El fiscal general argumenta que la ley le exime de pagar fianza y recurre la impuesta por el Supremo

El fiscal general del Estado ha recurrido la fianza impuesta por el Tribunal Supremo tras abrirle juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ha recurrido ante la Sala de Apelación tanto la fianza decretada inicialmente por el magistrado Ángel Hurtado, de 150.000 euros, como el auto posterior en el que la rebajó a 75.000 tras admitir que había utilizado un criterio inconstitucional para calcular la primera cifra. García Ortiz considera que, como fiscal general del Estado, está exento de pagar fianza porque así lo establece la Ley de Asistencia Jurídica del Estado, que se aplica de forma habitual para eximir a funcionarios defendidos por la Abogacía del Estado, de la obligación de prestar fianza en procedimientos penales en los que se les atribuyen actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones.

El juez dio la semana pasada cinco días de plazo al fiscal general para depositar en el Supremo una fianza de 150.000 euros tras acusarle formalmente de la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para calcular ese importe, el juez tuvo en cuenta una posible indemnización a González Amador y “otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos”, a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró expresamente hace dos años que era inconstitucional incluir esa multa en el cálculo.

Hurtado rectificó luego en otra resolución en la que admitía que ese criterio era inconstitucional, y rebajaba la fianza a 75.000 euros. Para entonces, García Ortiz ya había consignado la fianza de 150.000 euros, para lo que aportó un aval con parte de su patrimonio (un bien inmueble), ya que no disponía de ese importe en metálico, según explicaron fuentes fiscales.

Cuando el juez redujo la cifra, el fiscal general ya estaba preparando un recurso contra la imposición de una fianza, al entender que la ley le exime de esta medida, por lo que, finalmente, la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, ha impugnado tanto la primera cifra acordada por Hurtado como la segunda. En caso de que Hurtado rechace el argumento de la defensa para eximir de fianza al jefe del Ministerio Público, el abogado reclama rebajar la cifra de 75.000 euros porque el instructor basó ese montante en que era lo que González Amador reclamó 40.000 euros de compensación a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando la llevó a los tribunales por haberle llamado “delincuente confeso”, pero la demanda fue desestimada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

El recurso cuestiona también los daños “personales, familiares, profesionales y empresariales” que la pareja de Ayuso asegura haber sufrido desde que se produjo la filtración del correo de la que se acusa al fiscal general, en los que González Amador apoya la petición de una indemnización a García Ortiz. La defensa del fiscal general argumenta que fue el propio entorno del empresario, en referencia al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que difundió que se estaba negociando un pacto de conformidad con la Fiscalía, lo que implicaba la asunción de sus delitos por parte de González Amador.