Anticorrupción abre una investigación en el CNIO por las denuncias de corrupción

Las cuentas del mayor centro de investigación del cáncer de España serán investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes fiscales. El organismo abrirá investigaciones sobre supuestas irregularidades en la contratación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según ha adelantado Abc y ha confirmado EL PAÍS.

Con este movimiento, el ministerio público inicia investigaciones para averiguar si hay suficientes indicios de delito. En caso afirmativo, se comunicarían estas pruebas a un juez para que abra una instrucción; en caso contrario, las denuncias quedarían archivadas. Fuentes del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades señalan que aún no han recibido comunicación alguna de Fiscalía. Tampoco lo ha hecho el principal sospechoso de la presunta trama.

Sobre el exgerente del organismo, Juan Arroyo, y otros empleados pesan acusaciones de haber dirigido una supuesta trama de contratos amañados, inflados y otorgados a empresas amigas, según una denuncia presentada por un exdirectivo del CNIO que ha sido despedido. Según los cálculos de este exejecutivo, se pudieron sustraer de las arcas públicas del CNIO unos 20 millones de euros en una década.

Este martes, el patronato del CNIO aceptó por unanimidad eliminar los puestos del actual exgerente y de otros dos cargos ejecutivos cercanos a él a propuesta del nuevo gerente del organismo, José Manuel Bernabé, como adelantó EL PAÍS. El nuevo responsable de las cuentas de este centro público, con un presupuesto de unos 40 millones de euros al año, también ha presentado el 18 de noviembre un informe ante la Fiscalía con su propio análisis de las cuentas. Este informe también delata “irregularidades”, según fuentes del patronato del CNIO, su máximo órgano rector.

Con este movimiento, el ministerio público inicia investigaciones internas para averiguar si hay indicios de delito. En caso afirmativo, se comunicarían estas pruebas a un juez para que abra juicio; en caso contrario, las denuncias quedarían archivadas. Fuentes del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades señalan que aún no han recibido comunicación alguna de Fiscalía. Tampoco lo ha hecho el principal sospechoso de la presunta trama.

Según la denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción en junio por el antiguo trabajador del CNIO, a la que ha tenido acceso este diario, Juan Arroyo, que fue director gerente del organismo durante más de 15 años, estaba presuntamente involucrado en la concesión de contratos irregulares a empresas amigas. Las otras dos personas despedidas eran cargos muy cercanos a él.

La denuncia alerta de “un conjunto de patrones” en las contrataciones de servicios y personal en el CNIO. Desde 2007, emerge un grupo de “empresas satélites” con el aparente fin de “resultar adjudicatarias de todos los contratos” de actividades externalizadas. Un ejemplo es Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO, que se llevó más de 15 millones en contratos, según la denuncia. Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro, habría facturado 5,4 millones de euros. Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros. Y también está Navestalia, que gestiona una nave industrial en San Agustín de Guadalix, cerca de Madrid, presuntamente vinculada al exdirector gerente. Las empresas de la red tenían como único cliente al CNIO y supuestamente ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según el texto de la demanda.

La única de estas empresas que ha respondido a las preguntas de este diario es Alaos, que niega las acusaciones.

Según el relato entregado en Fiscalía, en unos casos estas empresas se encargaban de contratar personal para dar servicios que antes daba el CNIO, como la de secretaría de grupos de investigación. Esto permitía seguir contratando personal a pesar de las restricciones que ha sufrido el centro durante los años de la crisis. En otras ocasiones, las empresas recibían decenas de miles de euros por trabajos nunca realizados, siempre según la denuncia, que tiene 120 páginas.

El análisis del denunciante apunta a supuestos contratos encadenados por 49.900 euros o 14.900 euros, justo por debajo de los límites que garantizan un mayor control, según lo dispuesto por la Ley de la Ciencia y la guía interna de contratación del centro, respectivamente. Uno de estos contratos, rozando los 50.000 euros, era para proveer mascarillas. Cuando llegaron, hubo que desecharlas porque eran prácticamente imposibles de poner por la cortedad de las gomas, relata el denunciante. Según su análisis, hay indicios de fraccionamiento por importe de más de un millón de euros entre 2018 y 2024.

Uno de los altos cargos eliminados en el CNIO es el del adjunto a la gerencia, que ostenta José Ignacio Fernández Vera. En 2017, Fernández Vera dimitió como director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por “motivos personales” después de que este diario desvelase que desembolsó casi 25.000 euros en dos años para alquilar coches de alta gama con chófer privado para ir de Madrid a actos en Salamanca, su ciudad natal, y otros lugares de España.