Condenada a 18 años de carcel por asfixiar a su compañera de celda en Pamplona

La magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 18 años de prisión a la reclusa que en noviembre de 2021 asfixió mortalmente a su compañera de celda en el centro penitenciario de Pamplona. Además, el juez le impone una medida de libertad vigilada de ocho años una vez haya cumplido la pena privativa. En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta institución deberá indemnizar a la hija menor de la fallecida con 148.096 euros, a la madre de la víctima con 65.820 y a su pareja sentimental con 20.000 euros.

Los hechos sucedieron en la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021 en la celda que compartían víctima y condenada. La primera, que cumplía condena desde el 26 de abril de 2021, era la reclusa de apoyo de la asesina en el programa de prevención de suicidios (PPS), por lo que pasaba las noches en la celda ocupada por esta. En un momento no precisado entre las 21.03 horas del 7 de noviembre y las 3.10 del día siguiente, la condenada estranguló y asfixió a su compañera en “un acometimiento sorpresivo, inopinado, y por la espalda, por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”. Se ha considerado probado que perpetró el crimen con “un elemento ancho y con poca capacidad de producir abrasión cutánea”. En el texto se refieren, por ejemplo, al antebrazo o a una toalla.

Tras conocer en la vista oral los diversos informes forenses ratificados y explicados en la vista oral —el de la autopsia, el del ADN y los de las analíticas—, así como las declaraciones de los testigos, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad. Considera a la procesada, de 51 años, culpable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante de anomalía o alteración psíquica por su grave adicción a las drogas —heroína y cocaína— desde la adolescencia, lo que le provocó “una merma relevante, no grave, de sus facultades intelectivas y volitivas”.

Tras el veredicto, la fiscal solicitó una pena de 19 años de prisión y la acusación particular ejercida por la entonces pareja de la víctima reclamó 25. Por su parte, la acusación en representación de la madre y la hija menor de la fallecida —de 4 años en el momento del crimen— solicitó 15 años, la misma que el abogado defensor. Finalmente, la magistrada ha decretado 18 de prisión al considerar que la agresora causó la muerte a la persona que estaba para cuidarla, sin que hubiera tenido la víctima ninguna actuación reprobable u hostil. Por ello, añade, debe inferirse que hubo “un abuso de confianza total” por parte de la encausada, que debe tener su reflejo en la individualización de la pena, “por el mayor reproche que se constata de lo expuesto”.

Por otro lado, en el juicio ha quedado demostrado que la víctima había mostrado su descontento con su labor como reclusa de apoyo de la condenada. De hecho, ese mismo día se lo comunicó a una funcionaria y, por la tarde, apenas unas horas antes del crimen, presentó una instancia oficial de renuncia en la que reseñaba que estar junto con la citada reclusa le afectaba a su salud mental. Pese a todo ello, el centro penitenciario no adoptó medida alguna de protección. Este es el motivo por el que la magistrada ha determinado la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La jueza considera que la autora y víctima se encontraban en un centro penitenciario del Estado y que fue en ese lugar donde se cometió el asesinato “por la omisión de la adopción de medidas que garantizasen la protección de la interna asesinada” o por “déficit de vigilancia”.

En el momento del juicio, la condenada ya estaba en libertad, tras haber cumplido la condena por la que estaba presa en el momento de los hechos. El lunes volvió a ingresar en prisión.