La defensa denuncia la investigación “inquisitiva e invasiva” contra García Ortiz el primer día del juicio al fiscal general

“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles”. La Abogacía del Estado ha reclamado este lunes la nulidad del procedimiento que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, en contra de lo habitual, defiende la inocencia del acusado, han iniciado la vista con dos alegatos muy duros contra la instrucción que ha dirigido el magistrado Ángel Hurtado, en la que, aseguran, se han vulnerado derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, entre ellos, la presunción de inocencia. El primer testigo en comparecer, Julián Salto, el fiscal que denunció a González Amador, ha calificado de “orden legal” la petición, por parte del fiscal general, de que se le enviaran todos los correos que había intercambiado Salto con Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador, incluido el que centra la investigación.

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La abogada del fiscal general defiende la nulidad del registro de su despacho

La primera sesión del juicio contra el jefe del ministerio público ha dejado imágenes tan inéditas como lo es todo el proceso, el primero contra un fiscal general del Estado de la democracia. A las 9.42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la vista, García Ortiz se ha bajado de su coche oficial y ha entrado al Tribunal Supremo por la puerta reservada a magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado accede por esa puerta al alto tribunal para someterse a juicio en un procedimiento penal. Lo insólito de la situación ha alterado incluso el protocolo habitual de los juicios: el acusado ha seguido la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado en los estrados con su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Al lado de esta, la Fiscalía, que, en contra de lo habitual, no ocupa un sitio del lado de las acusaciones porque reclama la absolución de García Ortiz. El fiscal se ha dirigido al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde ha recibido el aplauso de un grupo numeroso de trabajadores.

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García Ortiz es aplaudido en la Fiscalía General del Estado

También es casi insólito escuchar a la Abogacía del Estado pronunciar contra el Tribunal Supremo reproches de tanta envergadura como los que ha dirigido a la instrucción del juez Hurtado la abogada Consuelo Castro, un peso pesado de la Abogacía General, que ella dirigió entre 2018 y 2024. Pese a que Castro se ha sumado hace solo unas semanas a la defensa del fiscal general y no ha participado en la instrucción, la veterana abogada se ha hecho con las riendas de la defensa y ha expuesto varios supuestos que, en su opinión, deberían implicar la nulidad de todas las actuaciones que han llevado al banquillo a García Ortiz.

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El fiscal del caso González Amador: "Nunca he llamado, escrito o interpelado a un letrado para que se conforme"

Durante el trámite de cuestiones previas ―donde las acusaciones y defensas exponen cuestiones sobre las que pretenden que se pronuncie el tribunal al inicio del juicio― la abogada del Estado ha asegurado que la instrucción que se ha seguido contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se atribuyen al fiscal general del Estado”, ha asegurado la abogada, quien ha defendido que la instrucción se inició “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único objetivo “de buscar solo pruebas que le pudieran incriminar”.

Castro ha cargado especialmente contra la orden de entrada y registro del despacho del fiscal general, que tuvo lugar el mismo día en el que el instructor había emplazado a García Ortiz a buscar abogado. La Abogacía del Estado considera que esa actuación debería considerarse nula, y con ella todo el material obtenido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el informe realizado a partir del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que revelaron que este había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

El borrado de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios con los que cuenta la acusación contra el fiscal general. El otro es el hecho de que la Cadena Ser, el primer medio que hizo referencia al correo del abogado de González Amador en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, habló por primera vez de ese mail poco después de que lo recibiera el fiscal general. No obstante, una decena de periodistas que han declarado como testigos durante la instrucción han asegurado que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un pacto con la Fiscalía para evitar entrar en la cárcel) antes de las 21.29 del 13 de marzo, cuando, supuestamente, lo recibió el fiscal general. A este hecho se ha referido a la abogada del Estado, quien ha advertido que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación cuando él recibió ese mail.

La Fiscalía se ha adherido a todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha añadido algunas más. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque esta nunca ha sido considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración que se investiga. “Y si no lo ha hecho ella o se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha recalcado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro conllevaría también la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Ese documento, en el que los agentes sostenían que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es la base de buena parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que recoge mensajes entre Rodríguez y García Ortiz que ella le envió a él el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21.59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía ha llamado también la atención sobre que se dé por hecho que el delito, la supuesta filtración, se ha cometido a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Todavía estamos esperando que nos den un solo dato que sirva de apoyo para decir que la filtración que se le imputa al fiscal general se hizo por medios electrónicos”, ha señalado Sánchez Conde.

Una vez terminadas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primero de los 40 testigos citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargado de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto ha contado que el 7 de marzo de 2024 sus jefes le reclamaron toda la información sobre el caso de González Amador, después de que un periodista hubiera llamado a la Fiscalía General para pedir información por una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal ha admitido que le llamó la atención porque no le parecía un asunto “de mucha enjundia” sino “un delito de fraude fiscal más”. Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, cuando al día siguiente preguntó a qué obedecía el interés por ese caso, le dijeron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto ha señalado que esa petición de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto ha relatado también cómo, a las 21.26 del 13 de marzo de 2024, cuando estaba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, le llamó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para preguntarle sobre las negociaciones de conformidad que había mantenido con el abogado de González Amador. Esa llamada se produjo después de que, a las 21.29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar recopilar la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado el que había propuesto el acuerdo.

Cuando Salto le dijo que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, esta le dijo que el asunto podía esperar al día siguiente. Sin embargo, apenas diez minutos más tarde, a las 21.39, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien primero le dijo también que podía esperar y, minutos después, le volvió a telefonear para decirle que debía mandar ya los correos porque así lo había pedido el fiscal general. Él, según ha contado, envíos los mails a Lastra y Rodríguez sobre las 22.00 y llamó a la fiscal superior para avisarle y lamentar que le hubieran dado “órdenes contradictorias”.

Sobre la información de El Mundo que precipitó la actuación de la Fiscalía, Salto ha asegurado que “no solo es mentira”, sino que “es una campaña de desinformación” que ha durado ya “20 meses”. “En ningún asunto, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, ha asegurado. Con la misma contundencia, se ha quejado de que el correo electrónico que él envió el 12 de marzo al abogado de González Amador acabara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que lo envió a decenas de periodistas para difundir la falsa versión de que el ministerio público buscaba un pacto con la Fiscalía. “Entiendo que no tiene que tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pesaba que, por el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y abogados eran únicamente privados”, ha zanjado.