El juez cita a declarar a la número dos de Hacienda por los contratos sanitarios a dedo de la Junta andaluza

El juez que investiga la adjudicación de contratos sanitarios por la vía de emergencia ―sin publicidad y concurrencia pública― por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2024 ha citado a declarar a los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud que ha tenido el Gobierno autónomo desde que lo preside Juan Manuel Moreno, que ya habían sido imputados en este procedimiento, el próximo 25 de noviembre. Además de a estos directivos, el titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla también ha llamado en calidad de testigo a la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, que deberá comparecer el 18 de ese mismo mes.

Desde la Junta de Andalucía se han felicitado por la decisión del juez de llamar a declarar a sus altos cargos. “¡Por fin se podrá aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente!“, se ha felicitado la portavoz del Gobierno de que preside Juan Manuel Moreno, que también es la consejera de Hacienda, Carolina España. La dirigente ha recordado que los tres gerentes ya pidieron en su día poder presentarse ante el instructor para poder explicar su actuación con los contratos de emergencia, que, según ha recalcado la portavoz, sirvieron para ”salvar vidas".

La investigación judicial parte de una querella que presentó el PSOE en la que se solicitaba que se analizara un expediente de contratación por el que el SAS autorizaba la adjudicación por la vía de emergencia de servicios de asistencia sanitaria a empresas privadas por un importe de 70 millones de euros. Ese contrato se fue prorrogando cuando había decaído la norma que amparaba esa vía de contracción, autorizada durante la pandemia, hasta 2024, alcanzando un importe de 242,7 millones de euros.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez acordó tener como investigados por un presunto delito de prevaricación a los exgerentes del SAS, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, que acudirán a declarar casi un año después de su imputación. El magistrado también ha citado como testigos a la número dos de la Consejería de Hacienda, y a las que en el periodo que se investiga estaban al frente de la Intervención del SAS, Banca Pons y María Victoria López. Fueron los informes de este órgano fiscalizador los que alertaron de las irregularidades en y el abuso de este sistema de contratación a dedo. También han sido llamados en calidad de testigos el ex director económico del SAS, José Antonio Miranda, y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud.

La actual viceconsejera era, en el momento en que se firmó el expediente de contratación que se está investigando, la interventora general de la Junta y fue la que avaló el cambio de sistema de control de los contratos sanitarios pasando del sistema de control previo al de control financiero permanente, que impide poder supervisar con anterioridad a su firma que las adjudicaciones cuentan con todas las garantías y cumplen con la normativa vigente, obligando a hacer un analisis de los gastos una vez que se han producido.

Para el juez, tal y como ha reiterado en varias providencias, el cambio en este sistema de supervisión es clave para determinar si fue determinante para provocar el abuso de la contratación de emergencia, pasada la pandemia y cuando ya no era necesara agilizar los procedimiento de adjudicación. En la memoria que Martínez redactó para avalar el cambio en los criterios de control no se ofrecen argumentos concretos que avalen la modificación del sistema de fiscalización que se justifica en la necesidad de garantizar “una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.

Otro de los ex altos cargos del Gobierno llamados a declarar como testigo es el antiguo director de Gestión Económica del SAS, quien fue relevado de este puesto el pasado mes de marzo, cuando su nombre había aparecido en el proceso de instrucción. Miranda, diputado del PP andaluz, es quien prorrogó los contratos de emergencia hasta 2024, pese a haber decaído, desde 2021, la normativa que amparaba esta contratación a dedo y pese a haber recibido informes de la Intervención del SAS cuestionando esta forma de adjudicación.

Precisamente, esa intervención, cuyas antiguas responsables también han sido llamdas a declarar como testigos, fue vaciada de competencias por la Consejería de Hacienda a mediados de este año, en plena tormenta judicial por la investigación de los contratos sanitarios. El Gobeirno de Moreno ha despojado a la interventora del SAS del control financiero permanente, que atañe a más del 80% de sus contratos ―conciertos, contratos de obras, servicios y suministros sanitarios― y, en el contexto de las investigaciones judiciales en curso, también le ha quitado la decisión sobre qué información mandar ―y cuál no― a los juzgados de Sevilla y Cádiz -que investiga la fragmentación de contratos sanitarios en la central provincial de compras del SAS-, y que, en la actualidad, corresponde a la Intervención General.

En su providencia, adelantada por Eldiario.es, el juez insiste en que el SAS le remita el expediente completo que dio lugar al informe sobre la verificación de los gastos con fondos europeos para la reapertura del antiguo Hospital Militar, un proyecto que Moreno siempre ha presentado como ejemplo del compromiso de su Gobierno con la sanidad pública.