El ‘brazo largo’ de Ortega alcanza al exilio: la ONU documenta una red de represión transnacional

Un nuevo parte del expediente judicial sobre el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica, ocurrido en junio pasado, ha reforzado la tesis de que el crimen tuvo motivaciones políticas. De acuerdo con las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en poder de EL PAÍS, gracias a una denuncia anónima se ha logrado identificar al presunto “cerebro” del homicidio. Se trata de Pablo Antonio Robles Murillo, un nicaragüense nacionalizado costarricense, quien previo al acribillamiento del opositor mantuvo “reuniones frecuentes” con la “plana mayor” del Ejército de Nicaragua, un cuerpo armado leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La denuncia sostiene que el hombre tiene una vieja vinculación con el sandinismo, en específico con la unidad del extinto Ejército Popular Sandinista llamada Sócrates Sandino, que en los años ochenta combatió a los Contras. El sospechoso luchó junto al general Julio César Avilés, actual jefe del ejército de Nicaragua. El expediente también sostiene que el hombre “estuvo en Rusia, donde fue entrenado en labores de inteligencia, asesinato y sabotaje”.

Robles Murillo es señalado de idear el asesinato y de presuntamente haber tenido contactos con el intermediario que contrató a los gatilleros, un hombre de apellido Chaves Medina, detenido por la OIJ en Cañas, Guanacaste el pasado 12 de septiembre. El expediente también detalla que el sospechoso “estuvo en reuniones con la plana mayor del ejército de Nicaragua (...) posiblemente coordinando el asesinato del mayor en retiro Samcam”.

Una cuñada de Robles Murillo contactada por el medio CRHoy dijo que este “está en Nicaragua” desde inicios del mes de agosto. Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) corroboran la versión de la mujer. “El 7 de agosto viajó a Nicaragua y no ha retornado por un puesto fronterizo oficial. Además, consta que salió el 10 de junio, nueve días antes del homicidio, y volvió el 23 de julio. Desde 2005 hasta febrero de este año sumó 59 movimientos migratorios entre ambos países”, recoge el medio costarricense.

Una de las tesis del móvil del crimen, sostenida por el Fiscal General de Costa Rica, Randal Zúñiga, es la política. De modo que este nuevo giro que da la investigación de la OIJ confirma el temor –y terror– que impera entre los exiliados nicaragüenses desde que asesinaron a Samcam: ya nadie está seguro, en especial personas con mayor exposición pública y política, en este país que refugia y se ha convertido en el epicentro del exilio que huye de la pareja copresidencial.

Brazo largo y ‘proxy punishment’

El temor, lejos de ser infundado, ha sido revalidado este martes por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en Ginebra, Suiza, donde presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una actualización de su informe sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde 2018 por el Gobierno de Ortega y Murillo. En esta ocasión, los expertos se centraron en la persecución política de carácter extraterritorial.

El informe detalla al pormenor “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia” para monitorear las actividades de los nicaragüenses, incluso “más allá de las fronteras” del país. Los expertos advirtieron que la red ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, hasta el punto de estribar en asesinatos como el de Samcam y otros opositores, como Rodolfo Rojas, extraído desde Costa Rica y asesinado en Honduras, o el campesino Jaime Ortega Chavarría, ultimado en Upala.

El informe describe “una estrategia de vigilancia y hostigamiento contra la diáspora exiliada”, articulando un entramado transnacional que convierte a los países de refugio en espacios inseguros para miles de perseguidos políticos. Los expertos lo resumen en una frase: una política de “brazo largo” que busca acallar voces críticas allí donde se encuentren.

El documento detalla una red interconectada, regida por inteligencia y control casi total, compuesta por el Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, TELCOR (el instituto nicaragüense de telecomunicaciones) y grupos paramilitares, todos bajo las órdenes directas de Ortega y Murillo. Esa estructura no solo vigila a opositores dentro del país, sino que ubica y monitorea a exiliados en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá.

TELCOR, el ente estatal de telecomunicaciones, es señalado de interceptar comunicaciones, rastrear actividad en redes sociales y operar “granjas de troles” que hostigan digitalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores en cualquier parte del mundo.

El objetivo final de esta maquinaria de espionaje es borrar la presencia política de la oposición en el exterior. Para ello, el régimen copresidencial combina la vigilancia con medidas de castigo: negativa de pasaportes, eliminación de partidas de nacimiento, confiscación de bienes, persecución a familiares en Nicaragua e, incluso, agresiones físicas en el extranjero. En palabras del informe, se trata de una estrategia “escalable” de represión transnacional que erosiona los lugares de refugio y multiplica el miedo entre quienes creyeron haber escapado de la persecución.

Los expertos concluyeron que el régimen Ortega-Murillo ha cometido violaciones contra nicaragüenses en el exilio y sus familias, con el objetivo de mantener un control absoluto dentro y fuera del país. Estas prácticas incluyen la privación de nacionalidad, el impedimento de regresar a Nicaragua y el castigo indirecto a familiares, lo que ha dejado a miles de personas en situación de “muerte civil” y, en muchos casos, forzadas a la pobreza. Los expertos sostienen que este patrón se ajusta a crímenes de lesa humanidad por persecución política.

En el caso de la represión a los familiares, el informe dedica un apartado a lo que denomina “castigo por asociación” (proxy punishment), una práctica que consiste en dirigir represalias contra familiares de opositores y exiliados. Según los expertos, este método se ha vuelto más frecuente desde 2018, a medida que un número creciente de disidentes ha sido forzado al destierro o expulsado del país.

Las acciones abarcan desde la vigilancia y el hostigamiento hasta detenciones arbitrarias, amenazas telefónicas, confiscación de propiedades e, incluso, la alteración de partidas de nacimiento para borrar apellidos de hijos de opositores. En un caso documentado, el cónyuge, la hija y el yerno de un opositor fueron detenidos el mismo día, condenados a prisión, expulsados del país y despojados de su nacionalidad.