hay buena fe y se está mejorando la calidad de la discusión entre los actores involucrados. Sí, hay acusaciones y contraacusaciones: si la culpa es de Canarias, si la culpa es de tal ministerio. Canarias enfrenta una presencia de niños que sobrepasa su capacidad, pero los expedientes [de los menores para trasladarlos a la península] no fueron preparados de buena manera y hubo más demoras. El Ministerio de Migraciones también tiene una gran responsabilidad para ofrecer asilo a quienes lo han solicitado, que no son todos. Pero están avanzando, identificando lugares adecuados [para los menores] y la capacidad de traslado se está acelerando.

P. Baleares está viviendo un incremento de llegadas. ¿Se ha tomado buena nota del caso de Canarias o se está incurriendo en los mismos errores?

R. Baleares siempre ha sido una ruta. En lo que va de año, la ruta Atlántica ha contabilizado 12.919 traslados, un 58% menos que en 2024, pero no ha llegado el fin de año todavía. El Mediterráneo, donde se incluyen las rutas hacia Baleares, Ceuta y Melilla y la costa andaluza, registra este año cerca de 15.000 llegadas. Yo creo que sí han aprendido. Se movilizaron, el Gobierno hizo visitas allá para ampliar de forma inmediata la acogida y ver los traslados a provincias. Pero hay que hacer más trabajo, esa ruta no va a disminuir.

P. Esas bajadas en las llegadas es porque salen menos o porque las políticas de fronteras tienen su efecto?

R. No es porque no haya gente huyendo de guerras. Las medidas [que se toman] en los puntos de salida influyen en las rutas. Por el Atlántico salen menos de Mauritania y lo hacen desde más al sur; son viajes más largos y peligrosos donde la gente pierde la vida, esto es preocupante.

P. Los acuerdos que el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en Italia ha firmado con Túnez y Libia para que controlen sus fronteras han contribuido a reducir las llegadas irregulares. ¿Ocurre en España?

R. España lo está viviendo de manera directa, por eso el aumento en las Baleares: provienen de Túnez y de Argelia, cuando antes iban a Italia. Sí, parte de lo que vemos es por las políticas bilaterales o multilaterales de los Estados, [así que] la respuesta es sí. Por ejemplo [entre] España y Mauritania. Mauritania es un país muy abierto a refugiados y ahora está trabajando con España, hay inversión española y europea para mejorar el asilo allí, y eso tiene su impacto sobre las rutas.

P. ¿Cómo les han afectado las políticas de recortes de Donald Trump?

R. Los recortes han provocado una reducción casi del 30% de nuestro presupuesto global que han afectado a 5.000 puestos de trabajo. En España cortamos el 23% de los empleos, hemos cerrado nuestra oficina en Melilla, solo enviamos misiones. En Málaga teníamos dos colegas y ahora solo uno, en Algeciras y Ceuta hemos pasado de tres a uno; en Madrid no hemos hecho tantos recortes, pero no hemos terminado el año. Trabajábamos con intérpretes africanos para ayudar al sistema, pero ya no disponemos de ellos, y también han sufrido nuestras actividades de asesoría legal a los solicitantes.

P. En junio se implementará el pacto europeo. ¿Qué sugiere para España?

R. Rapidez y calidad en los procesos. El Gobierno está considerando cambios legales para el asilo y la extranjería, y tal vez para la regulación del contencioso administrativo. Será interesante entrar en el sistema de retorno, en los conceptos de tercer país seguro y en las readmisiones en esos países en los que se pueden aplicar procedimientos más acelerados, pero siempre considerando todos los riesgos. También procesos de triaje para determinar más rápido qué gente tiene necesidades particulares y un mecanismo de monitoreo independiente.

P. ¿No se va con retraso para llegar a junio?

R. Es mucho trabajo para tan poco tiempo. Y se han encontrado obstáculos, por ejemplo, en el mecanismo de solidaridad, que prevé asistencia técnica y financiera para los países con más peso [de migración]. Eso va retrasado, sí.