Visados, expulsiones y recorte de las ayudas: retazos de un debate migratorio sin modelo

El PP propone un visado por puntos, Vox plantea expulsiones masivas, el PSOE promete un plan de integración y sus socios más a la izquierda defienden una regularización. En los últimos tiempos, la ultraderecha lidera el debate y el resto reacciona: los populares intentan no mostrarse blandos, los socialistas contraatacan con la contribución de los extranjeros y el resto de partidos a su izquierda subrayan el enfoque humanitario. Todos tienen propuestas —del cierre de los centros de internamiento a las expulsiones masivas— pero, ¿son aplicables? Más allá de las promesas aisladas, ¿cuál es el modelo que proponen?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Murcia una idea ya anunciada por Mariano Rajoy en 2008: un visado por puntos que premiaría habilidades en sectores con falta de mano de obra o la capacidad de integración. Nunca llegó a aplicarse entonces. Podría ser una herramienta en torno a la que construir una nueva política migratoria, pero la indefinición limita el análisis. ¿Sería solo un visado de entrada o también de residencia?, se preguntan los expertos. “Las cosas no están perfectamente definidas”, admitió Alma Ezcurra, responsable del plan migratorio del PP.

España no puede imponer visados de entrada de forma unilateral como miembro de la UE, pero sí puede regular los vinculados a la residencia. La iniciativa más parecida es el visado de búsqueda de empleo, que se experimentó en 2019 con hijos y nietos de españoles, pero que ha quedado arrinconada como alternativa de migración legal. “Si se tratase de eso, es interesante, porque ahora mismo la mayoría de los visados para vivir y trabajar en España exigen un contrato de trabajo, hay pocos requisitos más difíciles que ese”, señala el doctor en Derecho Penal y experto en migraciones Diego Boza.

La complejidad de las deportaciones

En la receta migratoria del PP están muchas de las banderas de Vox. Mientras la ultraderecha plantea la retirada de nacionalidades o un modelo de inmigración cero con la expulsión de millones de extranjeros —medidas con difícil encaje constitucional—, los populares insisten en que su modelo garantizaría deportaciones efectivas. Pero la realidad es más compleja: muchos países de origen rechazan readmitir a sus nacionales, entre otras cosas porque las remesas sostienen sus economías. Los populares proponen castigos para esos Estados que no colaboran, pero Francia ya intentó presionar a Marruecos, Túnez y Argelia restringiendo sus visados sin demasiado éxito. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, reconoció que la restricción no resultó muy eficaz y propuso represalias a nivel europeo.

El PP también defiende la salida automática de quienes cometan delitos graves o reincidan en delitos leves. La medida, sostienen fuentes del partido, cuenta con el apoyo popular, pero la realidad es que no difiere mucho de lo que ya existe. “La ley ya permite expulsar a los que delinquen. Incorporar entre las causas de expulsión los delitos penados con menos de un año significa deportar a alguien por conducir a 200 kilómetros por hora o hurtar algo de menos de 400 euros”, explica Boza. “Nuestro ordenamiento jurídico, que garantiza la proporcionalidad, no permite esa automaticidad”, advierte Nieves Fernández Rodríguez, de la cátedra de Migraciones y Derechos Humanos de la Universidad Nebrija.

Mientras la inmigración se impone en el debate, el PSOE y las fuerzas de izquierda se muestran a la defensiva. En su programa electoral, Podemos, que hizo bandera de la inmigración, prometió hitos como cero muertes en el Mediterráneo o el cierre de los centros de internamiento, pero no desarrolló qué política de expulsiones aplicaría o qué vías legales abriría. Algo parecido le ha ocurrido a Sumar, que, como Podemos, tenía entre sus promesas acabar con unas devoluciones en caliente que siguen ejecutándose cada día en las vallas de Ceuta y Melilla.

“La izquierda evita profundizar porque no le resulta rentable electoralmente. Se limita a señalar fallos de las propuestas contrarias y a defender la perspectiva de derechos, que es muy necesaria, pero no proponen un modelo de gestión migratoria”, afirma Boza.

La inmigración, la economía y las ayudas

En septiembre de 2025, España superó los tres millones de afiliados extranjeros, el 14% del total. Además, los trabajadores inmigrantes han cubierto el 40% del empleo creado en los últimos meses. Mientras el PSOE —que dirige la política migratoria en el Gobierno de coalición— subraya esa contribución al crecimiento económico del país, las derechas airean la idea de que los extranjeros abusan del sistema. Vox habla de “paguitas” y el PP ha incorporado esa creencia a su discurso.

Feijóo sostiene que “contribuir debe ser condición para permanecer”, lo que supondría exigir requisitos adicionales a extranjeros con residencia legal en situación de vulnerabilidad. “La residencia de larga duración no puede depender solo del tiempo, sino del esfuerzo laboral y la capacidad de subsistencia”, defiende el PP. ¿Qué ocurre con los que no pueden trabajar, como los niños, los mayores o los enfermos? No se aclara.

El derecho español establece la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en situación regular y la propuesta popular supondría una ruptura de ese principio. “Están diciendo implícitamente que hay migrantes que se aprovechan del sistema y no vienen a trabajar”, mantiene Fernández. “Hay que ayudar a los más vulnerables independientemente del coste. El desafío es cómo venderlo al electorado”.

Las restricciones a las ayudas podrían imponerse, hay precedentes, pero también límites. Las ayudas a la vivienda ya están restringidas a los extranjeros con autorizaciones de residencia de larga duración. Pero la legislación europea no permite romper con la igualdad de derechos entre los residentes de larga duración y los nacionales. “Legalmente es aplicable, el problema es que las ayudas sociales son para los sectores más vulnerables y excluir a parte de ellos los condenaría a mayor precariedad”, lamenta.

Lengua, valores, cultura

Otro punto recurrente de las derechas es la defensa de la lengua, los valores y la cultura española, un eslogan que ignora que el sistema actual ya premia de forma muy evidente a determinados colectivos. Los iberoamericanos, por ejemplo, no solo pueden viajar a España sin visado sino que pueden acceder a la nacionalidad en dos años, frente a los 10 que deben esperar la mayoría de nacionalidades.

En el caso de los venezolanos, que adquieren un permiso de residencia y trabajo casi automáticamente, se ve aún más claro cómo opera el sistema en beneficio de unos y no de otros. “Esta diferenciación cultural que proponen ya existe en nuestra política migratoria”, explica Santiago Pérez Nievas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Para Nieves Fernández, el enfoque también responde a cálculos electorales: “El PP percibe a los latinoamericanos como votantes potenciales”. Y añade: “Parte del ejercicio que tenemos que hacer como sociedad es reconocer que ya discriminamos y nadie, tampoco en la izquierda, lo ha cuestionado nunca”, subraya.

Ninguna de estas propuestas, señalan los expertos, altera la estructura básica del sistema, que mantiene las mismas bases desde hace más de 30 años. El modelo migratorio español está vinculado al mercado de trabajo y deja amplios espacios de informalidad y vulnerabilidad que se parchean con soluciones parciales. “Las realidades complejas de las políticas migratorias no encajan fácilmente con los esquemas de izquierda y derecha”, escribe el sociólogo Hein de Haas en Los mitos de la inmigración (Península, 2024). Las reformas, aquí y allá, suelen combinar medidas liberales y restrictivas, pero pocas veces transforman el modelo de fondo.