El juez propone sentar en el banquillo al productor José Luis Moreno por una macroestafa

El productor José Luis Moreno se encuentra un paso más cerca de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por formar parte supuestamente de una compleja “organización criminal” dedicada a “diferentes especialidades” de fraude y estafa. A esta conclusión ha llegado el magistrado instructor Ismael Moreno, que este martes ha firmado una resolución de más de 100 páginas para proponer que el famoso ventrílocuo sea juzgado. El magistrado lo sitúa en la cúspide de la trama y subraya que José Luis Moreno se aprovechaba de su popularidad para conseguir financiación de entidades bancarias para favorecer a empresas que “carecían de actividad real”: “Prestaba su nombre como tarjeta de visita”.

Esta iniciativa del juez supone un enorme varapalo para el productor, que ha defendido su inocencia desde que estallara esta investigación en junio de 2021. Los agentes lo detuvieron en la llamada Operación Titella y, tras pasar dos días bajo arresto, pudo salir libre al pagar una fianza de tres millones de euros. “No soy el capo de nada”; “no tengo testaferros porque no puedo soportarlos”; “no he hecho nada para ocultar dinero”; “no tengo millones en el extranjero”; y “todo es falso”, aseguró el promotor de series de éxito, como Aquí no hay quien viva.

Sin embargo, el juez no le cree. En su larga resolución de este martes, el magistrado concluye que José Luis Moreno y otro medio centenar de personas se aliaron para “lucrarse de manera ilegítima”, al menos desde 2017. El instructor insiste en que formaron “una organización criminal activa” —“de una extraordinaria complejidad”— y “diversificaron” sus acciones para perpetrar “diferentes especialidades de fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados” mediante una “dinámica de rueda de cheques o pagarés”. “Aparentaban, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios [...] y hacían suyo el importe, simulando [entonces] una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado”, apunta el dictamen de la Audiencia Nacional.

El magistrado atribuye a Moreno los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios, frustración de la ejecución y contra la Hacienda Pública.

Para llevar a cabo sus planes, los sospechosos se servían presuntamente de una maraña de empresas pantalla y testaferros. Según las pesquisas, esta telaraña mercantil tenía por objetivo impedir que se descubrieran los vínculos existentes entre los implicados: “Lo que permitía a los investigados simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, promoviendo las constantes transferencias de los fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias”, escribe el juez.

El magistrado de la Audiencia, que describe cómo los implicados movían el dinero defraudado a través de un “largo circuito de transferencias con el fin de desvincularlo de su origen ilícito”, sitúa a José Luis Moreno en el “primer nivel de la organización”, junto a los también imputados Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar. “Cada individuo mantenía su propia cartera de empresas, para posteriormente simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros”, señala la resolución del instructor.

Para el juez, José Luis Moreno desempeñaba un rol clave: “Como persona pública muy reconocida, prestaba presuntamente su nombre como tarjeta de visita para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias”. El productor era, “además, el encargado de presentar los proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación”; y era “el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar”. El sumario recoge que estos dos colaboradores, que tienen “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, se encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades, cuando realmente carecían casi siempre de actividad real”.