Mujeres solicitantes de asilo cuentan en el Congreso las trabas administrativas que han puesto en peligro su supervivencia en España

Tres mujeres ilustraron este lunes en el Congreso con sus propias desventuras las dificultades para acceder al asilo en España, las citas que no llegan y los procedimientos que se alargan poniendo en peligro unas vidas sostenidas con alfileres. María Galiego Calate, llegada desde Guatemala en 2019, bajaba la voz para contar el día en que ya no tenían para comer ella y sus hijos. En España la sorprendió la pandemia y entró a trabajar en la zona más peligrosa para el contagio de una residencia geriátrica, pero un asilo denegado la dejó sin trabajo. Hoy está a punto de recibir su DNI, pero aún no sonríe del todo, porque falta el de sus hijos, que en estos años alcanzaron la mayoría de edad y ya no disponen del cobijo de la madre para ese trámite. “No queremos ayudas, queremos trabajar y pagar impuestos”, dice.

Galiego Calate perdió a su padre en el genocidio guatemalteco que comenzó en 1960 y se alargó 36 años. Su madre, Ana Calate, fue pionera en la larga búsqueda de aquellos desaparecidos y ganó en tribunales internacionales una dura sentencia contra su país por los desmanes militares. Aquel triunfo ha perseguido a la familia desde entonces. Pero no es solo la violencia política, sino las muchas que se ceban con las mujeres en las dictaduras las que las obligan a abandonar sus países y buscar refugio en otros. Lo contaron también la nicaragüense Nora Rugama y la cubana Marta Ramírez, todas ellas bajo el paraguas de la Asociación de Mujeres de Guatemala, que ha acompañado sus casos en la pelea con la Administración española.

Adilia de las Mercedes, jurista especializada en Derechos Humanos de la mencionada organización, presentó un informe titulado Sin citas no hay derechos para los diputados que han querido acercarse a escucharla. En el documento se recuerda que España es, después de Alemania, el país que recibe más solicitudes de asilo, hasta alcanzar las 167.366 el año pasado, debido a las crisis políticas en la región latinoamericana y algunos conflictos armados en otros lugares. En 2024, a pesar del derecho internacional y los tratados firmados, España solo concedió la protección solicitada en un 13% de los casos, mientras que en la Unión Europea el promedio era del 51,4%, según recoge el informe. En los tribunales tampoco corren mejor suerte quienes piden refugio: el año pasado se ganaron por la vía contencioso-administrativa un 4,5% de los casos, lejos, de nuevo, del promedio europeo, que asciende al 27,1%.

Los penosos trámites y los incumplimientos de la ley, denunció De las Mercedes, abocan a situaciones asfixiantes a mujeres que ya habían sufrido en sus países por razón de género denigrantes experiencias que no son ajenas a ninguna dictadura, ni de derechas ni de izquierdas, como han evidenciado Nora Rugama y Marta Ramírez. La primera, nicaragüense, se dedicaba a la protección y terapia de mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual en la infancia, un espinoso asunto bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La hija de Murillo, Zoilamérica, acusó a su padrastro de haberla violado. Ahora está exiliada en Costa Rica y el caso se cerró en falso con la aquiescencia de la madre.

“Yo estaba estudiando en España y no sabía que era una refugiada hasta que leí los estatutos internacionales y supe que debía pedir asilo porque cumplía el citado temor fundado a la posibilidad de ser perseguida”, contó Rugama, de 40 años. Las mujeres que la acompañaban en su tarea de derechos humanos en Nicaragua en la organización Aguas Bravas están sufriendo esa misma persecución. Los obstáculos para conseguir el asilo le impidieron acceder a una vivienda y este lunes denunciaba el galimatías de las solicitudes: “Las citas no deben ser monopolio de las mafias”, dijo. De las Mercedes señaló también que acompañar en la Administración uno de estos casos “de complejidad media lleva entre 100 y 125 horas de trabajo”, un tiempo del que no disponen muchas de ellas. En el Congreso se esperaba también la presencia de una mujer de El Salvador que no pudo acudir porque faltar a su trabajo le habría acarreado mayores problemas.

Pero sí se contó en sede parlamentaria con la presencia de la cubana Marta Ramírez, que ha sufrido los rigores de otra de las dictaduras que “traicionó los principios que inspiraron a las revoluciones que las precedieron”. Ramírez es periodista y activista por los derechos de las mujeres y “el feminismo se considera en Cuba algo pequeño burgués e innecesario, porque se da por hecho que todas tienen los derechos garantizados, pero allí se dan feminicidios como en cualquier parte”, señaló. Salió con su hija para hacer el viaje a la inversa que hicieron sus abuelos, exiliados españoles de la Guerra Civil y el franquismo. Sus dificultades con el asilo le han ocasionado penurias para acceder al sistema sanitario, el que necesitaba su hija, aquejada de complicados problemas de salud.

Aludiendo a esos exilios de ida y vuelta que ejemplifica la experiencia de Ramírez, la abogada De las Mercedes señaló que “nadie está nunca a salvo de tener que abandonar su tierra” y que “no se pueden argüir escasez de recursos para no otorgar el derecho al asilo del que son acreedoras estas personas, algunas de las cuales han pasado hasta 15 meses sin acceso siquiera a una cita para iniciar el proceso”. De las Mercedes exigió en el Congreso “al que se dice el Gobierno más progresista del mundo” plazos razonables, que no superen los 15 días, para formalizar una cita, que se implementen vías telemáticas y telefónicas para ello y que se tenga en cuenta el sexo y la formación de quienes entrevistan a estas mujeres, porque con asiduidad son revictimizadas. “Ahora añoramos aquellas filas de gente que esperaban toda la noche hace años para solicitar su asilo, al menos tenían una oportunidad llegada la mañana. Hoy es más difícil”, aseguró.