El hospital que ardió en Cartagena está recubierto del mismo material inflamable que el edificio del Campanar en Valencia
Las chapas de aluminio rellenas de polietileno son como las que cubrían el bloque de pisos que se incendió en Valencia, la Torre Ámbar de Madrid o la Torre Grenfell de Londres

La fachada del Hospital Santa Isabel de Cartagena, que ardió este miércoles sin causar víctimas, está recubierta de paneles altamente inflamables: chapas de aluminio rellenas de polietileno, material que actúa como “gasolina sólida” en contacto con las llamas y presente en otros edificios arrasados por incendios excepcionales en los últimos años. Entre ellos figuran el bloque de Campanar, en Valencia, donde 10 personas murieron en 2025; la Torre dei Moro, en Milán, destruida en 2021; la Torre Ámbar de Madrid, incendiada en 2020; o la Torre Grenfell de Londres, cuyo incendio en 2017 dejó 72 muertos y desató la alarma internacional sobre este material. El propio centro hospitalario de Cartagena ya había sufrido un fuego en 2015, también sin heridos.
Los paneles que recubren el hospital de Cartagena, el edificio de Valencia o las torres de pisos de Madrid y Milán los producía la misma empresa, la española Alucoil. Dos de sus directivos están imputados en un tribunal italiano por comercializar estos revestimientos para fachadas, denominados Larson PE.
Pese a que la peligrosidad del material es conocida, no existe en España un censo de edificios con fachadas combustibles. Tras la tragedia de Campanar se anunciaron cambios, pero ninguna comunidad hizo públicos datos concretos. Sí se sabe, gracias a un análisis del CSIC, que al menos catorce edificios en España utilizan este tipo de paneles, desde bloques residenciales hasta centros comerciales. El Hospital de Santa Lucía de Cartagena figura entre ellos.

Este centro, de hecho, ya ardió en 2015, incluso antes de la Torre Grenfell de Londres. Tras el siniestro en Valencia, la diputada de Podemos en la Región de Murcia María Marín llamó la atención sobre el material de la cubierta del Hospital Santa Lucía y pidió su sustitución, recordando cómo el fuego devoró parte de la fachada del bloque uno de este centro sanitario en 2015 a causa de una colilla mal apagada. En aquella ocasión, desde el principio se apuntó al material de la cubierta como el responsable de la rápida propagación, aunque poco se hizo para evitar futuros problemas como el que ha llegado este miércoles.
Un año después de que la diputada pidiera renovar la fachada del hospital y la comparecencia del consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, la formación logró sacar adelante una moción en la Asamblea regional para que el Gobierno actuara al respecto, pero todo quedó ahí. “No es un accidente”, ha señalado Marín tras el incidente de la noche de este miércoles. “Hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder. Y esto tiene un nombre: negligencia política”, ha dicho. “Cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública, está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio como el de esta mañana”.
Una autopista de fuego
Los paneles Larson PE hoy se han dejado de fabricar, pero se comercializan desde 2001 y durante años se utilizaron bajo la cobertura de la normativa contra incendios vigente entonces, de 1990. Así, cuando se concedieron las licencias de edificios como el de Campanar, en Valencia, o la Torre Ámbar de Madrid, en 2005 y 2006, aún estaba pendiente la entrada en vigor de la actualización europea sobre resistencia al fuego de los materiales de construcción, que impide el uso de estos paneles en fachadas.
Estos revestimientos acumulan varios informes desfavorables del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), dependiente del CSIC. Ya en 2008, el centro advertía de que los paneles no eran ignífugos, pero su uso continuó durante años.
Cada panel es un sándwich compuesto por 0,5 milímetros de aluminio, tres milímetros de polietileno y otra capa final de 0,5 milímetros de aluminio. Se instalan en fachadas ventiladas, un sistema que deja una cámara de aire entre el muro interior y el revestimiento. Este modelo constructivo se popularizó a principios de siglo porque mejoraba el aislamiento térmico y el confort en las viviendas.
Sin embargo, en caso de incendio, esa cavidad funciona como una “autopista de fuego”. Cuando las llamas alcanzan los paneles, las capas se funden con rapidez; el polietileno, altamente combustible, comienza a gotear, y la cámara interior actúa como una chimenea que dispara la velocidad y la voracidad de las llamas.
España está a la cola de Europa en regulación contra los incendios en vivienda, como señaló a este periódico el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, una entidad que nació en junio del año pasado y agrupa a 19 organizaciones del ámbito privado. En 2006 y 2019 se endurecieron las normas, contenidas en el código técnico de la edificación, pero no llegan al punto de excluir el uso de materiales combustibles. De hecho, el polietileno se emplea aún combinado con aditivos que retardan la expansión de las llamas, advertía el presidente del observatorio, Andrés Pedreira.
Hasta el momento poco se conoce sobre los inventarios de edificios peligrosos que prometieron varias Comunidades Autónomas tras los hechos de Valencia. El de la Generalitat Valenciana solo se sabe que se han identificado 25 inmuebles construidos entre 2020 y 2024 “en los que puede ser recomendable un análisis más detallado de sus fachadas”; en la Comunidad de Madrid, según su Colegio Oficial de Arquitectos, se registraron edificios peligrosos, pero el Gobierno regional no ha querido anunciar la cifra exacta; y en Cataluña, el estudio aún no ha terminado a pesar de que el plazo que anunciaron ya venció.
Es un enfoque muy distinto al de Reino Unido, donde tras el incendio en Grenfell las autoridades iniciaron un proceso de mapeo y retirada. Los últimos datos publicados, que se actualizan mes a mes, indican que se han detectado 5.011 edificios residenciales con revestimiento peligroso. De ellos, 2.403, casi la mitad, habían iniciado o completado obras de renovación gracias a un programa de ayudas públicas.
En España tampoco prosperó la vía judicial. La causa del de Campanar naufragó en la Audiencia de Valencia, que finalmente la archivó por considerarlo un accidente. En cambio, los hechos de la Torre dei Moro en Italia sí están siendo juzgados. Dos empleados de Alucoil están imputados por ser los vendedores de estos paneles en Italia, acusados de participar en un delito de desastre culposo.
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