La Cámara de Comptos navarra avala la legalidad de cuatro de las cinco obras adjudicadas por el Gobierno foral a Acciona y Servinabar

Cuando salió a la luz el informe de la UCO sobre el caso Cerdán, la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, pidió a la Cámara de Comptos —máximo órgano fiscalizador de la comunidad— que fiscalizara las obras adjudicadas a las empresas señaladas por los investigadores de la Guardia Civil por el supuesto amaño de contratos, Acciona y Servinabar. Las adjudicaciones fueron cinco: las obras del colegio de Arbizu, la adecuación del pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la construcción de 46 viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio de Ripagaina, en la zona pamplonesa, y de otras 62 VPO en ese mismo municipio, pero en el área perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

De esta labor se han excluido los trabajos de duplicación de los túneles de Belate —en ejecución por parte de Acciona, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Osés por 76 millones de euros—, porque estas ya fueron analizadas en la fiscalización de las cuentas autonómicas de 2023. En aquel informe, Comptos detectó algunas irregularidades administrativas, pero ninguna ilegalidad, al contrario de lo manifestado por la Oficina navarra de Anticorrupción, que considera que la contratación es nula de pleno derecho.

Ahora Comptos ha emitido conclusiones similares tras analizar las contrataciones de estas cinco obras de menor relevancia económica que también fueron adjudicadas a las empresas investigadas por la UCO. En concreto, ha emitido una opinión favorable sobre la contratación de cuatro de ellas, con lo que también contradice los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que ve algunas irregularidades y, en el caso de Belate y de las VPO, también aprecia supuestos que obligarían a anular esos contratos. Comptos sí reconoce deficiencias en el proceso realizado para adjudicar la construcción de 62 viviendas en Erripagaña (Egüés) en 2018.

Esta adjudicación se produjo durante la legislatura de la presidenta Uxue Barkos (Geroa Bai). Al concurso, gestionado por la sociedad pública Nasuvinsa, se presentaron tres ofertas. Se le adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar por un importe de 6,8 millones. En este expediente, la Cámara detecta algunas deficiencias. Para empezar, que la mesa de contratación “no incluía un representante de la Junta de Contratación Pública que debiera haber participado dado el importe del contrato, ni nombraba a personas suplentes de las previstas”. No solo eso, sino que ni siquiera se han encontrado actas que recojan la constitución de la propia mesa de contratación y, mucho menos, de las decisiones que adoptó. Por otro lado, de acuerdo con el informe, los profesionales de Comptos solo han “tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre personas, con propuestas de valoraciones técnicas y económicas, sin fecha ni firma”. Por otra parte, recoge el texto, los pliegos establecían que las empresas licitadoras no podían incluir información sobre el plazo de ejecución en el sobre relativo a criterios cualitativos. No obstante, dos de las tres empresas, una de ellas la adjudicataria, “incluyeron dicha información e incurrieron en causa de exclusión”. Nasuvinsa ha alegado que, siguiendo la doctrina del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, esa circunstancia “no es condición suficiente” para expulsar a una empresa del proceso. Sobre el incremento del precio de la obra en 900.000 euros, Comptos considera que fue razonable. También el retraso en su entrega porque coincidió con la pandemia de COVID-19.

Resto de contratos

Respecto a la adecuación del Pabellón Arena, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud adjudicó las obras a la UTE Acciona-Servinabar, que fue la única licitadora, por un importe de 4,6 millones y le penalizó con 78.000 euros por el retraso en ejecutar la obra. En lo que respecta a las obras de rehabilitación interior del antiguo Archivo General de Navarra, estas se adjudicaron a la UTE Acciona-Servinabar por 2,4 millones.

Por otro lado, a la licitación de las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu se presentaron cinco ofertas y Educación adjudicó la obra a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones. La obra se retrasó algo más de dos meses, por lo que el departamento le impuso una penalización. Finalmente, Nasuvinsa adjudicó en enero de 2023 a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 46 VPO en Erripagaña, en el término municipal de Pamplona, en una licitación a la que se presentaron tres ofertas. En la actualidad, la UTE está “pendiente de justificar la contratación de dos personas de acuerdo con los criterios sociales establecidos en el pliego” y Nasuvinsa está analizando si el retraso en la ejecución de la obra está justificado.

Comptos ha llamado la atención sobre la norma de contratos públicos navarra. El texto legal no permite controlar de modo riguroso los cambios en la composición de las UTE, y esto ha supuesto que, por ejemplo, el Gobierno foral adjudicara las obras de Arbizu a una UTE en la que Acciona poseía el 75% (y Alegure el resto), pero, tras obtener el contrato, la empresa se hizo con el 99,99% de la participación.

Lo mismo sucedió con la adjudicación de las VPO de Erripagaina. En la licitación, Acciona tenía el 80% de la UTE y Servinabar el 20% restante, pero tras recibir la obra, se hizo con prácticamente el control.

Por ello, Comptos ha recomendado al Ejecutivo que modifique esa ley y regule de un modo más riguroso los límites y efectos de esos cambios en la participación. “Es necesario reforzar los controles sobre estas UTE”, ha expresado el presidente de Comptos, Ignacio Cabeza. Han emitido asimismo una segunda recomendación: definir mejor los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación. “Esto permitiría que los informes de valoración fueran mucho más rigurosos”, ha afirmado.

Sobre si se produjeron mordidas o no en la adjudicación de estos contratos, Cabeza ha expresado que hay que tener en cuenta que las auditorías de la Cámara de Comptos se limitan a “revisar los expedientes de contratación de los contratos que adjudican nuestras administraciones. En ese proceso, si hubiera algo, sí que lo veríamos. Lo que no podemos es entrar en temas de gestión de empresas privadas. Ahí nuestra competencia no existe, es de otros órganos estatales o judiciales”.