El juez Pedraz analiza si Aldama puede vender un edificio en Málaga por más de tres millones de euros

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto una pieza separada dentro del caso hidrocarburos para decidir si el empresario Víctor de Aldama, y “nexo corruptor” en esa causa, según la Guardia Civil, puede vender un inmueble en Málaga, propiedad de una mercantil de la que él es administrador. El edificio de 14 apartamentos, con la obra aún por terminar, tiene una oferta de compra por tres millones y medio de euros de otra empresa, pero siete familias que ya habían firmado previamente un contrato de arras con la sociedad de Aldama para adquirir otras tantas viviendas se han personado en el juzgado para evitar un fraude.

En 2023, cuando la opinión pública no conocía quién era Víctor de Aldama, este mantenía activo todo un entramado de negocios que iba desde la beneficiosa venta de mascarillas a la búsqueda de operadores de hidrocarburos y el mundo inmobiliario. En ese momento, la mercantil Logística Comercial Montelimar S.L., que tiene como único administrador a Aldama, era la promotora de un gran edificio de color blanco en la calle de La Hoz número 2 de Málaga.

En esta ubicación, a diez minutos caminando de la playa, decidieron comprar unas siete familias (de los 14 pisos que tenía la mercantil en venta) y todos ellos firmaron contratos de arras que les garantizaba que la vivienda estaría disponible entre julio y septiembre de 2023. La entrega de las llaves se fue aplazando por problemas en la construcción, cuenta una voz autorizada de los afectados, y finalmente nunca se produjo porque Aldama es detenido, primero por el caso Koldo y meses después por un fraude en el fuel que supera los 230 millones de euros.

El 4 de octubre de 2024, el juez Pedraz ordena el bloqueo de todos los bienes que tengan que ver con el empresario y entre ellos está este edificio de Málaga. En la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se muestran algunos de estos contratos de arras sobre pisos de unos 50 metros de superficie útil que se vendieron junto a una plaza de garaje y un trastero por 202.800 euros más IVA. En ese caso, por ejemplo, se firmaron arras por 20.280 euros. Algunos, explican citadas fuentes, llegaron a pagar 50.000 euros y hasta encargaron una cocina personalizada para el espacio que nunca les ha sido entregado.

“Ellos compraron un piso y ahora mismo es un fraude porque no van a recibir nada a cambio. Eso es lo que a mí me preocupa”, relata el letrado Juan Ramón Camacho, que representa a las siete familias que se han personado en el juzgado de Pedraz.

Aldama ha solicitado a Pedraz que levante el embargo sobre el edificio sosteniendo que tiene una “potencial oportunidad de venta” de otra mercantil —Multivertical Work S.L.— tanto del inmueble como del terreno, comprometiéndose esta nueva empresa a terminar el proyecto de las viviendas que está casi culminado. Aldama ha pedido al juez que desbloquee la situación y ha alegado riesgo de ocupación, puesto que el edificio está vacío. De hecho, en un escrito el pasado 30 de julio esgrimió que había formalizado una denuncia en la Policía por la “presencia de un grupo de personas que realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”.

La Fiscalía presentó el pasado 18 de septiembre un informe en el que se colocaba del lado de los afectados y se oponía a desbloquear este inmueble sin contar primero con el derecho de los compradores a acceder a sus viviendas de manera prioritaria. El juez Pedraz ha decidido que esto se resuelva en una pieza aparte del caso hidrocarburos. “Nosotros lo que queremos es garantizar el derecho de nuestros clientes y que se les entregue la vivienda en las condiciones que habían pactado”, recalca el letrado. Aldama ha recurrido esta decisión y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deliberará este viernes sobre el asunto.

El empresario fue imputado en febrero de 2024 por sus negocios con el Ministerio de Transportes y la venta de mascarillas, y fue detenido nuevamente en octubre, cuando pasó 42 días en prisión provisional. Aldama salió de la cárcel tras una declaración voluntaria en la que dibujó una trama de corrupción entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, que han terminado siendo imputados por el Tribunal Supremo.