El Gobierno no se da por enterado de la ruptura de Junts

El Gobierno no se ha dado por enterado de la ruptura que Junts, un aliado fundamental para completar la mayoría de la legislatura, planteó este lunes. Pedro Sánchez ha dado la orden de no contestar a Carles Puigdemont, hablar de “mano tendida” y seguir como si nada. Y eso es exactamente lo que ha hecho el Ejecutivo al día siguiente de ese anuncio de ruptura, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En especial Félix Bolaños, un hombre clave porque es, con su mano derecha, Rafael Simancas, quien negocia directamente con Miriam Nogueras, la portavoz parlamentaria de Junts, y su equipo las votaciones en el Congreso.

Bolaños ha presentado este martes una norma que ha vendido como “histórica”, porque es una nueva ley de enjuiciamiento criminal -Lecrim- y sería la primera vez que se reforma completamente desde 1882, cuando se promulgó la que aún sigue en vigor con distintas modificaciones -hasta 80- a lo largo de los años.

El ministro de Justicia ha hecho en todo momento como si nada hubiera cambiado este lunes y esta norma, como otras que están ya en el Congreso o en trámite dentro del Gobierno, fueran a salir adelante con normalidad.

Para el Ejecutivo, hasta que no se concrete realmente en qué consiste el giro anunciado por Puigdemont, todo seguirá igual. Lo que sí está claro es que no habrá Presupuestos, pero el Gobierno sigue confiando en sacar adelante las demás leyes, en especial el paquete de reformas judiciales que lleva Bolaños y con las que en teoría Junts, especialmente crítico con la justicia, estaba de acuerdo en líneas generales, por ejemplo con la gran reforma de la Lecrim que implica que los jueces dejen de instruir las causas y pasen a hacerlo los fiscales con el control de un juez de garantías, como sucede en prácticamente todos los países europeos y americanos.

El Gobierno no tiene de momento ninguna comunicación de Junts que indique que a partir de ahora votarán no a todo, y cree que será como ha sido toda la legislatura, negociando ley a ley con éxitos y con fracasos.

“Este congreso nació complejo y fraccionado. Muchos hubieran preferido algo diferente, pero esto responde a lo que votaron los ciudadanos”, ha explicado Bolaños. “Vamos a trabajar para sacar adelante la agenda del Gobierno. Es lo que hemos hecho desde 2018, y hemos logrado tener la mejor economía del mundo en este momento”, ha sentenciado el ministro. La portavoz, Pilar Alegría, ha rematado esta clara consigna del Gobierno de seguir como si nada. “Seguiremos con diálogo, trabajo y esfuerzo. Llevamos conviviendo mucho tiempo con esta pluralidad del Congreso. La mano tendida siempre ha estado ahí. Que tengan claro que vamos a seguir así lo que queda de legislatura, hasta 2027″.

Esto es, de nuevo, el Gobierno descarta el adelanto electoral aunque se tumben los Presupuestos. El Ejecutivo sigue retrasando la presentación de las Cuentas, aunque Alegría ha vuelto a decir que “en unos días” -hace semanas que usan ese término- se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar el trámite con la aprobación de la senda de déficit, que con toda probabilidad será tumbada dos veces en el Congreso y Senado, y solo después se presentarán los Presupuestos en el Consejo de Ministros, ya posiblemente en 2026, para después llevarlos al Congreso donde, si no se retiran antes, previsiblemente serán tumbados por el PP, Vox, Junts y probablemente alguno más, incluido ERC y Podemos.

Nuevo choque en el Ejecutivo

Sumar ha abierto públicamente este martes otro frente con el PSOE y amaga con no respaldar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El socio minoritario del Gobierno rechaza algunas de las modificaciones contempladas en la Lecrim, fundamentalmente la que “limita la capacidad” del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil. “A lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político”, defienden fuentes de la coalición que coordina Yolanda Díaz. Para Sumar, también es necesario que la norma contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado.

Las mismas fuentes han trasladado que han mostrado su disconformidad dentro del Consejo de Ministros y advierten de que no apoyarán en el Congreso la limitación de la acusación popular, sino que “trabajará para su fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley”, informa Paula Chouza.